Los máximos responsables provinciales de la Justicia en todas y cada una de las 50 provincias españolas han exhortado al Legislativo a que saque de las competencias del tribunal de jurado los delitos de allanamiento de morada que cometen los ocupas cuando entran y se quedan en una casa.
“El delito de allanamiento de morada debe quedar excluido de la competencia del Tribunal de Jurado, evitando así los problemas que actualmente se plantean en supuestos de conexidad”. Esta es una de las 18 conclusiones de las XXI Jornadas de presidentes de Audiencias Provinciales que, desde el pasado martes, han tenido lugar en el edificio de la Diputación de Pontevedra.
El delito está regulado en los artículos 202 y 203 del Código Penal. Y lo cometen aquellos que ocupan el domicilio de una persona contra su voluntad. Está castigado con penas de 6 meses a 2 años. Y de uno a cuatro años si se ejecuta con violencia o intimidación.
El hecho de que esté incardinado dentro de la competencia del Tribunal del Jurado hace que su tramitación sea compleja, espinosa y costosa. Hasta que se celebrase la vista pasaría una media de dos años. Y duraría una media de tres días.
Dicho allanamiento de morada, si se celebrase ante un Juzgado de lo Penal no tardaría en solventarse más de 30 minutos (declaración del acusado, del morador y del policía). Podría tramitarse como juicio rápido.
JUZGADOS DE FAMILIA ESPECIALIZADOS EN TODAS LAS PROVINCIAS
Otra coincidencia importante es la necesidad de que haya en todas las provincias Juzgados de familia especializados.
«Consideramos necesaria la creación de las Secciones de Infancia, Familia y Capacidad de los Tribunales de Instancia como órganos especializados de la jurisdicción civil en todas las provincias. La materia de familia precisa, sin duda, una especialización», dice el texto aprobado, una de las 18 conclusiones que lo componen.
«Se trata de una demanda largamente sostenida por los operadores y asumida por el legislador en la disposición final vigésima Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia», añade.
Los presidentes de las Audiencias Provinciales, asimismo, consideran que la comarcalización de los órganos judiciales especializados “es un mecanismo que favorece la obtención de una tutela judicial de mayor calidad y más eficaz”. Y debe establecerse con carácter general para los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
Una decisión, precisamente, que fue estudiada el pasado mes de enero por el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado y que también podría ser aplicable a los Juzgados de Familia especializados.
Los responsables de los máximos órganos provinciales de la Justicia española, a la vista de la convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio –lo que ha provocado que 62 proyectos de ley hayan quedado abortados, entre ellos los tres de eficiencia organizativa y de eficiencia digital–, recuerdan también a los futuros legisladores que salgan de las urnas que es «urgente y necesaria» una ley que “introduzca de forma definitiva los Tribunales de Instancia para modernizar la organización judicial de la primera instancia” superando la estructura actual, que es del siglo XIX.
Es una clara referencia a la necesidad imperiosa de que exista una nueva Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa como la que se estaba gestando en el Congreso de los Diputados.
“Es preciso que los Presidentes de Audiencia y Presidentes de Sección de los Tribunales de Instancia fijen los criterios en la tramitación procesal o en las prácticas procesales”, subrayan.
PACTO POR UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DIGITAL ÚNICA EN ESPAÑA
Los presidentes de las Audiencias Provinciales instan, en su comunicado, a que los partidos políticos con representación parlamentaria suscriban un gran pacto para la instauración de una justicia digital única en todo el territorio.
De esta forma acabarían con la torre de Babel existente y que el actual Ministerio ha tratado de superar durante esta legislatura a través de la tecnología.
Las máximas autoridades provinciales de la justicia consideran que tendría que haber un único sistema en todas las Comunidades y no los ocho existentes, porque incide en la función de juzgar, de forma muy directa.
En este sentido, consideran que la futura ley de eficiencia digital, que tiene ya la base del proyecto de ley que ha quedado abortado con el fin de esta Legislatura, debe incorporar una memoria económica que especifique la dotación presupuestaria, así como un cronograma de aplicación.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Por otra parte, los presidentes de Audiencias Provinciales consideran que la regulación sobre el uso y el empleo de la Inteligencia Artificial en la Administración de Justicia tiene que regularse porque lo que hay ahora es insuficiente.
Y lo mismo sucede con el Punto Neutro Judicial. Todos los firmantes consideran que el desarrollo y control del mismo debe seguir en el Consejo General del Poder Judicial.
