El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha enviado esta mañana una carta a los fiscales del ‘caso procés’, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Javier Zaragoza, así como a todos los miembros de la carrera fiscal, en la que justifica su neutralidad sobre la ley de amnistía.
Y lo hace a raíz de la crítica realizada por la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera fiscal, sobre su «pasividad» en la defensa del Estado de Derecho, de la separación de poderes y de la independencia del Ministerio Fiscal. Una denuncia que hizo en su congreso, celebrado los pasados 10 y 11 de noviembre en Jerez de la Frontera (Cádiz) y que culminó pidiendo su dimisión por tal motivo.
A ello se suma que los vocales electos del Consejo Fiscal de las listas de la AF y de la APIF le pidieron que se celebrara un pleno extraordinario para debatir la proposición de ley de amnistía.
Y en las últimas horas, los fiscales del ‘procés’ le han enviado un escrito pidiéndole «amparo institucional» frente a las comisiones de investigaciones parlamentarias pactadas por PSOE y Junts para detectar supuestos casos de ‘lawfare’ y depurar responsabilidades.
El fiscal general señala en su misiva que el Ministerio Fiscal, órgano de relevancia constitucional integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, entre cuyas misiones destaca la defensa de la legalidad, «debe respetar el principio de separación de poderes consustancial al Estado de Derecho y evitar cualquier injerencia en las funciones constitucionalmente atribuidas a cada uno de los tres poderes del Estado».
«Es por ello que nuestra norma estatutaria prevé como una de nuestras primeras funciones la de velar por el respeto de las instituciones constitucionales y los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa», apunta.
García Ortiz sostiene que «cualquier posicionamiento» del Ministerio Público respecto de una futura amnistía de los hechos acaecidos en Cataluña en relación con el proceso independentista «exige conocer» la definitiva norma que la regule una vez forme parte de nuestro ordenamiento tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Y añade que el posicionamiento -en todo caso técnico-jurídico- de la Fiscalía española, «se realizará a través de los cauces estatutarios y en los procedimientos en los que se demanda nuestra intervención».
«En consecuencia, el fiscal General del Estado ha de mantener una posición pública que refuerce el principio de imparcialidad del Ministerio Fiscal en virtud del cual actúa con plena objetividad e independencia», manifiesta.
Álvaro García Ortiz también indica que la observancia del derecho vigente y la sujeción al principio de legalidad constituyen mandatos imperativos para el Ministerio Fiscal, en ocasiones desarrollados en las más difíciles condiciones, lo que aumenta el valor añadido del cumplimiento de la misión constitucional que los fiscales de nuestro país tienen encomendada.
Y concluye su misiva señalando que el fiscal general del Estado, quien ostenta la jefatura superior y la representación del Ministerio Fiscal en todo el territorio español, «es la mejor garantía de nuestro quehacer diario y velará siempre por la autonomía de quienes han ejercido y ejercen como fiscales en defensa de la legalidad, de los valores y principios constitucionales y, en definitiva, de las instituciones democráticas».
