Manuel Olmedo, Secretario General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, ha destacado la importancia de la CDCJ poniendo cifras sobre la mesa.
Manuel Olmedo: «En 2022 el número de operaciones en las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales fue de 10 millones»
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19/9/2023 14:04
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Actualizado: 19/9/2023 18:29
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El Ministerio de Justicia ha organizado este martes una jornada informativa para hablar sobre los avances tecnológicos implementados en las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales (CDCJ) con motivo de su 35º aniversario.
Las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales son cuentas bancarias abiertas a nombre de los juzgados y tribunales, en las que se incorporan todos los movimientos de dinero, metálico y valores generados por los procedimientos judiciales y actuaciones de la Administración de Justicia, así como el pago de pensiones alimenticias, la constitución de fianzas, el abono de multas judiciales o los embargos.
Manuel Olmedo, secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, ha destacado su importancia poniendo cifras sobre la mesa.
Y es que, el saldo vivo a día 31 de agosto de 2023 es de 4.774,8 millones de euros con un total de 4.516 cuentas operativas abiertas a nombre de juzgados y tribunales.
Además, durante 2022 se produjeron más de 10 millones de operaciones. De todas ellas 5,6 millones eran de ingreso, 3,6 de pago y el resto, que eran más de un millón de operaciones, eran de movimientos internos entre cuentas por algún error.
«La CDCJ es la herramienta que mejor acogida tiene, no sólo en el ámbito profesional, sino entre los propios profesionales que se relacionan con ella en el día a día”.
Por lo que ha aprovechado este 35º aniversario para poner en valor todos los esfuerzos que a nivel digital está realizando el equipo ministerial y la dirección general de transformación digital, así como la dirección general del servicio público de justicia”.
La interconexión o interoperabilidad, «ese término mágico»
Asimismo, ha explicado que una de las cuestiones fundamentales que se están desarrollando es la interconexión o interoperabilidad. “Ese término mágico que todos algún día queremos ver cumplido en su versión más expresiva». Pues esta interconexión tiene como directriz también la propia cuenta de depósitos y consignaciones desde cada uno de los sistemas de gestión procesal”.
“Todo esto en un contexto en el que se están destinando fondos propios y europeos con un total de 410 millones de euros que recibió España para transformación digital”.
Esto «nos va a permitir crear el proyecto estrella que es la Carpeta Justicia en la que se pretende que en un futuro, cualquier persona y, sobre todo, cualquier profesional pueda tener acceso a cualquier procedimiento que tenga en marcha en los distintos tribunales del país con independencia de su situación geográfica o del sistema de gestión procesal”, ha relatado Olmedo.
Olmedo también ha dado importancia al “enfoque verde” que tiene todo el proyecto de Justicia 2030 en la reducción del papel en los órganos jurisdiccionales, concretamente en los mandamientos de pago. Y también el el trabajo que llevan a cabo para realizar la gestión de pagos mediante códigos QR y evitar así errores porque, a veces, al introducir un número de cuenta con 20 dígitos es fácil que baile un número. “Es una experiencia del día a día en un juzgado”.
La importancia de la CDCJ para los ciudadanos
Por su parte, Aitor Cubo, director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia ha resaltado la importancia que tiene la CDCJ para el ciudadano. Por ejemplo, por ahí se lleva a cabo el cobro de una pensión alimentaria, dinero que es muy importante que llegue a tiempo.
Y también el pago de indemnizaciones por despido, dinero que es muy importante para el funcionamiento del país».
“La CDCJ es un proyecto con un impacto muy significativo en el funcionamiento correcto del país y en el impacto real de los ciudadanos para que puedan, o no, tener un ingreso que esperaban”. Y es que «la Justicia en España es una Justicia digitalizada».
Las tecnologías no vienen para sustituir a nadie
Para Antonio Cimorra, director de Agenda Digital y Estudios Sectoriales en Ametic, las tecnologías son muy importantes. “Se han incorporado a nuestras vidas y nos permiten estar conectados, informados, y hacer mejor nuestra actividad diaria, tanto en el ámbito personal como profesional”.
Sin embargo, ha querido reiterar lo que ya han dicho muchos expertos en relación al ámbito profesional. “No vienen a sustituir a nadie, vienen a ayudar, su incorporación cambia nuestra forma de trabajar optimizando los servicios”.
Un dato que hay que tener en cuenta y que ha resaltado Cimorra ha sido que el sector de la tecnología tiene un impacto muy fuerte en el país ya que se estima que el 22% del Producto Interior Bruto (PIB) proviene de las industrias digitales. Por tanto, no hay que darles la espalda para no quedarnos atrás.
«La unión público-privada permite avanzar en la modernización»
Por su parte, Julia Fernández, directora de Colectivos y Negocio No Residentes en el Banco Santander, ha comentado la importancia de contar todo lo que se hace desde el ministerio para la transformación digital de las cuentas con el que mantienen un contrato desde hace 20 años.
“Somos un equipo muy grande y estamos enamorados del ministerio y de las cosas que se hacen aquí y de cómo realmente se busca mejorar el servicio para el usuario”, ya que “cualquier paso que damos sentimos que somos el ministerio”, ha explicado.
Y es que, durante este periodo, les han acompañado en la mejora de la tecnología tanto para el interior del propio ministerio como para la ciudadanía.
Fernández ha comentado que esta unión público privada les ha permitido avanzar en la modernización pensando siempre en el usuario y en el ciudadano. “Buscamos dar las necesidades a los profesionales”.
Por lo que el estar tan cerca del ministerio, de los profesionales y de los funcionarios fue lo que llevó al banco a crear Santander Justicia. “No hay evento jurídico de colegios profesionales, asociaciones de jueces, fiscales o de letrados de la administración de Justicia que no estemos”.
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