La calle San Bernardo se ha desbordado de funcionarios de la Administración de Justicia que fueron a reclamar en masa frente a la sede del Ministerio dirigido por Pilar Llop. Según fuentes de la Policía, alrededor de 7.000 personas asistieron a la manifestación, 15.000 según los organizadores, para reivindicar unas mayores retribuciones para estos trabajadores, así como el reconocimiento de las funciones que ejercen y la modificación de la Ley Orgánica de eficiencia organizativa (LOEO).
Las banderas rojas, azules, verdes y naranjas destacaban la presencia de los sindicatos que convocaron y apoyaron la movilización: Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) y la Asociación Profesional Justicia y Progreso. Varios de los convocados llegaban de comunidades autónomas como Murcia y Galicia.
Movilización de representantes sindicales. Foto: Virgilio González/Confilegal.
«Estamos reclamando que se nos convoque a negociar la LOEO, que reorganiza el sistema de justicia y dispersa el personal», reclama un miembro de la sección de Castilla y León de CCOO. Los asistentes también reivindican un incremento de entre 350 y 450 euros mensuales «en los complementos generales» que se le pague a los funcionarios por tareas que, según el funcionario, le delegan los letrados de la Administración de Justicia. «Son funciones que hacemos nosotros», asegura.
Entre el ruido de silbatos, cornetas y altavoces que hacían sonar ritmos de ‘dembow’ y canciones de Journey («Don’t stop believing», coreaban algunos), los manifestantes se dirigieron en masa a Gran Vía para llegar a Sol. Un estruendo ensordecedor retumbó en el centro de Madrid con consignas en contra de la ministra y la LOEO, que todavía no se aprueba en el Parlamento.
Alrededor de 7.000 funcionarios se movilizaron en el centro de Madrid. Foto: Virgilio González/Confilegal.
En palabras del secretario general de STAJ, Vicente Navarro, esta ley «eliminará las oficinas judiciales, dejando solo los partidos judiciales, lo cual obliga al ciudadano a moverse más y disminuirá las competencias y la especialización».
«Acabarán con la justicia de proximidad al quitar los juzgados de paz», critica, afirmando que los efectos llevarán a que se forme «una Justicia para los de primera clase y otra para el resto», así como «la privatización de la comunicación y ejecución en civil», algo que califica como «un desahucio».
«El tiempo de las palabras ha pasado»
En cuanto a la respuesta esperada del Ministerio de Justicia, Navarro dice que las expectativas son «mínimas». «A pesar de que tenemos una reunión con ellos este próximo jueves, con un punto de orden para ‘solventar el problema’, están esperando a ver la participación y repercusión de hoy para ver si hacen algo o si marean la perdiz», declaró.
Además, el Ministerio no le ha pasado una propuesta, como explica Javier Jordán, presidente de CSIF, que apunta que hacer la primera oferta es responsabilidad del órgano para dar inicio a las negociaciones.
Un manifestante disfrazado de Temis, diosa griega de la justicia. Alrededor de 5.000 funcionarios se movilizaron en el centro de Madrid. Foto: Virgilio González/Confilegal.
Si pasa el tiempo y no obtienen una respuesta, los funcionarios están «abiertos a modificar y endurecer el conflicto», dice. «El tiempo de las palabras ha pasado, ahora el Ministerio tiene que prepararse para los hechos».
Un representante de la sección de León de STAJ expresa un optimismo moderado respecto a la posible duración de la huelga, que espera «que acabe lo antes posible». «Un resultado es bueno para todos, porque los ciudadanos dejarían de estar perjudicados, pero estos tienen que entender que luchamos contra la discriminación salarial», apunta.
Uno de los aspectos que más le llama la atención, dice, es que «los servicios mínimos ponen responsabilidades mucho más extensas a los funcionarios que a los LAJ», haciendo notar que el aumento obtenido por este colectivo «sin mediación de las representaciones sindicales» es otro motivo de afrenta. «Queremos más recursos para trabajar», exige.
