Funcionarios de la Administración de Justicia se han pronunciado este lunes para reclamar contra la decisión de impedírseles manifestarse el martes frente a la sede nacional del PSOE para exigir que se reanude la negociación con el Ministerio de Justicia, frustrada el pasado 24 de abril, para poner fin a la huelga que empezaron hace más de un mes, que se recrudecerá a partir de este lunes al pasar de paros parciales a paros totales.
«Con la excusa del proceso electoral, se nos restringe al derecho a manifestación y nos limitan con que no podemos manifestarnos ante la sede del PSOE», ha apuntado Juan Carlos Ferreiro, coordinador del sector Justicia de la Comunidad de Madrid de la Central Sindical e Independiente de Funcionarios (CSIF) durante la concentración que han llevado a cabo este lunes frente a la sede del Ministerio de Hacienda, en la calle Alcalá, en Madrid.
Opina que es «absolutamente intolerable» que «se estén cerrando acuerdos con todos los profesionales de la Administración de Justicia por el hecho de tener una toga», dice, haciendo referencia a los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), jueces y fiscales.
Ferreiro, que ha asegurado que no entiende que «de repente» se les niegue el susodicho permiso, ha explicado que los sindicatos han preparado una semana de acciones para endurecer su postura tras más de un mes en conflicto y dos reuniones frustradas con el equipo de la ministra de Justicia, Pilar Llop. «De momento no ha habido contactos oficiales ni convocatoria y esperamos que a lo largo de esta semana nos convoquen», ha señalado Ferreiro.
La manifestación de este martes cambiará el destino de la calle de Ferraz por el Congreso de los Diputados. El miércoles celebrarán una asamblea general en los Juzgados de Plaza de Castilla. Para el jueves han convocado una manifestación estatal hasta el Ministerio de Función Pública. Y el viernes volverán al Ministerio de Hacienda.
Está previsto que seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales rubriquen este martes una subida de unos 450 euros al mes a los casi 8.000 miembros de la carrera con el equipo de Llop, que representaría un desembolse de 46,7 millones de euros. El secretario de Estado, Antonio ‘Tontxu’ Rodríguez, ha trasladado a los funcionarios que el Ministerio se sentaría a negociar con ellos cuando resolviera el conflicto con jueces y fiscales.
Fuentes cercanas a la negociación han precisado que es posible que los contactos oficiales no tengan lugar hasta después de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, toda vez que los funcionarios de justicia son un cuerpo que depende del Ministerio y de las comunidades autónomas con competencias transferidas, por lo que se optaría por esperar a que se formasen los nuevos gobiernos.
Reivindican retribuciones justas y negociar la LOEO
El origen de las huelgas convocadas por CSIF, STAJ, CCOO y UGT se puede señalar a finales de marzo, cuando el comité de huelga de los LAJ, después de su propia huelga, firmó con el Ministerio una subida salarial de hasta 450 euros al mes para unos 4.000 trabajadores del cuerpo, lo que se traduce en un aumento global de unos 22,7 millones de euros.
Desde CSIF han recordado durante la convocatoria que continúan reivindicando que se les reconozca y retribuya a los funcionarios las tareas que realizan. Ferreiro ha precisado que entre sus reclamaciones incluyen una subida salarial de entre 350 euros y 430 euros, que iría aparejado a una reforma de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO).
Sobre esta reforma, Ferreiro ha puntualizado que a ellos no se les ha permitido «negociar en las enmiendas y el contenido de esa ley» que, según consideran, «no se adapta a la realidad de los 45.000 funcionarios» que ahora se movilizan en todo el país.
Respecto al impacto de la huelga que empezaron el pasado 17 de abril, el portavoz de CSIF ha recalcado que se están «suspendiendo juicios masivamente» y «se está retrasando la tramitación de los procedimientos masivamente». «Estamos hablando de miles, incluso de millones, de procedimientos paralizados y de miles de juicios suspendidos», ha añadido.
En declaraciones a la prensa, Javier Hernández, del sector estatal de CCOO en la Administración de Justicia, ha asegurado que confía en que el Ministerio tenga «un cambio de talante y sea democrático», al tiempo que ha exigido que «no se haga una justicia clasista».
«No es tolerable, en absoluto, que el Ministerio lo que esté haciendo en la práctica sea un trato de favor a los cuerpos de élite de la Administración de Justicia con unas negociaciones que son impropias de un Ministerio de un Gobierno progresista», ha señalado para luego recordar que letrados, jueces y fiscales representan el 7% de la Administración.
