“La Directiva anti-SLAPP es nuestra principal prioridad en el ámbito de la Justicia civil y esperamos avanzar rápidamente y concluir las negociaciones durante nuestra Presidencia». Así de categórica se expresó la ministra de Justicia, Pilar Llop, esta semana, actuando como Presidencia del Consejo de la Unión Europea en los llamados trílogos celebrados en Estrasburgo, Francia, junto a los representantes del Parlamento Europeo y de la Comisión, el Ejecutivo de la UE.
Llop destacó en su intervención que “es nuestra responsabilidad asegurarnos de que estén equipados con las herramientas legales que necesitan para llevar a cabo su importante trabajo sin temor ni impedimento, al mismo tiempo que debemos encontrar el equilibrio adecuado para garantizar no solo la libertad de expresión sino también del derecho de acceso a la Justicia”.
Según el proyecto legislativo aprobado el 4 de julio pasado en el pleno, los periodistas, las organizaciones de medios de comunicación, los defensores de los derechos humanos, los activistas, los investigadores y los artistas estarán protegidos en la UE frente a las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPPs, acrónimo de Strategic Lawsuits Against Public Participation o demandas estratégicas contra la participación pública, en español).
Con 498 votos a favor, 33 en contra y 105 abstenciones, los eurodiputados adoptaron su posición negociadora sobre las nuevas normas para proteger a quienes trabajan en asuntos de interés público como los derechos fundamentales, las actividades de los funcionarios públicos o las acusaciones de corrupción.
El objetivo estas demandas abusivas, interpuestas contra personas u organizaciones –en la mayoría de los casos contra periodistas, activistas o alertadores de corrupción– que han denunciado prácticas sospechosas, con el único objetivo de intimidarlos y, en última instancia, silenciarlos.
Estas tácticas judiciales – tanto civiles como penales – ejercidas por poderes políticos y empresariales se basan en estrategias de desgaste e intimidación que pueden durar años.
Así, se concretizan en abusos de derecho que implican altos costes procesales, económicos y personales para quienes las sufren. Asimismo, pueden conducir a la autocensura ya que, por temor a sufrir represalias, otras voces críticas pueden decidir no hacer valer su derecho a investigar e informar sobre cuestiones de interés público.
LO QUE PREVÉ LA FUTURA DIRECTIVA ANTI SLAPPS
El proyecto de Directiva, que de finalmente aprobarse sería transpuesta a nuestra legislación nacional, prevé salvaguardias para las víctimas de SLAPPs, incluida la posibilidad de solicitar la desestimación anticipada de la demanda, en cuyo caso el demandante tendrá que demostrar que su caso no carece de fundamento.
El demandante también tendría que cubrir todos los costes del proceso, incluida la representación legal del demandado, y enfrentarse a sanciones, mientras que la víctima del SLAPP podría pedir una indemnización, incluso por daños psicológicos o de reputación.
Para limitar la práctica de elegir el tribunal con más probabilidades de ponerse del lado del demandante, los casos de difamación sólo serían admisibles en el tribunal nacional del demandado.
Los Estados miembros no deberían reconocer las sentencias SLAPP de terceros países contra particulares y empresas residentes en su territorio y deberían permitir que los afectados sean indemnizados en el tribunal nacional.
«El periodismo requiere valentía, pero no hay que obligar a los periodistas a ser valientes para hacerlo. El Parlamento Europeo siempre protegerá a quienes buscan la verdad y defenderá nuestro derecho democrático a saber. Cuando las demandas frívolas amenazan vidas y medios de subsistencia, abusando de nuestros sistemas judiciales, debemos legislar. Con el proyecto de ley de hoy, firmemente respaldado en el Pleno, eso es precisamente lo que estamos haciendo», declaró Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, el día de la aprobación.
La aprobación de esta legislación es la consecuencia de las propuestas ciudadanas recogidas en las Conclusiones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa sobre la lucha contra la desinformación y la propaganda, sobre el desarrollo de una política más eficaz y unificada frente a los regímenes autocráticos e híbridos y el desarrollo de asociaciones con organizaciones de la sociedad civil, sobre la introducción de legislación que aborde las amenazas a la independencia de los medios de comunicación y sobre la aplicación estricta de las normas de competencia de la UE en el sector de los medios de comunicación.
QUÉ SON LOS TRÍLOGOS
Los trílogos son grupos informales que se forman para cada una de las propuestas legislativas, como es el caso. En ellos participan tres miembros: uno de la Comisión, uno del Parlamento, y la Presidencia del Consejo. Cada uno de ellos representa a sus respectivas instituciones.
Cada uno de los miembros llega al trílogo con la posición de su respectiva institución fijada previamente (para lo cual, a su vez, habrá debido de acordarla internamente) y, en base a ello, negocia con los otros dos hasta dar con un texto aceptable para todos sin tener que pasar por las diferentes etapas del procedimiento.
Esta solución ha demostrado ser un éxito: aproximadamente, un 90% de las propuestas legislativas se aprueban en primera lectura, y solo un 2% llegan a la fase de conciliación.
