Llanos Castellanos, secretaria de Justicia, Relaciones Institucionales y Función Pública del PSOE, y María Jesús Moro Almaraz, secretaria ejecutiva de Regeneración Institucional del PP, se comprometieron ayer públicamente para sacar adelante, en la próxima Legislatura, el proyecto de Ley de Defensa elaborado por el actual Ministerio de Justicia, y que quedó abortado con la convocatoria de las elecciones generales del próximo 23 de julio.
Un compromiso que también se extendió al servicio de justicia gratuita, para mejorar las condiciones de los profesionales.
Fue en el debate electoral que ayer organizó en su sede el Consejo General de la Abogacía Española que, en su XIII Congreso nacional, celebrado el pasado mes de mayo en Port Aventura, Tarragona, produjo 44 conclusiones que después fueron entregadas a los representantes políticos, para enriquecer el mencionado proyecto.
“Parte de un principio básico: que la justicia no es patrimonio de los jueces y juezas sino de los ciudadanos y luego hay muchos elementos que intervienen para hacerlo posible, uno muy importante son los abogados y abogadas”, afirmó Castellanos.
Moro, por su parte, mostró “el compromiso del PP “para tramitar“ dicha norma “con toda la urgencia posible”, desarrollando más el turno de oficio, que es un “elemento esencial”.
En el mismo debate también participaron los representantes de Sumar, Enrique F. Santiago, que fue portavoz adjunto del GCUP-EC-GC en la comisión de Justicia del Congreso, que mostró su apoyo al proyecto de ley señalando que “se puede mejorar, rechazando cualquier tentación de privatizar los servicios de defensa, y ofreciendo más garantías para el ejercicio del derecho de defensa”.
Eduardo Ruiz, portavoz adjunto en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados en la pasada legislatura por Vox, y Joan Queralt, candidato al Senado por ERC en Barcelona, se mostraron en desacuerdo con el proyecto de ley tal y como estaba planteado y señalaron la necesidad de mejorarlo.
“Nos parecía un bluff, no desarrollaba nada de lo que tenía que desarrollar”, afirmó Ruiz.
“Me parece una ley muy retórica, no veo las palabras motivación, publicidad e igualdad de armas.”, señaló Queralt.
El debate, celebrado tan solo diez días antes de las elecciones generales, permitió a los partidos detallar sus planes para el servicio público de Justicia. “La situación actual es insostenible, agravada por crisis y huelgas”, lamentó la presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega, que moderó el debate.
