Un hecho obvio histórico es, ha sido y será que las leyes a veces deliberadamente no se cumplen por los encargados de aplicarlas, aunque formalmente se acaten.
No me refiero a los casos de rebeldía fragante contra la ley, que sucede siempre en todo proceso revolucionario, cruento o incruento, como pasa en todos los casos de independencia de nuevos estados contra la voluntad de aquél al que pertenecían o en los cambios de régimen político, al margen de la legalidad anterior, como sucede en las rebeliones. O simplemente en el cambio fáctico, por presión popular o de minorías poderosas.
En España un ejemplo de incumplimiento legal es la desobediencia por la Generalitat de Cataluña, manifestada expresamente contra la enseñanza en castellano en las proporciones legales establecidas.
Pero no me refiero a ese desacatamiento público y expreso sino al hecho de acatarse formalmente la legislación por los operadores jurídicos, pero incumplirse conscientemente.
Es el caso en la misma Administración de Justicia en todos los niveles y también en ciertos ámbitos administrativos del incumplimiento sistemático de los plazos legales establecidos para resolver diversos trámites, con la consiguiente inseguridad jurídica que ello crea pero, eso sí, exigiendo su cumplimiento riguroso a los abogados y procuradores .
Nadie duda de la obediencia formal a la ley pero sí que existe un tácito y general consenso de incumplimiento, que va desde la resolución de un recurso de inconstitucionalidad algunos demorados años, hasta una sentencia de un juicio verbal.
Pero el incumplimiento o el desuso no deroga la norma pues, como dice el Código Civil artículo en su artículo 2.1, las leyes solo se derogan por otras posteriores.
La excepción sería la relevancia del desuso como causa derogatoria del derecho consuetudinario pues las costumbres si dependen del uso probado artículo 1 3 del Código Civil, para surgir como fuente jurídica o para su derogación en caso contrario.
UNA IDEA RECONOCIDA EN UNA FAMOSA FRASE
Pues bien esta obediencia o acatamiento formal pero incumplimiento fáctico, fue recogido en una célebre frase para referirse a las disposiciones reales que no se cumplían en la América de la Corona de Castilla, por ser contrarias a los intereses de colonos explotadores ávidos de dinero, a costa de no respetar los derechos de los indígenas, algo ordenado expresamente por los reyes castellanos ya desde el principio de la llegada a América de Colon en nombre de la Corona de Castilla, protección en la que destacó desde el primer momento la reina Isabel la Católica. Un criterio que siguieron los monarcas que la sucedieron.
Así Carlos V decretó Ordenanzas para la protección de los indios, leyes justas que chocaban con la práctica explotadora de los colonos en las estancias agrícolas.
Cuando se notificaron en 1554 al gobernador de Indias, Salvador de Belalcázar no supo que hacer, si cumplir lo ordenado por el rey y así enfrentarse a los colonos y a sus intereses económicos o bien hacer como que no las había recibido.
Tras largas reflexiones decidió pronunciar la celebre frase que resume la situación y fue: «las leyes se obedecen pero no sé cumplen».
Frase que sería digna del gran jurista romano Papiniano, como puso de relieve el historiador J. Majo Framis en su obra «Vida de los Navegantes, Conquistadores y Colonizadores Españoles», edición de1963.
Esto mismo han dicho otros después, ya sin esa solemnidad, ante situaciones de colisión de la legalidad frente a determinados intereses.
Se obedece a la ley pero habrá de examinarse su modo y oportunidad de aplicación.
Esto está de rigurosa actualidad en la España actual, ante las exigencias de algún grupo político para apoyar la investidura de candidatos a presidencia del Gobierno.
