El macrojuicio contra el clan de ‘Los Castañas’, que se celebra en la Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz, ha sido suspendido antes de que pudiera acabar la sesión que se estaba desarrollando este jueves al renunciar el abogado de uno de los acusados tras ser amenazado por su cliente en la propia sala de vistas.
Los hechos han ocurrido cuando se producía un receso en el que el tribunal se había retirado a deliberar sobre las cuestiones previas planteadas por las defensas y la contestación de la Fiscalía a esas cuestiones ante las peticiones de nulidad por diferentes motivos, como las escuchas o posible indefensión por el cambio en la calificación previa de la propia fiscal.
Una vez con el tribunal nuevamente en la sala, el abogado de uno de los acusados ha pedido la palabra para manifestar su renuncia a la defensa por lo hechos ocurridos. La propia Fiscalía ha señalado que «estaba presente» y había «observado las amenazas», por lo que entendía la renuncia y no se oponía a ella.
La presidenta del tribunal se ha visto obligada a suspenderlo
Así las cosas, la presidenta del tribunal ha dado «por bueno» lo manifestado por el abogado defensor y se ha visto obligada a suspender el juicio hasta que ese acusado tenga un nuevo letrado para su defensa, bien sea porque alguno de los otros abogados que están en la sala quiera defenderlo o por turno de oficio.
Hasta el momento del receso, donde han ocurrido los hechos que han propiciado la suspensión del juicio, había tomado la palabra la fiscal para oponerse a las cuestiones previas planteadas por las defensas en las que se pedía la suspensión del proceso o la nulidad de las escuchas, entre otras cosas.
Para ello, la fiscal ha ido desgranando cada cuestión previa planteada por las defensas y argumentando su rechazo con sentencias jurisprudenciales tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional.
Así, ha asegurado que «no existe impedimento legal» en la modificación de la calificación previa de la Fiscalía, como habían solicitado las defensas, a quien ha recordado que «ningún letrado» solicitó un plazo para estudiar y aportar pruebas sino que todos plantearon la nulidad.
Igualmente, ha defendido la instrucción para llevar a cabo las escuchas telefónicas o la colocación de geolocalizadores, también cuestionadas por las defensas.
La Fiscalía ha asegurado que todas las intervenciones y resoluciones están «plenamente ajustadas» a derecho y concurren todos los requisitos de la ley para ello. «Hablamos de una actuación correctamente desarrollada por un juez», ha defendido.
No obstante, antes de conocer la deliberación del tribunal sobre todas las cuestiones previas planteadas por las partes, incluida la nulidad de las escuchas o la suspensión por vulneración de ciertos derechos a criterio de las defensas, la juez se ha visto obligada a suspender el juicio al quedarse uno de los acusados sin representación legal para su defensa.
