El Tribunal Supremo (TS) ha recibido una demanda de ejecución de sentencia contra la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, por no haber pagado la indemnización de 18.000 euros a la que fue condenada por haber vulnerado el derecho al honor de Rafael Marcos, exmarido de María Sevilla.
La sanción responde a las afirmaciones de Montero, que llamó «maltratador» a Marcos en el acto de inauguración de la sede del Instituto de las Mujeres en el 2022, publicándolas posteriormente en la red social Twitter (ahora X). Hacía referencia a las acusaciones de Sevilla, que fue condenada a dos años y cuatro meses de cárcel en 2019 por secuestrar al hijo que tenía en común con Marcos entre el 2017 y el 2019.
En el documento, enviado a la Sala Primera del TS y consultado por Confilegal, el denunciante, representado por Ruth Arroyo Jiménez, recuerda que la condena 910/2023, de 8 de junio, condenaba a Montero a abonarle 18.000 euros, «una obligación dineraria que ha sido desatendida», igual que la obligación de eliminar la publicación pertinente en la red social.
Por ello, solicita que se requiera a la ministra en funciones para que cumpla con esta sanción y, en caso de que no lo haga, se publique el fallo de la sentencia «en tres periódicos de tirada nacional» y que se comunique a la plataforma de X que retire «el tweet que la ejecutada publicó en su cuenta, el día 25 de mayo de 2022, a las 2:40 pm, compartiendo el discurso en que realizó las declaraciones lesivas» contra Marcos.
El TS ha trasladado de la demanda de ejecución de sentencia a la Abogacía del Estado y al Ministerio Fiscal para que opinen sobre el asunto, a pesar de que no cabe acción por parte de estos destinatarios al respecto. Esta diligencia recuerda que la sentencia contra Montero devino firme, aunque también cabe que pueda interponer recurso de reposición ante la Sala.
Esta demanda coincide con la admisión a trámite del juzgado de Instrucción 3 de Estepona, en Málaga, de una querella interpuesta por Marcos contra Ángela Rodríguez, «Pam», secretaria de Estado de Igualdad, también por intromisión en su derecho al honor por referirse a él como un «maltratador».
Cabe recordar que el Gobierno concedió un indulto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 25 de mayo del 2022 a Sevilla, que además es expresidenta de la asociación Infancia Libre, por lo que su pena se redujo a dos años, sin haber dejado de abonar una multa de 4.000 euros. Sevilla había sido detenida en abril de 2019 en una finca de Villar de Cañas, en Cuenca, donde retenía al niño, que en ese momento tenía 11 años, sin escolarizarlo permitiéndole salir durante media hora diaria al aire libre.
Sevilla había interpuesto varias denuncias en contra del padre del niño, alegando que lo maltrataba y que el secuestro estaba motivado por su deseo de defender a su hijo de los abusos de Marcos, pero todas quedaron archivadas por ausencia de pruebas. En el momento de esta publicación. el niño vive con su padre.
