El sindicato Justicia Policial (Jupol), mayoritario en el Consejo de la Policía Nacional, ha interpuesto una demanda en los juzgados de lo social de Valencia contra la Dirección General de la Policía (DGP) por «incumplimiento» de las normas de prevención de riesgos laborales, al no dotar a los miembros de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) de Valencia de los medios materiales de protección necesarios para acometer las funciones que tienen encomendadas.
En concreto, afecta a 47 agentes de la Policía Nacional, para los que pide indemnizaciones de entre 5.000 y 45.000 euros, que ascienden a un total de 1.415.000 euros. También reclama los gastos ocasionados para los agentes que adquirieron el material de protección de manera personal.
Jupol denuncia que los agentes representados en la demanda carecían de alguno de los materiales que figuran en la ficha de puesto de trabajo elaborada por la propia Dirección General de la Policía y en la que figura que los agentes de la UPR deben contar con chaleco antibalas exterior, guantes anticorte y anti trauma, spray de autodefensa, máscara anti humo y máscara anti vapores y gases, ropa ignífuga, funda de pistola antihurto y botas de seguridad.
Una situación que, según destaca este sindicato, «incumple» de manera clara el Real Decreto 2/2006 de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, que en su artículo 3 sobre los derechos a la protección frente a los riesgos laborales señala que “los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo» y que «la Administración del Estado adoptará las medidas necesarias orientadas a garantizar la seguridad y salud de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en todos los aspectos relacionados con el desarrollo de las actividades profesionales, dentro de las peculiaridades que comporta la función policial”.
Asimismo, recuerda que en su artículo 6 de los equipos de trabajo dice que “la Administración adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo sean adecuados para las tareas previstas y, a su vez, para que garanticen la seguridad y salud de los funcionarios y personal que los utiliza» y que se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica y se tendrán en cuenta las recomendaciones técnico-científicas existentes en su caso para el manejo de dichos medios. y TAMLa Administración proporcionará a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velará por su uso efectivo y correcto de los mismos”.
Hace hincapié en que la Administración tiene la «obligación» de dotar a sus agentes de los medios necesarios para el desempeño de sus funciones, y no dotar de los equipos de trabajo y protección señalados en la Ficha de Puesto de Trabajo del personal de la UPR «conlleva estar incumpliendo la ley de prevención de riesgos laborales y estar poniendo en grave peligro la vida de los agentes».
Jupol explica que acude a la Justicia ante la «reiterada negativa» de la Dirección General de solventar esta situación de riesgo para los agentes. Reclama que se adopten las medidas necesarias para revertir esta situación y dotar de forma inmediata a los policías de los medios necesarios para el desarrollo de sus funciones, así como a la indemnización a los agentes por el riesgo que han venido sufriendo estos años y la restitución de los gastos ocasionados a los policías por haber tenido que comprarse ellos mismos el material necesario y obligatorio para el desarrollo en condiciones de seguridad de su trabajo.
