La portavoz del Partido Popular en la Comisión de Justicia, María Jesús Moro, protagonizó ayer una intervención especialmente dura durante la comparecencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a raíz del nuevo proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Acusó al Gobierno de impulsar una reforma diseñada para protegerse políticamente, reforzar su control sobre el Ministerio Fiscal y avanzar hacia un modelo que, según dijo, “pone en riesgo la independencia judicial”.
Desde el arranque pidió retirar algunas alusiones de otros grupos al Tribunal Supremo, que consideró ofensivas y comparables a expresiones como la “toga nostra” de Junts. Después se dirigió a Bolaños: agradeció su presencia, pero le reprochó el tono “épico” con el que vende el proyecto, como si se tratara de un acontecimiento histórico.
Moro cuestionó la idea de que esta reforma sirva para dejar atrás un cuerpo legal decimonónico. Recordó que la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha pasado por decenas de reformas parciales, algunas útiles y otras que solo han añadido confusión, hasta dejar un texto irregular pero aún operativo.
Y reprochó al Gobierno que la nueva propuesta tampoco sustituya realmente el modelo actual, sino que llegue con “parches, olvidos” y sin siquiera un nombre original. Citó a juristas que valoran la solidez técnica de la norma histórica y advirtió contra la tentación de “tirar lo antiguo y valioso” para reemplazarlo por algo nuevo “pero de poca calidad”.
Una reforma “de parte”, no de consenso
Para la diputada, el corazón del problema es que el proyecto nace sin vocación de acuerdo. A su juicio, responde a intereses políticos del Gobierno y no a la modernización del proceso penal.
Sostuvo que, en un clima tan polarizado, impulsar un cambio estructural de esta envergadura “no es adecuado”, una cautela que —recordó— también han expresado distintos órganos consultivos.
Moro centró parte de su discurso en el aumento de competencias del Fiscal General del Estado. Denunció que la reforma “concentra aún más poder” en esa figura, precisamente cuando —dijo— el actual responsable está siendo juzgado en el Tribunal Supremo y “ha dañado gravemente” la institución.
Subrayó que, en España, la Fiscalía continúa funcionando como una estructura jerárquica vinculada al Gobierno, y que los retoques planteados para reforzar su autonomía “no pasan de ser cosméticos”.
Una ley que erosiona la independencia judicial
La portavoz popular alertó de que trasladar la instrucción del juez al fiscal sin un sistema de garantías sólido compromete la independencia que exige cualquier investigación penal. Enmarcó la reforma dentro de una serie de iniciativas recientes del Ejecutivo que, a su juicio, buscan “controlar la justicia o castigarla” por investigaciones que afectan al entorno del Gobierno.
También criticó la limitación de figuras como la acción popular o el Tribunal del Jurado, que consideró parte de un debilitamiento progresivo de los contrapesos democráticos.
Moro puso en cuestión las explicaciones del ministro sobre la entrada en vigor diferida —prevista para el 1 de enero de 2028— y la garantía de que los procesos en curso no se verán afectados.
Recordó que varias disposiciones, sobre todo las relacionadas con la Fiscalía, entrarían en vigor a los 20 días de publicarse la ley, y acusó al Ejecutivo de recurrir a “trampantojos” legales para introducir efectos inmediatos o retroactivos.
Al cerrar su intervención, afirmó que una reforma de este calado “no puede afrontarse ahora” y pidió que se respete la labor de la justicia sin interferencias, especialmente “en la situación actual del Gobierno y del presidente”. Remató recordando que, en materia institucional, no basta con aparentar respeto: hay que practicarlo.
