Begoña García-Rozado y Diego Martín-Abril fueron muy críticos con las medidas tomadas en los últimos años para mejorar la competitividad.
Los expertos en fiscalidad reclaman seguridad jurídica tributaria y regímenes transitorios para las reformas impositivas
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21/6/2023 06:31
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Actualizado: 21/6/2023 11:04
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La directora global de Fiscalidad de Iberdrola y ex subdirectora general de Impuestos sobre las Personas Jurídicas de la Dirección General de Tributos, Begoña García-Rozado, y el ‘of counsel’ de Fiscal en Gómez-Acebo & Pombo y ex director general de Tributos del Ministerio de Hacienda, Diego Martín-Abril, coincidieron ayer en denunciar que las medidas destinadas a mejorar la competitividad fiscal han empeorado en España en los últimos años, por lo que es preciso que la estructura legislativa del país garantice el apoyo a la actividad económica y a la estabilidad regulatoria.
Los dos fiscalistas consideran que es preciso incluir en la legislación regímenes transitorios que permitan mantener el statu quo de las inversiones ya realizadas de manera que, ante un cambio normativo que empeore un régimen fiscal, dicho cambio no afecte a esas inversiones.
García-Rozado y Martín Abril se han expresado así en la Jornada Virtual en abierto organizada por el Registro de Economistas Asesores Fiscales-Consejo General de Economistas y dentro del marco del coloquio titulado «Estrategias fiscales como instrumento de competitividad», que moderó Jaume Menéndez, coordinador del Observatorio de Fiscalidad Corportaiva de REAF-CGE.
COINCIDENCIAS
Los dos intervinientes coincidieron en que la predictibilidad es fundamental y los Reales Decretos-leyes no favorecen para nada la inversión extranjera.
Asimismo, se mostraron de acuerdo en que debería potenciarse la consulta tributaria por dos vías: reducción efectiva de los plazos de contestación y mejora de su carácter vinculante, máxime, en el terreno de la calificación.
Y en que habría que reducir la litigiosidad, pudiendo señalar como posibles instrumentos el potenciar las actas con acuerdo, buscar nuevas vías para la solución de conflictos (el Consejo para la Defensa del Contribuyente podría ser un órgano muy útil), establecer los denominados pleitos testigo y, por supuesto, la creación de tribunales especializados.
Finalmente, resulta imprescindible fomentar la relación cooperativa entre Administración y obligado tributario
A este respecto, Martín-Abril explicó que “disponemos de datos objetivos elaborados por la Tax Foundation que anualmente hace un estudio comparativo de la competitividad fiscal de las principales economías de la OCDE. Y la foto para 2022 no es muy buena ya que España ocupa el puesto 34 de los 38 países que se analizan (los dos últimos son Italia y Francia). Como dato comparativo cabe indicar que en 2019 España ocupaba la posición 23”.
Begoña García-Rozado destacó, por su parte, “que, si hablamos, en concreto, del Impuesto sobre Sociedades, ocupamos el puesto 31 y en incentivos fiscales el puesto 35. Por otra parte, existen proyectos como el IRÁ estadounidense que trata de fomentar la inversión de forma exponencial en ese territorio y que deja a Europa en una situación muy debilitada en competitividad, por lo que se hace imprescindible reaccionar”.
REQUISITOS PARA QUE UN PAÍS RESULTE ATRACTIVO
También, la fiscalista explicó que, en general, para que un país resulte atractivo a una industria, hay que destacar y analizar, como mínimo, tres elementos.
El primero es que el país sea atractivo desde el punto de vista del negocio. Tiene que ser atractivo y no tener impedimentos a la inversión.
Un segundo elemento es de carácter financiero, tanto de ‘rating’ del país como de rentabilidad de la inversión a realizar.
Y, por último, pero no menos importante, es que el país tenga estabilidad regulatoria. Estos tres elementos son cruciales. “Los dos primeros elementos se cumplen en España. Sin embargo, en estabilidad regulatoria creo que tenemos mucho recorrido”, ha concluido.
Los dos especialistas en tributación rechazaron que sea urgente proceder a una rebaja de los tipos del Impuesto sobre Sociedades, pero, sin embargo, sí que han aplicado esa urgencia a la reforma de cuestiones desincentivadoras como es la actual tributación de los dividendos o a recuperar incentivos fiscales como los destinados a fomentar las inversiones en eficiencia y transición energética, y trabajar para dar mayor seguridad jurídica a la aplicación de los incentivos ya existentes como es el caso del I+D+I. Y en el caso del IRPF han apostado por la oportunidad de deflactar la tarifa y los mínimos personales y familiares del Impuesto sobre la Renta.
Finalmente, el presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), Valentín Pich, recordó que “España tiene un sistema tributario complejo porque está compuesto no solo por el Estado, sino también por las comunidades autónomas y las haciendas locales, lo que hace que se produzca competitividad fiscal dentro de nuestras propias fronteras”.
Pich añadió que “a la hora de optar por establecer elevados tipos de gravamen en los impuestos, hay que tener en cuenta que, en ocasiones, esto puede suponer un freno para la llegada de capital extranjero, porque, a la hora de tomar la decisión de aterrizar en un país, el inversor suele tomar como referencia el tipo nominal y no el efectivo, aunque este último pueda ser más favorable”.
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