La policía ha desalojado de las sedes del Ministerio de Justicia a los representantes sindicales de los funcionarios que se habían encerrado desde el 21 de junio. A partir del día 22 habían dejado de permitir la entrada de otros trabajadores y de comida después de que se negaran a abandonar los edificios, ubicados en Madrid, Murcia, Navarra, Barcelona y Cartagena.
Se trata del nuevo capítulo de la huelga general, que ya supera los dos meses, convocada por los funcionarios de la Administración de Justicia para reivindicar un incremento en sus retribuciones y el reconocimiento de todos los trabajos que realizan, así como la capacidad de negociar los términos de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) que los afectan.
En Madrid, María Jesús del Barco, jueza decana de Madrid, ordenó mediante el acuerdo gobernativo 302/2023 que los funcionarios abandonaran el salón de actos de Plaza de Castilla, donde pasaron 48 horas antes de ser desalojados.
«Ya vemos que defiende los intereses del Gobierno y no los de los trabajadores», espeta Javier Hernández, miembro del sector estatal del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), matizando que el encierro «no había finalizado, sino que [los] desalojaron». «A esta Administración de Justicia no le preocupan los Cuerpos Generales y Especiales de Funcionarios, desde su posición política no defiende a los ciudadanos ni al personal», apunta.
Por ello, Hernández reclama que sea el presidente, Pedro Sánchez, quien «asuma la responsabilidad y busque a un interlocutor que pueda llegar a un acuerdo, porque con los que tenemos no hemos tenido ni una reunión efectiva ni hemos recibido una propuesta de su parte, sin la cual no desconvocaremos la huelga».
«Es una tontería que no se le reconozcan retribuciones justas a quienes si trabajan», declara, haciendo referencia a la huelga reciente de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y a la amenaza de hacer lo mismo de las asociaciones de jueces y fiscales, colectivos a los que sí se les aumentaron las retribuciones.
Alberto García, portavoz del Sindicato de Trabajadores del la Administración de Justicia (STAJ), coincidió en que «es increíble que solo una de las partes esté dispuesta a negociar».
«Hubo un revuelo cuando sacaron los trabajadores de la sede [de Plaza de Castilla]», relata. «No les da la gana resolver el conflicto cuando los despachos no cobran, las colas del Registro Civil son larguísimas y la ciudadanía sufre».
