Fernando Presencia en una foto tomada hoy en Talavera de la Reina, a la misma hora en que tenía que estar en la Audiencia Nacional tras ser citado por el magistrado de la causa, Joaquín Gadea.
Orden de detención contra Fernando Presencia por no presentarse ante la Justicia, como estaba obligado
El magistrado instructor también ha decretado la detención de otros tres imputados que también han desobedecido su citación
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28/6/2023 14:32
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Actualizado: 28/6/2023 18:08
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El magistrado de la causa, Joaquín Gadea Francés, juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, ha dictado una orden de detención e ingreso en prisión contra Fernando Presencia Crespo, quien había sido citado hoy a las 10 de la mañana para ser interrogado.
Presencia optó por desobedecer y pasearse con sus dos perros, a la misma hora, por Talavera de la Reina.
Un momento que recoge la foto que ilustra esta noticia y que fue aportada a la Audiencia Nacional por una de las partes para demostrar que no había ningún impedimento para que hiciera acto de presencia.
El magistrado Gadea ha decretado, asimismo, la misma orden de detención contra Alejandro Diges Benito, Álvaro Arteaga García y Lidia Reina Calvo, que también decidieron desobedecer.
Para los otros tres imputados, que sí comparecieron, los ancianos Alberto Royuela y Juan Martínez Grasa, y Santiago Royuela, hijo del primero, Gadea dictó también orden de ingreso en prisión preventiva tras escuchar la solicitud del Ministerio Fiscal y de las acusaciones particulares.
Los tres esperaron la decisión del magistrado confinados en los calabozos de la Audiencia Nacional.
Esta citación fue realizada bajo el paraguas del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece que, después de realizar los interrogatorios, el instructor debe realizar una audiencia para escuchar a las partes –el fiscal, las acusaciones particulares y las defensas de los encausados– para escucharles y decidir si decreta su ingreso en prisión o les impone una fianza.
Fernando Presencia, magistrado expulsado dos veces de la carrera judicial por prevaricación –dictar sentencias o autos a sabiendas de que son injustos–, está acusado de siete supuestos delitos: estafa, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes, asociación ilícita, organización criminal, calumnias y contra las altas instituciones del Estado.
Próximamente va a cumplir una sentencia firme, tras la inadmisión por el Supremo de su recurso de casación, también por calumnias con publicidad. La pena es de dos años y diez meses de cárcel.
De acuerdo con el auto dictado por el magistrado Gadea el pasado viernes, Presencia habría creado un «grupo criminal integrado por los investigados», en el que cada uno tenía roles definidos, posiciones determinadas «y vocación de permanencia».
En el vértice de todo estaba el exjuez.
DENUNCIAS INVENTADAS
Presencia se habría servido de la Asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública (Acodap), que creó después de su expulsión, para operar sobre una estructura «exclusivamente encaminada al enriquecimiento ilícito propio y de algunos de sus miembros más cercanos de la organización mediante la difusión de noticias falsas», escribió el magistrado instructor el pasado viernes en su auto de citación.
«La Asociación Acodap se presenta nítidamente como un artificio, un ardid, o engaño, creado para ganar dinero mediante aportaciones de personas que creen estar luchando contra la corrupción», añadió.
Por dicha razón, ordenó la suspensión de todas las actividades de Acodap. Anteriormente había acordado la incautación de sus cuentas corrientes.
Bajo esta estructura, Fernando Presencia, Alberto y Santiago Royuela jugarían un «papel esencial en la fabricación de las denuncias y documentos mendaces que las acompañan».
Juan Martínez Grasa, Alejandro Diges y Álvaro Arteaga «se encargarían de la interposición de las denuncias ante las diferentes autoridades receptoras». La séptima imputada, la única mujer en la supuesta trama –hasta ahora–, Lidia Reina, jugaría un «papel fundamental en su distribución» a través de Internet y por diferentes canales y redes sociales.
En dichas denuncias inventadas han venido atribuyendo delitos de corrupción a altas autoridades del Estado.
Entre ellas a un expresidente del Gobierno, a varios ministros del Gobierno, al anterior presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, a los vocales del CGPJ, al fiscal general del Estado, al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a la casi totalidad de los magistrados de esa Sala, además de otros magistrados, fiscales, diputados presidentes de Comunidades Autónomas y todo tipo de autoridad que cayera bajo su interés.
A los seis asociados restantes, el magistrado instructor les imputa los delitos de estafa, asociación ilícita, organización criminal, calumnias y contra las altas instituciones del Estado, dos menos que a Presencia.
FONDOS RECAUDADOS
El dinero que Presencia ha conseguido recaudar con este artificio se eleva a 188.722 euros, de los cuales 185.707,98 euros corresponden a los años 2021 y 2022.
Falta por determinar el dinero acumulado en una cuenta que el exjuez abrió en Lituania, para eludir a la justicia española. Se desconocen los fondos pero se presumen abultados.
Los principales beneficiarios de toda esta operativa, según la Guardia Civil, serían: Fernando Presencia, que habría utilizado para sus gastos privados 22.500,92 euros, «en pagos con tarjeta» o «11.730 euros en concepto de ‘disposición de cajero’».
«Además, es necesario señalar que en la fecha en la que la entidad bancaria remitió la información de la cuenta la misma presentaba un saldo positivo de 31.422,10 euros», refiere el magistrado.
Alberto Royuela ha recibido 27.000 euros. La mujer, Lidia Reina Calvo, 15.174 euros. Alejandro Diges, 5.850 euros. José Antonio Serrano Balaguer, 4.850 euros. Alberto Potabella Fernández, 7.000 euros. Isabel Presencia Crespo, 4.500 euros y Lucía Presencia Crespo, 3.360 euros».
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