Sobre estaas líneas los participantes en este panel: Juergen Foecking, responsable de relaciones públicas e instituciones del Parlamento Europeo; Richard Burnley, director de Asuntos Jurídicos y políticas y consejero general de la Unión Europea de Radiodifusión; Sara Iglesias Sánchez, profesora de Derecho de la UE y Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, y Florian Nehm, consjeero senior de Asuntos Públicos en el grupo Axel Springer; e Isabel Winkels, vicedecana del ICAM, que actuará de moderadora. Foto: Confilegal.
El Estado de Derecho y la protección de la libertad de expresión a debate en la Primera Cumbre de Derecho Europeo
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14/11/2023 06:34
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Actualizado: 17/11/2023 22:39
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La Primera Cumbre de Derecho Europeo que organiza el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) entre el jueves y el viernes próximos abordará, en un panel, dos proyectos legislativos clave para la defensa del Estado de Derecho y de la libertad de expresión e información.
Se trata del Reglamento «European Freedom Media Act», o Ley Europea de los medios de comunicación, o EMFA, por sus siglas en inglés, y de la propuesta de Directiva Anti-SLAPP, dos iniciativas legislativas de la Unión Europea que tienen como objetivo proteger la libertad de expresión y el periodismo..
Cuatro reconocidos expertos internacionales diseccionarán ambas normas.
Son Juergen Foecking, responsable de relaciones públicas e instituciones del Parlamento Europeo; Richard Burnley, director de Asuntos Jurídicos y políticas y consejero general de la Unión Europea de Radiodifusión; Sara Iglesias Sánchez, profesora de Derecho de la UE y Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, y Florian Nehm, consjeero senior de Asuntos Públicos en el grupo Axel Springer.
Un panel que, bajo el título «La Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación y la Directiva Anti-Slapp«, será moderado por la vicedecana del ICAM, Isabel Winkels. Tendrá lugar entre las 16 y las 17 horas del próximo jueves.
La EMFA se centra en la protección de la independencia de los medios de comunicación, la transparencia de la propiedad de los medios y la seguridad de los periodistas.
Incluye medidas para prevenir la interferencia política en las decisiones editoriales, garantizar la transparencia de la propiedad de los medios y proteger a los periodistas de la divulgación de sus fuentes y del uso de software espía contra ellos.
Para la Unión Europea la libertad de expresión y el derecho a la información son piezas centrales del Estado de Derecho. A través de los medios de comunicación los ciudadanos europeos se informan sobre la gestión de la cosa pública por parte de sus representantes políticos y pueden fundar su opinión para ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones.
PROTEGER A LOS PERIODISTAS Y ACTIVISTAS PRO DERECHOS HUMANOS
La Directiva Anti-SLAPP,, por su parte, se centra en la protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos de las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP).
Las SLAPP son demandas judiciales presentadas con el propósito de silenciar a los críticos o oponentes, y a menudo se utilizan para intimidar y disuadir a las personas de expresar sus opiniones sobre cuestiones de interés público.
La EMFA fue propuesta por la Comisión Europea en septiembre de 2022 y ha sido aprobada por el Parlamento Europeo en septiembre de 2023. El siguiente paso es la negociación de la EMFA entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. La EMFA podría entrar en vigor en 2024.
La aprobación de la EMFA sería un paso importante para proteger la libertad de expresión y el periodismo en la UE. La EMFA proporcionaría un marco jurídico sólido para proteger los medios de comunicación europeos de la interferencia y garantizar que puedan informar de forma independiente y libre.
Este Reglamento hace hincapié, de forma especial, en dos factores muy importantes: una publicidad estatal transparente y no discriminatoria, estableciendo nuevos requisitos para la asignación de publicidad estatal a los medios, por una parte.
Y por la otra, la valoración sobre el impacto de las concentraciones del mercado de medios en el pluralismo de esos medios y la independencia editorial. Cualquier medida legislativa reglamentaria o administrativa adoptada por un estado miembro que pueda afectar a los medios de comunicación debe estar debidamente justificada y debe ser proporcionada.
La Directiva antiSlapp fue propuesta por la Comisión Europea en abril de 2022 y ha sido aprobada por el Parlamento Europeo en septiembre de 2023. El siguiente paso es la negociación de la Directiva entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. La Directiva podría entrar en vigor en 2024.
LA ENTRADA EN VIGOR DE LA DIRECTIVA ANTI-SLAPP PERMITIRÁ ACTUAR CON MÁS EFICACIA A LOS JUECES
Su entrada en vigor permitiría a los jueces desestimar rápidamente las demandas manifiestamente infundadas contra periodistas y defensores de los derechos humanos.
Sería un paso importante para proteger la libertad de expresión y el periodismo en la UE.
Proporcionaría un marco jurídico sólido para proteger a los periodistas y los defensores de los derechos humanos de las SLAPP y garantizar que puedan participar en el debate público sin temor a represalias.
También establecería varias garantías procesales y recursos, como indemnizaciones por daños y perjuicios y sanciones disuasorias por interponer demandas abusivas.
Las demandas estratégicas contra la participación pública son una forma particular de acoso que se utiliza principalmente contra periodistas y defensores de los derechos humanos para impedir o penalizar que se hable de cuestiones de interés público.
Las más frecuentes son las demandas por «difamación» –en España, querellas por delitos o calumnias o demandas contra el honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen–, protección de datos, etcétera.
Esta propuesta de Directiva, bautizada como Ley Daphne, en recuerdo y en honor a la periodista de investigación maltesa, Daphne Caruana Galizia, que fue asesinada, especifica una serie de medias para proteger a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos, entre ellas:
• Requisito de que los demandantes en SLAPPs demuestren que tienen una probabilidad razonable de ganar el caso. Esto se conoce como el «test de probabilidad razonable».
• Requisito de que los demandantes en SLAPPs paguen los costes legales de los demandados si pierden el caso. Esto se conoce como la «revisión de los costes».
• Posibilidad de que los tribunales desestimen las SLAPPs si consideran que están motivadas por razones políticas o económicas. Esto se conoce como la «excepción de persecución maliciosa».
La ministra de Justicia, Pilar Llop, declaró esta futura Directiva anti-SLAPP prioridad de la Presidencia española de la Unión Europea.
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