La Audiencia Provincial de Sevilla ha acordado suspender por un plazo de cinco años la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por el caso ERE al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán debido a la enfermedad que padece, un cáncer de próstata.
Así lo han decidido las magistradas Pilar Llorente Vara (presidenta y ponente), Purificación Hernández Peña y Patricia Fernández Franco, de la Sección Primera, en un auto dictado y notificado hoy. La resolución todavía no es firme. Contra la misma cabe recurso de súplica.
De este modo, la Audiencia ha accedido a la solicitud de suspensión de la pena privativa de libertad realizada por la defensa del expresidente andaluz en base al artículo 80.4 del Código Penal, que dispone que los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables.
Griñán fue condenado a seis años y dos días de prisión en el caso ERE por un delito continuado de prevaricación y de malversación.
Las magistradas argumentan en la resolución que la concesión del beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad “es una potestad discrecional del juez o tribunal”, y señalan que, en el caso del artículo 80.4 del Código Penal, “en ese ámbito de discrecionalidad se debe atender a que el penado ‘se encuentre aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables’”.
“Habrá que estar a la afección del derecho a la vida e integridad física del condenado, teniendo en cuenta el tipo de enfermedad y la mayor o menor incidencia que el ingreso en prisión de quien la padece tendría en ella”, añaden.
Y recuerdan que, en este caso, la Sala “ya concedió al penado un aplazamiento sobre la decisión de la suspensión de la ejecución de la pena hasta que concluyeran las sesiones de radioterapia”.
EL INFORME FORENSE
El tribunal señala que, a la vista de informes posteriores, “donde el plan de actuación descrito por los facultativos eran ejercicios rehabilitadores y tratamiento farmacológico, se remitió nuevo oficio al Instituto de Medicina Legal (IML) a fin de que, por la médico forense, a la vista del referido plan de actuación que parecía compatible con el ingreso en centro penitenciario, informara nuevamente a los efectos de poder resolver la solicitud de ejecución de la pena privativa de libertad a la que ha sido condenado el penado”.
Añade que el pasado 15 de junio, el médico forense del IML emitió informe que concluye que el expresidente de la Junta de Andalucía condenado “se encuentra aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables en los términos que señala el artículo 80.4 del Código Penal, sin perjuicio de las consideraciones que se añaden en el presente informe médico forense que hacen desaconsejable su ingreso en centro penitenciario”.
La Audiencia subraya que “este Tribunal, en casos como el presente, referidos a cuestiones médicas, se ve sometido a los criterios técnicos del experto en la materia cuyos conocimientos son esenciales para poder resolver sobre el fondo de las cuestiones jurídicas planteadas”.
Así, explica que, “a la vista del informe de la médico forense, experta en la materia, a la que ha sido remitida la documentación obrante en la causa, esta Sala no puede sino acordar la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad por plazo de cinco años con los apercibimientos legales, teniendo en cuenta además los informes de las acusaciones que no se oponen a la concesión del beneficio solicitado por la representación del penado”.
