La foto del ya exdiputado por el PP, Alberto Casero, fue tomada en los pasillos del Congreso de los Diputados. Foto: EP.
El exdiputado del PP Alberto Casero apuesta por la justicia del ciudadano normal y renuncia a la del Supremo
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11/4/2023 11:56
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Actualizado: 11/4/2023 11:59
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Alberto Casero, exdiputado del PP, ha solicitado al Tribunal Supremo que devuelva a los tribunales de Trujillo la causa abierta contra él por los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, cometidos cuando era alcalde de dicha ciudad, entre 2017 y 2018.
Y lo ha hecho con la conciencia de que tendrá mejor defensa que en el Tribunal Supremo. Por una razón muy simple: los aforados como lo era él –hasta que dimitió– solo tienen una posibilidad de defensa efectiva.
Si el tribunal de la Sala de lo Penal que se pudiera haber formado –son siete magistrados– hubiera fallado en su contra no habría tenido opción de apelar a ningún tribunal por encima del Supremo.
Un ejemplo muy claro, en la mente de todos, es el juicio del «procés».
Volviendo a ser un ciudadano normal, Casero tendrá tres posibilidades de defensa: En primera instancia, ante la Audiencia Provincial de Cáceres; en segunda instancia (apelación), ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, y, por último, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, si las anteriores fallan, en casación.
Su carrera política, es cierto, al dimitir, se ha acabado, al menos durante los próximos años en los que va a estar ocupado luchando por su inocencia en relación a los cinco contratos que firmó como alcalde sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos, supuestamente.
«Al haber perdido su condición su condición de aforado, remita la causa al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Trujillo para que continúe su tramitación», ha señalado la defensa del exdiputado en un escrito remitido al alto tribunal.
Volviendo a ser un ciudadano normal, Casero tendrá tres posibilidades de defensa: En primera instancia, ante la Audiencia Provincial de Cáceres; en segunda instancia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, y, por último, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, si las anteriores fallan. Ante el Supremo solo tenía una
El abogado ha incidido en que tras la renuncia del escaño, y «al no haberse dictado aún auto de apertura de juicio oral», la causa «debe ser devuelta» al juzgado de origen, el de Trujillo.
En este sentido, cabe recordar que el Supremo abrió la causa contra el exdiputado en marzo de 2022, tras recibir una exposición razonada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Trujillo, que había abierto diligencias previas en virtud de una denuncia de la Fiscalía relativa a determinados contratos, acuerdos o convenios concertados en 2017 y 2018.
Dicho Juzgado elevó el asunto al alto tribunal al considerar que carecía de competencias para investigar a un aforado.
LA INVESTIGACIÓN
Desde que el Supremo asumió el caso en marzo de 2022, Casero acudió a declarar en una ocasión ante el magistrado instructor Andrés Palomo. Según las fuentes jurídicas consultadas, el entonces diputado aseguró que, aunque pudo haber problemas administrativos en dichos acuerdos y contratos, no ha habido prevaricación alguna por su parte.
El dirigente llegó a presentar luego un escrito para pedir el archivo de la causa al no ver indicios de delito.
Aunque en un momento se reservó fecha en el calendario para tomar declaración a varios testigos, éstas no tuvieron lugar. El magistrado dio por finalizada la instrucción del procedimiento el 3 de marzo después que la Sala de Apelación del Supremo estimara un recurso de Casero contra su decisión de denegar la petición de nulidad, archivo y sobreseimiento de la causa.
En concreto, la Sala de Apelaciones dio la razón a Casero y estimó que el plazo de la investigación había concluido el pasado 15 de julio de 2022 y que todo lo investigado desde entonces era nulo y que no debía tenerse en cuenta a la hora de decidir si archivaba o continuaba la causa contra el entonces dirigente ‘popular’.
Ante este escenario, el juez propuso juzgar a Casero. Pocos días después, el entonces diputado renunció a su acta en el Congreso. Prefirió la justicia del ciudadano normal.
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