El Estado de Derecho y la protección de la libertad de expresión a debate en la Primera Cumbre de Derecho Europeo
Sobre estaas líneas los participantes en este panel: Juergen Foecking, responsable de relaciones públicas e instituciones del Parlamento Europeo; Richard Burnley, director de Asuntos Jurídicos y políticas y consejero general de la Unión Europea de Radiodifusión; Sara Iglesias Sánchez, profesora de Derecho de la UE y Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, y Florian Nehm, consjeero senior de Asuntos Públicos en el grupo Axel Springer; e Isabel Winkels, vicedecana del ICAM, que actuará de moderadora. Foto: Confilegal.

El Estado de Derecho y la protección de la libertad de expresión a debate en la Primera Cumbre de Derecho Europeo

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14/11/2023 06:34
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Actualizado: 17/11/2023 22:39
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La Primera Cumbre de Derecho Europeo que organiza el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) entre el jueves y el viernes próximos abordará, en un panel, dos proyectos legislativos clave para la defensa del Estado de Derecho y de la libertad de expresión e información.

Se trata del Reglamento «European Freedom Media Act», o Ley Europea de los medios de comunicación, o EMFA, por sus siglas en inglés, y de la propuesta de Directiva Anti-SLAPP, dos iniciativas legislativas de la Unión Europea que tienen como objetivo proteger la libertad de expresión y el periodismo..

Cuatro reconocidos expertos internacionales diseccionarán ambas normas.

Son Juergen Foecking, responsable de relaciones públicas e instituciones del Parlamento Europeo; Richard Burnley, director de Asuntos Jurídicos y políticas y consejero general de la Unión Europea de Radiodifusión; Sara Iglesias Sánchez, profesora de Derecho de la UE y Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, y Florian Nehm, consjeero senior de Asuntos Públicos en el grupo Axel Springer.

Un panel que, bajo el título «La Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación y la Directiva Anti-Slapp«, será moderado por la vicedecana del ICAM, Isabel Winkels. Tendrá lugar entre las 16 y las 17 horas del próximo jueves.

La EMFA se centra en la protección de la independencia de los medios de comunicación, la transparencia de la propiedad de los medios y la seguridad de los periodistas.

Incluye medidas para prevenir la interferencia política en las decisiones editoriales, garantizar la transparencia de la propiedad de los medios y proteger a los periodistas de la divulgación de sus fuentes y del uso de software espía contra ellos.

Para la Unión Europea la libertad de expresión y el derecho a la información son piezas centrales del Estado de Derecho. A través de los medios de comunicación los ciudadanos europeos se informan sobre la gestión de la cosa pública por parte de sus representantes políticos y pueden fundar su opinión para ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones.

PROTEGER A LOS PERIODISTAS Y ACTIVISTAS PRO DERECHOS HUMANOS

La Directiva Anti-SLAPP,, por su parte, se centra en la protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos de las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP).

Las SLAPP son demandas judiciales presentadas con el propósito de silenciar a los críticos o oponentes, y a menudo se utilizan para intimidar y disuadir a las personas de expresar sus opiniones sobre cuestiones de interés público.

La EMFA fue propuesta por la Comisión Europea en septiembre de 2022 y ha sido aprobada por el Parlamento Europeo en septiembre de 2023. El siguiente paso es la negociación de la EMFA entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. La EMFA podría entrar en vigor en 2024.

La aprobación de la EMFA sería un paso importante para proteger la libertad de expresión y el periodismo en la UE. La EMFA proporcionaría un marco jurídico sólido para proteger los medios de comunicación europeos de la interferencia y garantizar que puedan informar de forma independiente y libre.

Este Reglamento hace hincapié, de forma especial, en dos factores muy importantes: una publicidad estatal transparente y no discriminatoria, estableciendo nuevos requisitos para la asignación de publicidad estatal a los medios, por una parte.

Y por la otra, la valoración sobre el impacto de las concentraciones del mercado de medios en el pluralismo de esos medios y la independencia editorial. Cualquier medida legislativa reglamentaria o administrativa adoptada por un estado miembro que pueda afectar a los medios de comunicación debe estar debidamente justificada y debe ser proporcionada.

La Directiva antiSlapp fue propuesta por la Comisión Europea en abril de 2022 y ha sido aprobada por el Parlamento Europeo en septiembre de 2023. El siguiente paso es la negociación de la Directiva entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. La Directiva podría entrar en vigor en 2024.

LA ENTRADA EN VIGOR DE LA DIRECTIVA ANTI-SLAPP PERMITIRÁ ACTUAR CON MÁS EFICACIA A LOS JUECES

Su entrada en vigor permitiría a los jueces desestimar rápidamente las demandas manifiestamente infundadas contra periodistas y defensores de los derechos humanos.

Sería un paso importante para proteger la libertad de expresión y el periodismo en la UE.

Proporcionaría un marco jurídico sólido para proteger a los periodistas y los defensores de los derechos humanos de las SLAPP y garantizar que puedan participar en el debate público sin temor a represalias.

También establecería varias garantías procesales y recursos, como indemnizaciones por daños y perjuicios y sanciones disuasorias por interponer demandas abusivas.

Las demandas estratégicas contra la participación pública son una forma particular de acoso que se utiliza principalmente contra periodistas y defensores de los derechos humanos para impedir o penalizar que se hable de cuestiones de interés público.

Las más frecuentes son las demandas por «difamación» –en España, querellas por delitos o calumnias o demandas contra el honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen–, protección de datos, etcétera.

Esta propuesta de Directiva, bautizada como Ley Daphne, en recuerdo y en honor a la periodista de investigación maltesa, Daphne Caruana Galizia, que fue asesinada, especifica una serie de medias para proteger a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos, entre ellas:

Requisito de que los demandantes en SLAPPs demuestren que tienen una probabilidad razonable de ganar el caso. Esto se conoce como el «test de probabilidad razonable».

Requisito de que los demandantes en SLAPPs paguen los costes legales de los demandados si pierden el caso. Esto se conoce como la «revisión de los costes».

Posibilidad de que los tribunales desestimen las SLAPPs si consideran que están motivadas por razones políticas o económicas. Esto se conoce como la «excepción de persecución maliciosa».

La ministra de Justicia, Pilar Llop, declaró esta futura Directiva anti-SLAPP prioridad de la Presidencia española de la Unión Europea.

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