La Asociación de Fiscales (AF) ha contestado este martes a las críticas de Unión Progresista de Fiscales (UpF) y Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Unas críticas en las que ambas asociaciones, hace apenas unos días, exigían la “dimisión del presidente y vocales del Consejo” para forzar así la renovación del órgano judicial, en funciones desde hace cinco años.
Y es que JJpD y UpF consideraban que la situación de bloqueo del CGPJ estaba provocando el “desprestigio” de la institución. “Está en franca descomposición. Hay un vergonzante abandono de funciones propias e imprescindibles” destacaban las formaciones críticas con la situación del Consejo.
Unas palabras que ahora han sido contestadas por la AF, que no ha dudado en defender a los integrantes del CGPJ. Y lo ha hecho basándose en las “reglas del juego” marcadas por la Ley Orgánica 4/2013 de 28 de junio de reforma del Consejo General del Poder Judicial.
Una responsabilidad de renovación del CGPJ que recae en las Cámaras
«El artículo 568.1 de la LOPJ destaca que “El Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cinco años, contados desde la fecha de su constitución. Los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo».
Así lo recuerda la AF que explica que, en la nueva regulación del 2013 sobre la renovación del Consejo, en su preámbulo, deja claro que son Congreso y Senado las que deberán trabajar para evitar el «bloqueo en la constitución» del nuevo CGPJ.
A través de la normativa, la Asociación de Fiscales recuerda, al resto de asociaciones y a los partidos políticos, que la actual situación del Consejo se debe a la falta de acuerdo en las Cámaras, y no a la voluntad de sus integrantes.
«Sólo si ambas Cámaras no proceden a designar a los Vocales que les corresponde, el Consejo continuará actuando en funciones hasta el momento en el que una de ellas cumpla con el mandato legal. Siendo así, las Cámaras pueden en todo momento evitar una situación manifiestamente inadecuada para el correcto funcionamiento de las instituciones como es ésta» recuerda la AF, aprovechando lo estipulado en la LOPJ.
Un mandato ante el que, sin embargo, «el silencio sobre las mismas (las Cámaras) resulta elocuente» critican desde la AF.
Y es que la Asociación de Fiscales destaca que ninguno de los presidentes de Congreso y Senado han adoptado medidas para conseguir la renovación del CGPJ, «a pesar de que ambas cámaras disponen de la documentación necesaria para iniciar el proceso».
La politización del bloqueo que rompe la división de poderes
Falta de respuesta por parte de las Cámaras a esta situación que, para la AF, parece estar excusándose en causas políticas por parte de JJpD y UpF.
«Se acude a lo que el comunicado tilda de excusas que opone el Partido Popular cuando en realidad ninguna intervención se atribuye por la LOPJ a los partidos políticos en esta materia» critican desde la AF.
Una cuestión política en la que la Asociación de Fiscales se cuestiona por qué las asociaciones «habilitan a los partidos políticos para tareas de las que están excluidos».
«¿Por qué se llama a esta a quienes no tienen, ni deben tener, participación alguna en este asunto?» claman desde la AF sobre la renovación del CGPJ.
Una ruptura de la separación de poderes, e intromisión política, que «molestan a algunos», pero sólo en el caso de que los informes sean «contrarios a los gustos del propio sector, como es el caso de la llamada proposición ley de amnistía».
También el caso del rechazo del Consejo al nombramiento de Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado. Una decisión criticada por encontrarse el CGPJ en funciones, pero que no se cuestionó hace un año, cuando el Consejo emitió un informe preceptivo.
«Por Acuerdo del Pleno del CGPJ se consideró que don Álvaro García Ortiz no resulta idóneo para el cargo de Fiscal General del Estado. El mismo CGPJ en funciones […] informó sobre el Sr. García Ortiz hace apenas un año y medio entendiendo entonces que era idóneo para el cargo. Sin embargo, en aquel momento el hecho de estar en funciones no pareció a nadie un obstáculo».
Una búsqueda de introducir la política en esta cuestión judicial que, para la AF, es el verdadero motivo del desprestigio del CGPJ, así como del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal.
«La franca descomposición de este órgano, que dicen constatada, es el destino de un viaje iniciado para acabar con el principio de separación de poderes» sentencian desde la AF.
