El exdiputado del PP Alberto Casero ha sido condenado a un año y nueve meses de prisión por un delito continuado de prevaricación y malversación en su etapa como alcalde de Trujillo (Cáceres). Además, ha sido inhabilitado para ocupar cualquier cargo electo durante 6 años, y deberá indemnizar al ayuntamiento trujillano la cantidad de 70.000 euros más los intereses devengados desde la fecha de comisión de los delitos.
Éste es el acuerdo de conformidad al que las partes han llegado este martes en la vista previa que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Cáceres, donde el también exdiputado en el Congreso en la pasada legislatura, ha llegado un poco antes de las 9,30 horas y no ha permanecido en ella ni una hora, tras alcanzar un acuerdo entre el Ministerio Fiscal y el abogado de la defensa.
Su abogado defensor ha solicitado la suspensión de la pena de prisión, que ha sido acordada por el tribunal, cuyo presidente le ha advertido de que no podrá cometer ningún delito en el plazo de 5 años, porque podría revocarse la suspensión de la prisión.
En cuanto al pago de la indemnización, realizará de forma inmediata uno de 10.000 euros y, después, abonará 1.000 euros al mes hasta alcanzar la cantidad de los 70.000 euros que debe pagar al ayuntamiento trujillano.
A la salida de la audiencia previa, Casero no ha querido hacer declaraciones y se ha limitado a apuntar que «está todo dicho». «Ha quedado claro ahí, tenéis todas las cuestiones ahí, de verdad, gracias, siento que tengáis que estar aquí por esto, pero ya está, está todo claro ahí», ha indicado a los medios de comunicación.
Y ha añadido que «nunca se está satisfecho», en alusión al acuerdo alcanzado por el que Casero ha evitado la celebración del juicio oral.
Cabe recordar que el Ministerio Fiscal pedía para Casero ocho años de prisión, la inhabilitación absoluta durante 20 años y el pago de una indemnización que rondaba los 70.000 euros al Ayuntamiento de Trujillo, por presuntos delitos de prevaricación y malversación en su etapa como alcalde que fue de 2011 a 2019, aunque los contratos a los que se refieren los presuntos delitos tuvieron lugar entre marzo de 2017 y diciembre de 2018.
Casero ha sido condenado por irregularidades en cinco contratos realizados desde el consistorio cacereño, entre marzo de 2017 y diciembre de 2018, cuando contrató una serie de servicios, patrocinios o convenios con diversas entidades o empresas con los que incumplió la ley, ya que no se siguieron los procedimientos de autorización del gasto y se adjudicaron de forma directa sin publicidad ni concurrencia pública, cuando la cuantía excedía lo permitido por la normativa de contratos públicos.
El asunto se denunció por parte de la Fiscalía en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Trujillo, que abrió diligencias previas, pero como Casero era diputado nacional, el procedimiento pasó al Tribunal Supremo (TS), donde compareció en junio de 2022 y admitió «irregularidades administrativas» en las adjudicaciones de esos cinco contratos públicos.
Al renunciar de forma voluntaria a su acta de diputado del PP, el asunto volvió a la Audiencia Provincial de Cáceres donde este martes las partes han llegado a un acuerdo por el que se dictará una sentencia firme sobre la que no cabe recurso.
LOS CINCO CONTRATOS
Los delitos de prevaricación y malversación por el que ha sido condenado se refieren a cinco contratos. En concreto, en marzo de 2017, Casero contrató un psicólogo municipal para atender a víctimas de violencia de género, por un importe de 18.000 euros.
En septiembre de 2017 firmó un acuerdo con la Cámara de Comercio de Perú para aportar 25.000 euros sin informar a los servicios jurídicos, una cantidad que no se llegó a abonar.
Según reza en el escrito del Ministerio Fiscal, el 9 de enero de 2018, el exacalde de Trujillo contrató a la empresa Ícaro Consultores para organizar la Feria Internacional del Queso por 14.303 euros.
En junio de ese mismo año, Casero «acordó verbalmente con la asociación cultural Bon Vivant que la gala de los premios Pop Eye se celebrara en Trujillo, bajo la premisa de que aportaría 18.000 euros», que el ayuntamiento no abonó.
En diciembre de 2018, el condenado suscribió un acuerdo de servicios de comunicación y promoción de la feria del queso con Radio Interior SL por 18.119 euros, en el que tampoco cabía un procedimiento de contrato menor, por lo que el ayuntamiento no abonó la factura.
Cabe recordar que Alberto Casero ocupó el cargo de secretario de organización del PP bajo la presidencia de Pablo Casado, y fue el diputado que propició la aprobación de la reforma laboral con su voto a favor, que emitió de forma telemática.
