El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska insistió a los poderes públicos a situar el delito medioambiental “en el centro de la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
El ministro se pronunció así en la clausura del “Seminario sobre prioridades en la Estrategia contra el Crimen Organizado 2021-2025 y los delitos contra el medio ambiente”.
Intervinieron una veintena de personas. Entre ellas se encontraban representantes de la Comisión Europea, de Interpol o el Foro de Jueces por el Medioambiente, entre otros.
En el foro, el ministro ha hablado del favorable crecimiento en los últimos años de la “conciencia medioambiental”. También ha considerado acertada la inclusión de los asuntos medioambientales en la Estrategia Europea contra el Crimen Organizado 2021-2025.
Por último, resaltó el compromiso de su Ministerio con la protección del medioambiente y la necesidad de la cooperación internacional para luchar contra los delitos que lo ponen en peligro, con menciones expresas a la Red Jaguar Latinoamericana y a la futura red de cooperación africana.
En línea con los tiempos
Grande-Marlaska parece ir con los tiempos en los que se está gestando, merced a un movimiento internacional la búsqueda de declaración de “ecocidio” como crimen contra la humanidad bajo la definición de “cualquier acto perpetrado a sabiendas de que existen grandes posibilidades de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente”.
Desde hace tres años se lleva proponiendo una definición jurídica para este término, para que así pueda ser considerado como el quinto crimen del Estatuto de Roma, junto con los crímenes contra la humanidad, de guerra, el crimen de agresión y el genocidio; gracias a un grupo formado por 12 expertos independientes que está presidido por los juristas Philippe Sands QC y Dior Fall Sow.
Según indicó el presidente del grupo: “el ecocidio versa sobre una ley al servicio de nuestro planeta”.
