Edmundo Rodríguez Achútegui, miembro del Secretariado de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha reclamado una revisión de las cargas de trabajo de la Judicatura, que afectan a su salud profesional y al servicio que se presta a los ciudadanos.
«Hay un 40 % de tribunales que afrontan un número de asuntos desmedido, que influye en la salud de quienes los integran, porque tratan de sacar adelante un número de asuntos inasumible», ha afirmado en una entrevista concedida a Europapress.
A su juicio, esto «está repercutiendo en la salud de la Judicatura», pero «también la ciudadanía y los profesionales del derecho se ven afectados, porque la sobrecarga afecta a la duración de los litigios, que se demoran ante la imposibilidad de hacer frente al volumen de asuntos encomendados».
Rodríguez Achútegui ha pedido que se retomen los proyectos de Ley de Eficiencia Organizativa, Digital y Procesal, que quedaron abortados tras la disolución anticipada de las Cortes Generales, los cuales «trataban de racionalizar el trabajo judicial».
RENOVAR EL CGPJ
Rodríguez Achútegui, por otra parte, ha hecho un llamamiento para que se renueve y se normalice el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al margen de que se constituya o no ahora el Gobierno central.
El magistrado ha recordado que el CGPJ lleva casi cinco años de interinidad. Por ello, dice «a quienes están bloqueando» su renovación que «permitan que la legislatura sea útil para normalizar la situación institucional» y faciliten que el máximo órgano de gobierno de los jueces pueda funcionar «con normalidad».
«Sea o no posible la formación de Gobierno» en esta legislatura, debe servir «al menos, para renovar el Consejo».
Rodríguez Achútegui se ha referido al PP, «que ahora reclama con insistencia que cese de lo que denomina bloqueo para impedir que se forme Gobierno», para lamentar que durante casi un lustro los populares «practiquen esa política con el CGPJ».
El magistrado ha destacado que el Partido Popular «ha frustrado, al menos en dos ocasiones, los acuerdos dirigidos a evitar» que el órgano de gobierno de los jueces «siga en funciones de forma indefinida».
Tras «constatar la inutilidad de las políticas de bloqueo», anima a que estas «se superen» y se posibilite en esta legislatura la renovación del CGPJ, «volviendo al camino de cumplir y acatar el mandato constitucional que reduce a cinco años, y no extiende a diez el mandato de sus vocales».
También ha recordado los «reiterados llamamientos de la Unión Europea para que se supere la situación actual» de este órgano de gobierno de la judicatura, «renovando su conformación y procediendo después a abordar una reforma, con amplio consenso, que permita evitar que se repitan estas situaciones de indefinida» interinidad del Consejo.
De esta forma, ha aludido a las recientes manifestaciones del Comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, que este mismo mes de agosto ha vuelto a solicitar que se supere la situación que sufre en España el CGPJ.
Por ello, considera que el Partido Popular debe actuar «con altura de miras en esta legislatura», ya que «no tiene ningún sentido mantener el deterioro institucional que supone la no renovación» de este órgano constitucional.
«Afrontar una eventual nueva campaña electoral exhibiendo un CGPJ renovado cargaría de razón a un partido que ahora viene insistiendo en que no haya bloqueo para permitirle gobernar», ha asegurado, advirtiendo de que esta situación «repercute directamente en el funcionamiento de la Administración de Justicia y de los tribunales, con especial perjuicio del Tribunal Supremo».
GOBIERNOS AUTONÓMICOS
El magistrado también ha lamentado que, mediante los pactos de Gobierno alcanzados en Aragón y Valencia, el PP haya entregado en ambas comunidades autónomas el Departamento de Justicia, y ha reprochado de los presidentes de esas autonomías su «irresponsabilidad» .
En este línea, ha señalado que el partido de Santiago Abascal, al que se ha encomendado la gestión de estas consejerías de Justicia, aboga por que las competencias autonómicas «se devuelvan al Estado», por lo que «poca dedicación y menos entusiasmo cabe esperar de quienes no creen en aquello que están administrando».
Por otro lado, el integrante del Secretariado de JJpD ha expresado su temor sobre «el trato que se dará a los tribunales que velan por las víctimas de violencia de género» en Aragón y Valencia, ya que el programa electoral de Vox, «no sólo reclama la derogación de la Ley Integral de Violencia de Género, sino la supresión de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer».
«Resulta preocupante que se haya entregado por el partido mayoritario en esos pactos la competencia de justicia», ha aseverado.
En ese sentido, ha censurado que «la protección de las mujeres en Aragón y Valencia se deje en manos de una opción partidista que no cree en la violencia machista, que solicita la derogación de la ley que protege a las víctimas, y que reclama suprimir los juzgados que cotidianamente les procuran órdenes de protección».
Por último, ha emplazado a que se incrementen los umbrales para conceder justicia gratuita «con el fin de garantizar que la insuficiencia de recursos afecte al derecho de muchas personas a presentar reclamaciones judiciales», y que se haga efectivo, «cuanto antes», el incremento salarial pactado entre la mayoría de las asociaciones judiciales y fiscales y los Ministerios de Justicia y Hacienda el pasado mes de mayo.
