El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha informado hoy que dentro de la lucha contra la vigente “violencia machista”, la Delegación del Gobierno en el País Vasco, por segundo año consecutivo, ha previsto unas jornadas formativas dirigidas al personal de la Administración General del Estado en Euskadi para que, «pese a carecer de competencias ni unidades especializadas en esta área», los funcionarios adscritos a este territorio adquieran “conciencia, conocimientos y herramientas para atender y orientar a quienes son víctimas de esta tipología delincuencial”.
El SUP señala que la violencia contra cualquier persona y concretamente, en el caso que nos ocupa, contra la mujer, constituye una grave vulneración de los Derechos Humanos (DDHH) y en particular, de sus derechos a la vida, a la igualdad, a la dignidad y a la seguridad.
Y destaca que teniendo en cuenta que “corresponde a los poderes públicos la prevención, detección, atención y erradicación de este tipo (y cualquier otro) de violencia, así como la adopción de medidas para hacer efectivos y reales esos derechos fundamentales”, es un «auténtico des propósito» que la Delegación de Gobierno en el País Vasco haya designado a para formar a policías y guardias civiles, entre otros funcionarios, a Atziber Bañuelos, la que fuese portavoz de las Gestoras pro amnistía, «estructura dependiente de ETA-EKIN» desarticulada por la Policía Nacional e ilegalizada por la Audiencia Nacional (AN) a principios de la década de los 2000.
«Como tantos otros, esta militante y activista ha sido durante años dinamizadora y participante habitual de las movilizaciones, manifiestos, comunicados de apoyo a los presos de ETA y cualquier otra iniciativa puesta en marcha contra el Estado desde la Izquierda Abertzale. Es por ello que resulta difícil de encontrar una postura en la que alguien públicamente lidera la defensa el apoyo a los miembros de una organización terrorista -asesinos y autores de un sinfín de delitos cometidos en la mayoría de los casos contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCCSS)- tenga encaje alguno como formadora de policías y guardias civiles en materia de Derechos Humanos», argumenta este sindicato.
El SUP indica que puede que sea lícito que personas condenadas por delitos de terrorismo o asesinato concurran como candidatos a unas elecciones, que en el País Vasco se conviva con homenajes y manifestaciones públicas de apoyo y agradecimiento a los autores de estos delitos, que se haya impuesto un modelo de olvido y blanqueamiento de 40 años de actividad terrorista sólo con el fin obtener apoyos políticos, y puede que, esta persona este en posesión de la capacitación académica suficiente para impartir cursos de “violencia machista”.
Pero considera que el mero hecho de poner al frente de unas jornadas orientadas a la protección de Derechos de las personas «a quien jalea, apoya y persigue la amnistía para quienes vulneran los más esenciales y fundamentales por cuestiones étnicas, ideológicas o políticas», constituye «un intento de sometimiento y un atropello a los miembros de las FFCCS, a la memoria de las víctimas de ETA, y a la democracia».
Sostiene que es «ofensivo, vejatorio, sectario», al tiempo que, en opinión del Sindicato Unificado de Policía en el País Vasco, constituye «una humillación sin precedentes para los profesionales de la seguridad pública y demás trabajadores de la Administración Central del Estado».
