En la movilización han leído un manifiesto en el que expresan su "profunda preocupación" por la anunciada ley de amnistía, que "atenta" a la esencia de las profesiones jurídicas. El mismo fue difundido el pasado viernes y, según informan, ha recibido el apoyo de más de 2000 abogados, procuradores y operadores jurídicos de toda Cataluña.
Cientos de abogados y procuradores catalanes se concentran ante la Ciudad de la Justicia de Barcelona contra la ley de amnistía
En defensa del Estado de Derecho y de la separación de poderes
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13/11/2023 11:36
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Actualizado: 13/11/2023 14:55
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Cientos de abogados, procuradores y otros operadores jurídicos catalanes se han concentrado esta mañana frente a la Ciudad de la Justicia de Barcelona para mostrar su preocupación por la anunciada ley de amnistía, “dado que, por los pactos políticos que se han publicado, supondría una vulneración a los principios esenciales de todo Estado de Derecho: el principio de legalidad, la igualdad ante la ley y la separación de poderes”.
Según exponen en un comunicado difundido hoy, especialmente preocupante es el concepto de “lawfare” -guerra judicial- que incluye el pacto entre PSOE y Junts, que significa asumir que en España existe una “guerra jurídica” o “persecución de los jueces” a ciudadanos por razón de su ideología.
“Este concepto es una afrenta directa a la independencia judicial y a la separación de poderes y su reconocimiento implicaría el control político de las decisiones judiciales, abriendo la puerta a la arbitrariedad y al abuso de poder”, destacan.
Los concentrados han leído un manifiesto difundido el pasado viernes, que ha recibido el apoyo de más de 2000 abogados, procuradores y operadores jurídicos de toda Cataluña.
Entre los asistentes estaban los abogados José María Fuster-Fabra, Miguel Capuz y Juan Cremades.
También han participado en la concentración el abogado y líder del PP en Barcelona, Daniel Sirera, y su compañera de partido María de los Llanos de Luna, que también es letrada, el abogado y diputado de VOX Sergio Macián, y la abogada Sonia Reina, exdiputada de Cs.
MANIFIESTO EN FAVOR DEL ESTADO DE DERECHO Y DE LA SEPARACIÓN DE PODERES
A raíz de los acuerdos de investidura entre el PSOE y los partidos Junts y ERC, abogados, procuradores y otros operadores jurídicos catalanes consideran pertinente advertir del “grave deterioro institucional” que puede suponer la aprobación de una ley de amnistía para los implicados en procedimientos judiciales por los hechos relacionados con el ‘procés’.
Destacan que la materialización de esos acuerdos “vulnera flagrantemente” la Constitución de 1978 que se asienta en la consideración de España como un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Estos juristas hacen hincapié en que el artículo 9 de la Constitución declara que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y eso alcanza también a los partidos políticos que deben ejercer su actividad libremente dentro del respeto a la Constitución y a la Ley.
Afirman que los acuerdos que se han hecho públicos ponen «en grave peligro» el funcionamiento del Estado de Derecho, puesto que «tratan de instrumentalizar y politizar la justicia mediante una deslegitimación de sus integrantes».
Como operadores jurídicos que desarrollan su actuación fundamentalmente en Cataluña, rechazan de manera tajante «las descalificaciones que se contienen en los acuerdos de investidura hacía el poder judicial, en cuanto ello supone un ataque a su independencia».
En este sentido, niegan la existencia de una persecución política desde el poder judicial contra el separatismo. «En los procedimientos judiciales se investiga la comisión de delitos y no se juzga la ideología de los autores de los hechos», subrayan.
Asimismo, rechazan conceptualmente la concesión de amnistía a los implicados en hechos delictivos que «pusieron en grave peligro la convivencia entre los españoles y, especialmente, entre los catalanes, en tanto que pretenden otorgar espacios de impunidad a personas por su ideología».
«Este trato privilegiado es contrario al principio de igualdad entre los ciudadanos», denuncian.
Según exponen, les parece especialmente grave que en los acuerdos de investidura se siembre la sospecha generalizada de una actuación judicial prevaricadora mediante la apelación al llamado ‘lawfare’ y, además, se condicione la aplicación de la ley penal a la supervisión parlamentaria a través de Comisiones de investigación. La materialización de ese acuerdo, sin precedentes en la Unión Europea, «acabará con la separación de poderes, en tanto que se pretende someter las decisiones judiciales a la supervisión de la ‘clase política'».
Y hacen hincapié en que para que las democracias sobrevivan «deben protegerse los pilares fundamentales del Estado de Derecho, esto es la separación de poderes y la independencia judicial, así como los valores esenciales: la igualdad, la libertad y la justicia, de acuerdo con el artículo 2 del Tratado de la Unión».
Por todo ello, expresan su confianza en el sistema judicial español y manifiestan que las discrepancias con las resoluciones judiciales se deben articular por los operadores jurídicos a través de los pertinentes recursos judiciales.
OTROS COLECTIVOS QUE HAN ALZADO LA VOZ
Jueces, fiscales, abogados del Estado y notarios, entre otros colectivos, también han alzado la voz en los últimos días rechazando tajantemente la alusión a ‘lawfare’ y al control parlamentario de la acción judicial, contenida en el pacto alcanzado por el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno.
Los inspectores de Hacienda han denunciado que la cesión del 100% de tributos a Cataluña es inconstitucional, y letrados de la Seguridad Social se han mostrado en contra de la transferencia de la Seguridad Social a las Comunidades Autónomas.
Entre los últimos en pronunciarse se encuentra la Asociación Profesional de Administradores Concursales y expertos en insolvencias (ASPAC): «Como auxiliares que somos de los jueces en todos los procedimientos de insolvencia, queremos manifestar nuestra total disconformidad con cualquier tipo de injerencia en los órganos de administración de la Justicia, los cuales están únicamente sometidos al imperio de la Ley».
De esta manera, Aspac ha expresado su «total adhesión» al comunicado difundido el pasado día 9 de noviembre por las cuatro asociaciones de jueces.
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