Reclaman "una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario", de entre 350 y 430 euros, y la negociación de las leyes de eficiencia.
Los sindicatos exigen al Gobierno que haga ya una oferta económica como a LAJs, jueces y fiscales o estudiarán una huelga indefinida
Destacan que los 45.000 funcionarios de Justicia representan el 93% de la oficina judicial y se merecen el mismo trato que el resto de profesionales
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05/5/2023 10:59
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Actualizado: 05/5/2023 10:59
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Los sindicatos CSIF, CCOO, STAJ y UGT exigen al Gobierno que haga ya a los funcionarios de la Administración de Justicia una oferta económica como ha hecho con los letrados, jueces y fiscales o estudiarán una huelga indefinida.
Ya hay convocados nuevos paros de 24 horas los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo y las movilizaciones «se endurecerán» si el Gobierno no les ofrece una propuesta económica.
Los funcionarios exigen «una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, de entre 350 y 430 euros», según explica a Confilegal el presidente de Justicia de CSIF, Javier Jordán de Urríes Sagarna. Señala que esta subida se llevaría a cabo a través del concepto ‘complemento general del puesto’, una retribución básica ligada a sus funciones, «lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen».
Por otra parte, reclaman que el Ministerio se siente a negociar la propuesta conjunta que presentaron los sindicatos hace cuatro meses para la modificación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) con el objetivo de «dar certidumbre a los destinos, las funciones, garantizar la movilidad voluntaria y la no pérdida de retribuciones ni de plantilla con ocasión de la implantación de los Tribunales de instancia».
Están llamados a los paros de 24 horas los 45.000 trabajadores, que constituyen el 93% de la plantilla: gestores procesales y administrativos, atención al ciudadano, registro de documentos, redacción y distribución de diligencias, autos, notificaciones, etc. También se incluyen médicos forenses y facultativos de toxicología, técnicos de laboratorio, entre otros.
Los sindicatos lamentan los «efectos perjudiciales que está provocando esta huelga a los ciudadanos (ya se han paralizado más de 5 millones de expedientes administrativos y decenas de miles de juicios)», pero afirman que la responsabilidad de este conflicto «es exclusivamente del Gobierno de España, de su presidente y de las ministras de Justicia y de Hacienda, con su nula de voluntad de diálogo real sobre la LOEO y la falta de una propuesta económica con la que se pueda empezar a negociar».
“Ya hemos tenido suficiente paciencia con ministra Llop y el Gobierno. Si no mueven ficha, la Justicia colapsará y ellos serán los únicos responsables. Además, con su negativa a negociar y a atender las justas demandas de los trabajadores de la Justicia, el Gobierno demuestra su nulo interés en el servicio público que reciben los ciudadanos”, declara Javier Jordán de Urríes.
En este sentido, advierte de que “la ministra no puede amparar que haya trabajadores de primera y de segunda” en materia de retribuciones, y que “si hay dinero para mejoras salariales, tiene que ser para todos, en especial para el 93% de la plantilla de Justicia y por cuyas manos pasan el cien por cien de todos los papeles que afectan a los ciudadanos en su relación con este servicio público”.
«PARALIZACIÓN TOTAL» DE LA JUSTICIA EN LA JORNADA DE HUELGA DE AYER
Los sindicatos califican de «éxito rotundo» la jornada de paro de 24 horas de los funcionarios de Justicia celebrada ayer para exigir «una subida salarial digna, en línea con las funciones que realizan a diario», con «un seguimiento del 90%».
Destacan que esta participación masiva supone «un contundente y claro mensaje a la ministra Llop para que se deje de viajar y de decir que apuesta por el diálogo y se siente a negociar el contenido de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa y haga una propuesta económica concreta».
También afirman que fue un éxito la concentración convocada en la puerta del Ministerio de Justicia, con «cerca de 3.000 trabajadores» unidos al grito de “ahora sí, la justicia está en huelga”. Escena que se repitió también en numerosas localidades de toda España, en las que se habían convocado concentraciones a las puertas de los centros de trabajo o ante las delegaciones del Gobierno.
Según informan, el 95% de los juicios previstos ayer quedaron suspendidos (la mayoría en los ámbitos de lo Civil, lo Mercantil y lo Social), y sólo se mantuvo la celebración de aquellos relacionados con derechos fundamentales.
En resumen, destacan que «decenas de miles de juicios se han visto afectados y se han paralizado más de un millón de actuaciones judiciales, incluyendo la tramitación de multas, sanciones, infracciones, acuerdos, etc., por lo que el paro también ha tenido un impacto económico de varios millones de euros».
En relación con los efectos de las movilizaciones, el Comité de Huelga y el ICAM se reunieron ayer para intercambiar puntos de vista sobre el conflicto. El decano, Eugenio Ribón, entiende las reivindicaciones que hacen los funcionarios y se comprometió a abordar esta cuestión con la ministra de Justicia en una próxima reunión.
Por su parte, el decano pidió al Comité de Huelga comprensión con aquellas actuaciones judiciales cuya paralización puede ocasionar perjuicios irreparables a los justificables y reclamó que en la medida de lo posible se anuncie con antelación la suspensión de juicios y vistas para evitar pérdida de tiempo y dinero a los cuidadanos, abogados y procuradores.
Desde el Comité de huelga agradecen al personal de Justicia que ha secundado las movilizaciones y a aquellos que hubieran querido hacerlo, pero no pudieron por haber sido designados como servicios mínimos, y piden a «quienes todavía tienen dudas o no han secundado las movilizaciones», que lo hagan en las próximas convocatorias «por una LOEO sin trampas, funciones claras y retribuciones justas».
«Ahora más que nunca hay que seguir con las medidas de presión», manifiestan los sindicatos. Y reiteran que «si no hay movimientos por parte del Ministerio, el conflicto continuará».
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