Porque es así como lo ha dejado muy claro la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, al comienzo de la reunión de la mañana: «Están ustedes negociando con el Gobierno». Para que no dejar ninguna duda a ninguno de los presentes, reunidos en la sede del Ministerio de Justicia.
Una reunión que ha terminado con la constatación de una realidad por parte del Gobierno a través de un lacónico comunicado: «Las asociaciones participantes no han mostrado unanimidad ni una postura común en sus demandas, si bien, todas han coincidido en solicitar la celebración de una nueva reunión para el próximo miércoles, 10 de mayo, con el objeto de trasladar a sus asociados y directivas la propuesta presentada».
El frente asociativo de jueces y fiscales, que diez minutos antes de comenzar la sesión de la tarde, parecía unido, saltó por los aires frente al mejoramiento de la oferta planteada por la mañana: la subida pasaba de los 44,6 millones de euros de la pasada semana a 46,2 millones de euros.
A la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) la nueva oferta les pareció bien y se plantaron mientras que la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) planteaban 60 millones como cifra lógica; la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial, que, por la mañana, ya dijo que lo planteado era insuficiente, puso sobre la mesa la cifra de 74 millones de euros.
Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación de Fiscales (AF) trataron de reconducir el frente común mientras escuchaban, de los labios de la secretaria de Estado Sánchez Milán que aquellos 46,2 millones de euros eran lo que había y que no había más.
Traducido: eran lentejas.
Días atrás, jueces y fiscales habían tenido muy claro que el acuerdo alcanzado con los letrados judiciales había equivalido a una subida de un 16 %.
La subida que el Gobierno les había hecho la pasada semana, de 44,6 millones, suponía un aumento de un 6 %; los 46,2 millones de hoy elevaban esa subida al entorno de un 7,5 %. Muy lejos del 22 % del poder adquisitivo perdido desde 2008.
Y muy por debajo de lo concedido, semanas atrás, a los letrados judiciales.
La amenaza de huelga general, planteada por tres de las cuatro asociaciones de jueces y por dos de las tres de fiscales, para el 16 de mayo próximo, queda muy tocada con este desenlace. La credibilidad del bloque asociativo ha quedado afectado ante la disparidad de planteamientos entre todas ellas.
Las siete asociaciones han sido convocadas a una nueva ronda el próximo miércoles a las 16 horas. Son 48 horas para reconstruir lo que, en estos momentos, parece muy difícil: un frente común ante el Gobierno.
