La CEP advierte del alarmante aumento de agresiones a policías nacionales y guardias civiles: Más de 12.840 en 2022
En concreto, fueron 9.239 contra policías nacionales y 3.604 contra guardias civiles
|
27/6/2023 06:30
|
Actualizado: 27/6/2023 07:44
|
“En 2022 se alcanzó la cifra más alta de atentados contra agente de la autoridad conocida en los últimos quince años: 12.843 infracciones penales de este tipo contra policías nacionales (9.239) y guardias civiles (3.604)”. Así lo denuncia la Confederación Española de Policía (CEP).
Una cifra que supone una media de 35 ataques diarios contra profesionales de la seguridad pública y un incremento del 7,63% respecto a la estadística oficial de 2021.
La CEP ha lanzado una campaña, denominada ‘Tiene Delito’ para denunciar el considerable aumento de las agresiones a policías en toda España, y reclamar un compromiso legislativo de los diferentes partidos “para reforzar los instrumentos jurídicos que protegen la labor operativa de los agentes en la calle”.
Según informa, junto con el repunte de ese tipo de delitos también se ha registrado el mismo fenómeno estadístico en lo relativo a las sentencias condenatorias, con una cifra en 2021 de 7.257 resoluciones judiciales, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, que es la mayor también en los últimos quince años y que supone, comparando la cifra oficial de 2007 y 2021, un incremento del 64,63%.
PLANTEA 10 MEDIDAS FRENTE A ESTE PROBLEMA
Para poner fin a este problema, la CEP ha elaborado un catálogo inicial de diez medidas cuyo objetivo es reforzar la seguridad física y jurídica de los policías nacionales.
Propone el endurecimiento del castigo penal en el delito de atentado contra agente de la autoridad, la eliminación de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad en los casos más graves, la emisión de instrucciones claras desde la Fiscalía General del Estado a todas las Fiscalías Superiores, así como la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana “para evitar que cualquier intervención policial se convierta en un tira y afloja retransmitido en redes sociales”.
También plantea la eliminación de la expulsión de la Policía Nacional cuando haya una condena por inhabilitación relacionada con el servicio, la contratación de un seguro de responsabilidad civil para los agentes o la potenciación del Plan de Acción Social del Cuerpo para crear programas que cubran necesidades médicas y asistenciales de los compañeros heridos en acto de servicio.
Desde la CEP hacen un llamamiento a los partidos políticos ante este problema. “Deben comprometerse con los policías de cara a las elecciones generales del 23 de julio, porque si quienes nos protegen no se sienten protegidos, ¿quién lo está, entonces?”, indica.
Una reclamación que ayer por la tarde hizo personal y públicamente a PSOE, PP y VOX en un acto en ESIC Business & Marketing School, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), en el que presentó esta campaña y ofreció datos estadísticos sobre esta grave problemática que “impacta de lleno en las condiciones en las que los policías nacionales ejercen sus cometidos”.
Además, en el acto celebró un coloquio jurídico en el que participaron el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Alcalá de Henares y decano de esa sede judicial, el magistrado Javier Ignacio Reyes López; el fiscal Santiago Sánchez, de la Fiscalía de ese mismo partido judicial; y el comisario de Policía Nacional, candidato de CEP por la Escala Superior a las elecciones al Consejo de Policía, Rafael Morán.
En esta mesa redonda, la CEP explicó las 10 medidas que reivindica para luchar contra esta lacra a los partidos políticos asistentes al acto de presentación de la campaña y a representantes de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del Ministerio Fiscal, representado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
DETERIORO DEL PRINCIPIO DE AUTORIDAD
La campaña impulsada por el sindicato CEP parte del hecho de que esta es la prioridad absoluta entre los policías, porque afecta a su salud y a su vida.
Y porque se ha producido “un deterioro del principio de autoridad que dificulta la intervención de los agentes, especialmente por la impunidad que genera el escaso reproche penal que tienen las agresiones en nuestro ordenamiento jurídico, provocando que la mayor parte esos ataques no tengan consecuencia efectiva alguna para sus autores”.
La CEP subraya que esta situación impacta muy especialmente en el trabajo de los policías nacionales, puesto que siete de cada diez atentados contra agentes de la autoridad conocidos tienen lugar en su demarcación, el ámbito competencial de policía nacional.
Un peso específico que en el caso de la Comunidad de Madrid se eleva hasta nueve de cada diez y que en el periodo 2018-2022 supuso que casi el 30% del total de agresiones a policías y guardias civiles de España se registrasen en esa región.
Desde la CEP se ha lanzado la campaña “Tiene Delito” con motivo de las elecciones al Consejo de Policía, que se celebrarán el próximo miércoles, 28 de junio, pero va a ser una iniciativa que se mantenga en el tiempo, como prioridad estratégica durante años, hasta lograr que los policías tengan “los medios, la formación y la seguridad jurídica necesaria para sentirse protegidos en su profesión”.
DOCUMENTAL ‘¿QUIÉN NOS PROTEGE?’
En el marco de esta campaña ha elaborado un documental titulado “¿Quién nos protege?” que, por primera vez en nuestro país, recoge los testimonios de policías nacionales, guardias civiles y policías locales que han resultado heridos y lesionados en su trabajo por la acción de individuos violentos.
La producción puede verse en la plataforma Amazon Prime Video. Se vuelca en las historias humanas de estas víctimas que han visto truncada su vida y su carrera profesional y, además, se han tenido que enfrentar a la impunidad de sus agresores.
Así, acerca a los espectadores a la persona que hay detrás de cada uniforme policial y que se juega la vida a diario para proteger la de los demás.
Este trabajo audiovisual incluye historias de agentes de toda España que han sido víctimas de delitos de atentado contra agente de la autoridad. En este sentido, las provincias más afectadas por estas infracciones penales son Madrid, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Cádiz, Zaragoza, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, informa la CEP.
“Desde la Confederación Española de Policía consideramos que no puede haber nada más importante ni urgente que proteger a nuestros compañeros, porque detrás de cada uniforme hay personas y familias, y porque ningún sueldo compensa el jugarse la vida en la calle sin suficientes medios de protección o respaldo jurídico”, declara a Confilegal Víctor M. Vigil, secretario general de este sindicato.
Apunta que en este sindicato tienen muchas otras propuestas encaminadas a dignificar la labor policial, como son la reclasificación al Grupo B, equiparación salarial real, reforma del catálogo de puestos de trabajo con una nueva territorialidad para toda España que refleje la realidad actual, una jubilación digna, etc.
“Pero, desde CEP tenemos una prioridad clara, salvar la vida de un policía no tiene precio y todo gasto en protección es una inversión en vida. Es una prioridad, una urgencia que no podemos desatender ni un minuto más y por eso es nuestra apuesta sindical para el futuro”, explica el secretario general de esta organización.
Noticias Relacionadas: