Estados Unidos quiere liderar la regulación jurídica de la Inteligencia Artificial

El pasado 30 de octubre de 2023, el presidente Biden adoptó la orden ejecutiva sobre una inteligencia artificial segura y fiable.

Es la primera iniciativa para regular jurídicamente la Inteligencia Artificial en la historia de Estados Unidos: la orden es parcialmente obligatoria y no sólo está basada en los compromisos voluntarios de las grandes plataformas.

Por tanto, un cambio de enfoque: de la mera regulación ética a la regulación jurídica.

Esta iniciativa ha sido presentada con cierta exageración, señalando la Casa Blanca que la orden ejecutiva en cuestión representa “el conjunto de medidas más enérgicas que ningún gobierno del mundo haya tomado jamás en materia de seguridad, protección y confianza en la IA”.

Sin embargo, el futuro Reglamento Europeo de IA (el RIA o la «AI Act» por su habitual denominación), actualmente en fase final de aprobación, es una norma mucho más garantista y vinculante, con un enfoque basado en el riesgo y unas obligaciones que se imponen en proporción al mismo (naturalmente, no es lo mismo usar IA en el corrector ortográfico de Word que para conducir un coche autónomo).

Cuenta con una supervisión pública.

Y se aplica no sólo a los proveedores y usuarios de sistemas de IA ubicados en la Unión Europea, sino también a los productos y servicios cuyo resultado producido por el sistema se utilice en la UE.

En cambio, el decreto presidencial norteamericano contiene unas pocas obligaciones jurídicas y bastantes directrices.

Aun así, ha supuesto un paso sobre el modelo preexistente de autorregulación.

Además, la tarea de identificar la legislación más enérgica en la materia es un enfoque erróneo: se trata de disponer de la legislación más adecuada y que mejor funcione.

Hay que señalar que la norma de Estados Unidos no es una ley parlamentaria, sino un decreto presidencial.

Y responde a que el proyecto de ley presentado hace unos meses en el Congreso para regular la IA, que es muy ambicioso al prever un órgano de supervisión independiente y un régimen de responsabilidad para los fabricantes de IA, no parece que vaya a prosperar dada la situación política de esta superpotencia.

Esa es la razón por la que la Administración Biden ha elegido la vía rápida de la orden ejecutiva, que no requiere ninguna aprobación parlamentaria y es aplicable de inmediato.

La orden ejecutiva tampoco puede ser modificada por el Congreso, aunque indirectamente se le puede restar eficacia, por ejemplo mediante una decisión parlamentaria de no autorizar el crédito presupuestario necesario para su aplicación.

Por otra parte, la orden ejecutiva carece de la legitimidad que caracteriza la adopción una ley por un parlamento emanado de la soberanía popular.

Comparando ambas normas, sus enfoques son muy distintos.

DIFERENCIAS ENTRE EL DECRETO DE BIDEN Y EL REGLAMENTO EUROPEO DE IA

El fin último del Reglamento Europeo de IA es la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, mientras que la orden ejecutiva del presidente Biden gira enteramente en torno a las dos palabras clave: seguridad y protección.

Es decir, adopta un enfoque más relacionado con la ciberseguridad y la evitación de injerencias externas en detrimento de la seguridad nacional estadounidense.

Por eso, la norma norteamericana pasa de puntillas en lo que se refiere a los derechos fundamentales de la ciudadanía. No contiene obligaciones directas y puntuales hacia las grandes plataformas que producen y distribuyen aplicaciones que utilizan IA.

Su enfoque es el de protección del libre mercado e incentivar a los operadores privados para que trabajen en las mejores prácticas para que los sistemas de IA sean seguros y fiables.

La orden ejecutiva, por otra parte, identifica como interlocutores privilegiados a las agencias federales responsables de la seguridad y la protección de los consumidores (por desgracia, omite a la Comisión Federal Electoral, que podría desempeñar un papel fundamental en la lucha contra la desinformación).

Por eso, «de facto» las agencias federales se convierten en guardianas de la aplicación de los principios contenidos en la orden ejecutiva, aunque poco se dice sobre cuáles deberían ser las modalidades en las que se base este proceso.

¿Cuál es, por tanto, el valor de la orden ejecutiva?

A mi juicio, Estados Unidos ha hecho todo lo que se puede hacer en este momento, dada la situación política del país.

Por un lado, protege desde ya su seguridad nacional y evita injerencias externas, especialmente de cara a la próxima temporada electoral.

Por otro, Estados Unidos no quiere adoptar un papel pasivo y asumir sin más el Reglamento Europeo de IA.

Ha rectificado así su actitud pasiva que adoptó respecto del Reglamento General de Protección de Datos de la UE de 2016 (el RGPD), que se ha convertido en la norma jurídica universal en su materia.

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