Las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia (LAJ) siguen teniendo la mosca detrás de la oreja por lo que al Ministerio de Justicia se refiere. A pesar de que en la reunión que mantuvieron ayer con el secretario general de la Administración de Justicia, Manuel Olmedo, superior jerárquico de la carrera, éste les aseguró que el decreto de sustituciones iría en el Consejo de Ministros del próximo 11 de julio.
El mencionado decreto, según las asociaciones de LAJ, tenía que haber sido aprobado hace dos meses.
En relación con la modificación de los reales decretos retributivos, las asociaciones han señalado que «por parte del secretario general se insistió en la voluntad de concluir su tramitación», aunque se «sigue sin garantizar que esto vaya a ocurrir en los plazos pactados».
El acuerdo que cerraron con el Ministerio de Hacienda y Función Pública, y que luego suscribió en documento aparte el Ministerio de Justicia, el pasado 28 de marzo contemplaba una subida de entre 430 y 450 euros brutos por persona según el nivel.
Estos pagos se harían en tres plazos, la primera en julio de 2023 (con carácter retroactivo al 1 de enero de 2023); la segunda se realizaría en enero de 2024 y una última, en julio de 2024.
«Tal y como expusimos, el Gobierno de España está a tiempo de cumplir lo que la Secretaria de Estado de Función Pública firmó con luz y taquígrafos y evitar la vuelta a la conflictividad con uno de los colectivos con los que ésta ya se había zanjado», han añadido las asociaciones de LAJ.
A su juicio, «en pleno periodo de Presidencia española del Consejo de la Unión Europea y a escasos días de unas elecciones generales, el PSOE y el actual Gobierno de España tendrán que ver si el mensaje que trasladan a la ciudadanía es que los acuerdos que firma no los cumple y que no son de fiar».
