Esta asociación, presidida por el decano Eugenio Ribón, la integran Colegios Profesionales de ciencias, economía, jurídico, sanitario, social, arquitectura e ingeniería.

42 Colegios Profesionales se suman a la declaración institucional del ICAM en defensa del Estado de Derecho

La Junta Directiva de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid lo ha aprobado, por unanimidad, adherirse

14 / 11 / 2023 11:37

Actualizado el 14 / 11 / 2023 11:55

La Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM), que preside el decano Eugenio Ribón, se ha adherido a la declaración institucional realizada por el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) el pasado 9 de septiembre, en defensa del Estado de Derecho.

Así lo acordó la Junta Directiva de esta asociación, por unanimidad, en una sesión extraordinaria celebrada ayer.

Se suman así 42 Colegios Profesionales con más de 420.000 profesionales, que representan el 24,9% del PIB de la Comunidad de Madrid.

La integran Colegios Profesionales de ciencias, economía, jurídico, sanitario, social, arquitectura e ingeniería.

En un comunicado difundido hoy, la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid destaca que la conformación de mayorías parlamentarias ha de estar supeditada siempre al principio de legalidad constitucional.

Además, señala que «la separación de poderes, fundamento del Estado democrático, y sus mecanismos de control y contrapesos, imponen el pleno respeto y acatamiento a los tribunales de justicia y su función jurisdiccional».

También indica que «el uso del término ‘lawfare’ (instrumentalización de la justicia con fines políticos) referido a los Juzgados y Tribunales no tiene cabida en un Estado Democrático», y que, en consecuencia, es «inaceptable» la creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional.

La UICM sostiene, asimismo, que la sumisión de los jueces a la ley y la independencia judicial constituyen un presupuesto del Estado de Derecho, que «debe ser respetado y acatado por todos los actores públicos y privados; lo que exige un llamamiento a la responsabilidad».

«La Constitución Española y el Tratado de la Unión Europea rigen toda actuación, incluyendo la de los partidos políticos, debiendo ser no solo asumidos y aplicados, sino también defendidos por todos los poderes del Estado y la sociedad civil», concluye.

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