La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera fiscal, critica el silencio de la Fiscalía General del Estado (FGE) ante la petición del prófugo Carles Puigdemont de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fuerce a los fiscales a dejar de perseguir los delitos por los que están procesados él y varios exconsejeros por el ‘caso procés’ a cambio de su apoyo para que se mantenga en el poder.
Esta asociación, presidida por Cristina Dexeus, ha publicado hoy un comunicado en el que muestra su estupor ante la inacción del fiscal general, Álvaro García Ortiz, frente a este ataque a la institución y le insta a aclarar que la Fiscalía es independiente y sólo depende de la legalidad.
La AF destaca que “la politización de la justicia es herramienta puesta al servicio de quienes no creen en la separación de poderes ni en el respeto a las Instituciones Constitucionales, de quienes desdeñan las esenciales funciones que las mismas desarrollan en el mantenimiento del Estado de Derecho por cuanto se oponen a sus particulares intereses y que lejos de estar amparados por el ordenamiento jurídico, lo contravienen en forma de delito primero y de fraude de ley después”.
Señala que en este marco, las palabras de Puigdemont, «instando al Gobierno de la nación a maniobrar para que la Fiscalía dé un paso atrás en todas aquellas causas judiciales abiertas con ocasión de los graves acontecimientos que tuvieron lugar en Cataluña, en septiembre y octubre de 2017 y después del dictado de la sentencia del Tribunal Supremo de 14/10/2019, poco pueden sorprender”.
“Las inspira su propia necesidad y las alimenta quien deja flotando en el aire una pregunta: ¿de quién depende la Fiscalía?”. Hace alusión así las polémicas palabras del presidente del Gobierno en noviembre de 2019, en una entrevista en RNE, en las que dio a entender que el Ministerio Público depende del Gobierno, si bien tras la polvareda levantada las rectificó al día siguiente atribuyendo esas declaraciones o a estar «muchas horas frente a un micrófono».
La Asociación de Fiscales no da crédito a que trascurridas más de 24 horas desde que tal exhortación llegara desde Bruselas, el fiscal general del Estado “nada ha tenido por oportuno decir cuando ayer mismo firmaba dos Decretos que fueron remitidos a todas las Fiscalías territoriales”.
“El silencio ante la gravedad de lo pedido no es una opción válida para quién ostenta la dirección del Ministerio Fiscal”, subraya la AF.
En declaraciones a Confilegal, Cristina Dexeus denuncia el daño que han hecho a la Fiscalía las palabras de Pedro Sánchez sobre “¿La Fiscalía de quién depende?», provocando confusión en la ciudadanía.
Dexeus vuelve a recordar que Gobierno “no puede dar ninguna orden a la Fiscalía, conforme a la Constitución”.
Recalca que el Ministerio Fiscal no forma parte del Gobierno ni sigue directrices políticas, sino que es autónomo e independiente e integrada en el Poder Judicial.
“Hay que distinguir entre lo que supone la forma de nombramiento del fiscal general del Estado de la actuación de los fiscales, que en el ámbito de su actuación diaria sólo se someten a los principios de legalidad e imparcialidad. El principio de unidad y de jerarquía sólo sirve de instrumento para los principios de imparcialidad y de legalidad”, explica Dexeus.
También recuerda que diversos artículos del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) permiten a los fiscales que puedan oponerse a cualquier orden de un superior que consideren improcedente o que no se ajuste a la legalidad.
El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal regula en el artículo 8 la emisión de directrices de contenido general por el Gobierno, y la Fiscalía no está obligada a cumplirlas, sino que lo valora después de oír a la Junta de Fiscales de Sala.
“Hubiera sido más efectivo que estas aclaraciones las hubiera hecho el propio fiscal general del Estado, esperamos que lo haga”, concluye.
