La decisión de adelantar las elecciones generales al 23 de julio, tomada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la debacle del PSOE y de sus socios parlamentarios en los comicios municipales y autonómicos celebrados ayer, «mata» el Plan Justicia 2030, cuya implementación había sido pensada para un periodo de 10 años.
Esto quiere decir que los tres proyectos de Ley que sustentan dicho Plan, ahora en el Parlamento -la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), la Ley de Eficiencia Procesal y la Ley de Eficiencia Procesal-, decaerán -«morirán»- con el fin de esta Legislatura, acortada cinco meses por Sánchez.
Esto quiere decir que dependerá del resultado que salga de las próximas elecciones para que finalmente puedan ver la luz, en otra versión -porque habrá que comenzar de cero con cada uno de los proyectos- si vuelve a ganar el PSOE.
También podría ocurrir, si la victoria fuera del PP, que la formación conservadora las hiciera suyas, aunque también cabría la posibilidad de que optara por otros planes. Por lo que, finalmente, serán otras leyes las que vean la luz.
El Ministerio de Justicia recibió fondos europeos por valor de 470 millones de euros (410 para transformación digital; y 60 millones para la rehabilitación de edificios), en los ejercicios del 2021 al 2023 con el objetivo de impulsar el plan Justicia 2030.
En la Conferencia Sectorial celebrada el 25 de marzo del pasado año se repartieron 302.899.390 euros, de los cuales, 201.101.807 euros se destinaron para el ejercicio 2022 y los 101.797.583 euros restantes, para 2023, en cogobernanza con las 12 Comunidades Autónomas que tienen transferida la Administración de Justicia prestacional.
LA LOEO, «MADRE DEL CORDERO»
El núcleo de la LOEO es una transformación organizativa a través de los Tribunales de Instancia y de la Oficina Judicial que les de soporte.
España cuenta con 3.627 juzgados, cada uno de ellos dotado de un juez o magistrado, de un letrado de la Administración de Justicia y de un número variable de personal -en torno a ocho- al servicio de la Administración de Justicia.
La transformación organizativa proyectada por este gobierno iba encaminada a tener 431 tribunales de instancia –uno por partido judicial- en los que se agruparían los jueces, Letrados de la Administración de Justicia y el personal auxiliar, de forma que se produjera una permanente asignación.
La transformación permitiría ampliar la Oficina Judicial con una nueva terminal, la Oficina de Justicia en los municipios. Nuevas ventanillas de entrada al servicio público para acceder a la Justicia en el mundo rural.
La de Eficiencia Procesal estaba orientada a la agilización procesal, a una regulación y mayor implantación de los Medios Adecuados de solución de Controversias (MASC) en la Administración de Justicia y a la mejora del sistema de ejecución. Así mismo, abordaría la adaptación de normas procesales que han quedado jurídicamente obsoletas y desalineadas del marco europeo.
Por otra parte, el núcleo de la que iba a ser la Ley de Eficiencia Procesal era la generación de un nuevo marco normativo para la digitalización que estableciera las bases legales de la transformación digital de la Administración de Justicia, sustituyendo la regulación actual, vigente desde 2011, para dotarla de una nueva arquitectura de información basada en datos, que garantice asimismo la seguridad jurídica digital en la tramitación de los procedimientos.
