Seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales han firmado este martes con el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, y la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán la subida de 450 euros al mes que han pactado tras cinco reuniones y una amenaza de huelga. La única ausente ha sido la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) al no estar conforme con la subida salarial al considerarla «insuficiente, indigna e inaceptable».
Incluye un aumento de las retribuciones de jueces y fiscales de 450/440 €, según los casos, a completar en tres tramos (40%, 40% y 20%) entre la fecha actual y el 1/6/2024. El primer tramo tiene efectos desde el 1 de enero de 2023, han explicado las asociaciones a través de un comunicado.
El acuerdo también supone el aumento de efectivos para reforzar el Servicio Público de Justicia, con 100 nuevas plazas en 2023 y 100 más en 2024. Estas plazas se unen a otras 200 ya aprobadas para cada uno de estos ejercicios. En total, por tanto, serán 300 plazas en 2023 y otras 300 en 2024.
Y también un calendario para dar continuidad a las negociaciones retributivas para el próximo quinquenio, con la constitución de grupos de trabajo destinados a preparar nuevas mejoras retributivas (guardias, trienios, carrera profesional, grupos de población, entre otras y sin descartar ninguna) en un plazo máximo de tres meses y reuniones al menos trimestrales a partir de su constitución; y con la reunión formal de la comisión en mayo de 2024 y anualmente durante el periodo de ejecución, han relatado desde las asociaciones a través de un comunicado.
Pacto alcanzado tras cuatro reuniones
El pacto se ha alcanzado tras cuatro reuniones fallidas toda vez que las asociaciones rechazaron en dos ocasiones anteriores las opciones que el equipo de Pilar Llop puso sobre la mesa.
Primero dijeron que no a una propuesta económica de 44 millones de euros.
Luego descartaron firmar una oferta por 46,7 millones de euros.
Fue el 16 de mayo cuando el Ministerio les ofreció una tercera propuesta que, aunque no mejoraba el importe sí incluía otra serie de puntos que el 18 de mayo terminaron por convencer a seis de las asociaciones.
El acuerdo que se ha alcanzado incluye una partida de 46,7 millones de euros que se traduciría en un aumento medio individual ponderado de unos 447 euros en 12 pagas. Dicho incremento representaría una aumento medio sobre las retribuciones individuales de hasta el 7%, que se sumaría a la subida del 8% aprobada por el Gobierno para los funcionarios públicos.
El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, y la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán.
De izquierda a derecha: APIF, Vicente González; UPF. Víctor Castells; AEF, Cristina Dexeus; FJI, Francisco Gutiérrez; JJpD, Ascensión Martín; UFV, J. Ignacio Martínez; secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez; secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán; secretario de Justicia, Manuel Olmedo; Directora general para el Servicio Público de Justicia, Àngels García Vidal; Fiscal de Sala Jefa de la Unidad de Apoyo de la FGE, Esmeralda Rasillo y subdirector de Planificación del Ministerio de Hacienda y Función Pública, José Ramón Crespo.
