Las actividades de los procuradores en España suponen una contribución total al Producto Interior Bruto (PIB) de 1.375 millones de euros, el 0,11 %, en concreto. Con ellas generan 57.368 puestos de trabajo directos –cada uno de los 9.770 procuradores ejercientes generan 6 empleos–, lo que ratifica su contribución al crecimiento económico del país, de acuerdo con un estudio realizado por la consultara PwC por encargo del Consejo General de Procuradores de España y presentado hoy en la Bolsa de Madrid.
El 74 % de esos 1.375 millones tienen su origen en el desarrollo de su actividad; el 19 % restante es generado por el aumento en inversión empresarial incentivada por un sistema judicial más eficiente.
PwC, una de las llamadas «Big Four», cuantifica en su informe el impacto total en el empleo generado por los procuradores en un 0,29 % de los ocupados en España en 2021; 0,25 % por parte de su actividad y un 0,04% por la mejora en eficiencia.
Los procuradores también contribuyen a una Administración de Justicia más cercana al ciudadano y a la mejora constante del sistema de justicia, todo ello con una aportación socioeconómica tangible, afirma la consultora. El procurador es un agente impulsor de la transformación digital de la justicia y un cooperador necesario en una modelo de justicia basado en datos.
En su esfera colectiva, la procura tiene atribuidas una serie de funciones propias y de apoyo a los colegiados.
Una de estas funciones es la ordenación del ejercicio para dar cobertura en todo el territorio, del servicio de justicia gratuita, de violencia de género, de los servicios de actos de comunicación y de recepción y gestión de las notificaciones y de los servicios de guardia del mes de agosto y del periodo navideño.
De acuerdo con PwC, los procuradores prestaron asistencia jurídica gratuita en 311.116 procedimientos en 2022. En términos comparativos esta cifra es equivalente al 13 % del total de asuntos judiciales resueltos en 2021 y resulta una media en 146 prestaciones, Por cada una de ellas el procurador es retribuido por una media de tan solo 39 euros.
Se estima, según datos de 2021, que los procuradores acompañan cada año a las mujeres en 240.000 asuntos de violencia doméstica.
El informe describe al procurador como «el profesional experto en las tecnologías de la Justicia; como agente impulsor de la transformación digital de la justicia ya que ha tenido siempre un papel clave en el avance y modernización de la justicia y en la reducción de la brecha digital».
Cuando interviene el procurador de forma preceptiva la tasa de congestión judicial se reduce en un 18 % y en aquellos asuntos judiciales dónde la intervención de los procuradores es obligatoria la tasa de congestión de la Justicia es de 1,46 frente al 1,79 de aquellos asuntos en los que la intervención del procurador es potestativa (es decir, voluntaria).
Esto significa que la tasa de congestión judicial en aquellos asuntos en los que el procurador interviene obligatoriamente es un 18 % inferior.
LA FIGURA DEL PROCURADOR EN EL SISTEMA JUDICIAL ESPAÑOL
En su informe, PwC subraya que «el Procurador es el nexo que une a las partes con sus abogados y con los órganos judiciales. Su papel, como representante procesal de los ciudadanos ante juzgados y tribunales, es una pieza esencial para garantizar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, llevando a cabo el seguimiento de las actuaciones judiciales, manteniendo informados a su cliente y a su abogado, y realizando en su nombre los trámites necesarios para asegurar la defensa de sus derechos».
Adicionalmente, tienen encomendado el compromiso con la Administración de Justicia y los órganos jurisdiccionales de auxiliar y cooperar con estos en todo lo que sea posible.
Así, el objetivo principal de su actividad es garantizar la correcta tramitación de los procesos, ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales, con toda seguridad jurídica y de forma eficiente, reduciendo los tiempos muertos y evitando ralentizaciones, lo que se traduce en procedimientos más cortos en el tiempo y más garantistas.
LA DIMENSIÓN PRÁCTICA DE LAS PRINCIPALES FUNCIONES DE LA PROCURA COLECTIVAMENTE ORGANIZADA
Con el fin de intentar dimensionar la actividad que el procurador desempeña en el marco de su función de representación, pero también de colaboración con la Administración de Justicia, PwC describe, de forma, sucinta algunas de las muchas y distintas tareas y actividades en las que se concretan, en la práctica, los deberes y obligaciones que tienen encomendados.
Es un listado sumamente amplio de herramientas y sistemas, que no debemos olvidar, los procuradores manejan por y para proteger, gestionar y garantizar los derechos e intereses de los justiciables, mejorando la gestión de todos esos trámites y nutriendo las herramientas de gestión de la Administración de Justicia, contribuyendo por tanto a una Administración: (i) con menos tareas manuales; (ii) más rápida y eficiente; y (iii) con más datos.
En el marco de la función de representación, pero también de su función de colaboración con la Administración de Justicia, el procurador colabora estrechamente con los órganos jurisdiccionales para la subsanación de los defectos procesales y la realización de todas aquellas actuaciones que resultan necesarias para el impulso y la buena marcha del proceso.
Adicionalmente, el Estatuto General de los Procuradores encomienda a éstos, de forma genérica, la misión de colaborar con la Administración de Justicia para la eficaz ejecución de las sentencias y demás resoluciones que dicten los Juzgados y Tribunales.
LA AGENDA 2030
La importancia del Procurador en el conjunto del sistema judicial se explica por su relevante contribución a mejorar la calidad y eficiencia del sistema judicial y destaca también por adaptarse a las necesidades de cada momento, siendo innovadores, proponiendo soluciones y ofreciendo sus servicios en aquellos procesos donde el sistema judicial tenga una dificultad, necesidad o capacidad de mejora, afirma PwC.
De esta forma, la figura del procurador continúa teniendo un papel relevante en el sistema judicial del futuro, jugando un papel clave en la evolución del sistema judicial para alcanzar los objetivos del plan “Justicia 2030”.
