Las acusaciones populares personadas en la Audiencia Nacional en la causa contra los 13 miembros de los grupos subversivos separatistas Comités de Defensa de la República (CDR) y Equipo de Respuesta Táctica (ERT) han presentado su escrito de acusación en el que solicitan penas que van de los 8 a los 33 años por los delitos de rebelión, terrorismo, tenencia y fabricación de explosivos, desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, daños, y otros delitos relacionados con la seguridad del Estado.
Estos 13 acusados se encuentran en el paquete de futuros amnistiados contemplado en el proyecto de ley de amnistía, presentado por el grupo socialista en el Congreso de los Diputados para obtener el apoyo de los 7 votos de los independentistas de Junts en la investidura de Pedro Sánchez.
La firma Fuster-Fabra Abogados, que representa a la Asociació Catalana de Victimes D’Organitzations Terroristes (ACVOT), la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la Asociación Dignidad y Justicia, la Asociación Española de la Guardia civil (AEGC), la Asociación Unificada de la Guardia civil (AUGC) y el partido político VOX, detalla la participación de los acusados en la creación y operación de los Comités de Defensa de la República (CDR) y el Equipo de Respuesta Táctica (ERT), así como su presunta participación en acciones violentas y subversivas.
De acuerdo con Fuster-Fabra Abogados, los CDR se constituyeron como una organización independentista de carácter criminal, que organizaba acciones de naturaleza delictiva-terrorista en el territorio catalán.
Durante el tiempo en que estuvieron activos mantuvieron una organización estable y permanente en el tiempo, con roles y funciones específicamente definidas, y se relacionaban a través de una jerarquía y coordinaban entre sí, mostrando una unidad en la dirección y ejecución de sus acciones con el fin de cometer delitos.
El ERT, por su parte, surgió para alcanzar la independencia de Cataluña «por cualquier vía, incluidas las violentas», y se describe su organización jerárquica y sus actividades violentas, incluyendo la fabricación de explosivos y la realización de atentados.
LAS ACCIONES SUBVERSIVAS DE LOS CDR Y EL ERT
Y detalla varias de ellas. En concreto la ocupación del aeropuerto de Barcelona el 14 de octubre de 2019 con la finalidad de paralizar la actividad de la infraestructura provocando la cancelación de 110 vuelos, los disturbios violentos consistente en el lanzamiento de objetos frente a las Fuerzas de Seguridad del Estado durante una concentración alentada por los CDR en las inmediaciones de la Delegación del Gobierno en Barcelona y el corte y bloqueo del paso transfronterizo entre España y Francia el día 12 de noviembre de 2019.
El escrito, compuesto de 70 folios, especifica la supuesta participación de cada acusado en los hechos descritos y se detallan las pruebas que respaldan las afirmaciones, incluyendo conversaciones intervenidas, huellas encontradas y otras pruebas materiales, explicitando cómo cada uno de los acusados participó en aciones violentas y subversivas incluyendo la fabricación de explosivos y la realización de atentados.
Asimismo, se detallan las pruebas que respaldan esta afirmación, incluyendo informes de la Guardia Civil y otras indicios materiales.
Las penas solicitadas varían en función de los cargos presentados y la presunta participación de cada acusado en los hechos descritos en el escrito de acusación.
Además se solicita la medida de libertad vigilada durante 8 años para todos los acusados y la condena en costas a los acusados, por ser criminalmente responsables de los delitos cometidos.
Las penas solicitadas son estas: Ferrán Jolis Guardiola, 8 años de prisión e inhabilitación absoluta; Guillem Xavier Dich Palau, 8 años de prisión e inhabilitación absoluta; Xavier Buigas Llobet, 8 años de prisión e inhabilitación absoluta; Eduardo Garzón Bravo, 10 años de prisión y libertad vigilada durante 8 años; David Budria Altadill, 8 años de prisión e inhabilitación absoluta; Clara Borrero Espejo, 8 años de prisión e inhabilitación absoluta; Jordi Ros Sola, 13 años de prisión, libertad vigilada durante 8 años e inhabilitación absoluta; Alexis Codina Barberan, 10 años de prisión, libertad vigilada durante 8 años e inhabilitación absoluta; Germinal Tomás Aubeso, 10 años de prisión, libertad vigilada durante 8 años e inhabilitación absoluta; Esther García Canet, 10 años de prisión, libertad vigilada durante 8 años e inhabilitación absoluta; Sonia Pascual Guilar, 10 años de prisión, libertad vigilada durante 8 años e inhabilitación absoluta; Queralt Casoliva Rocabruna, 10 años de prisión, libertad vigilada durante 8 años e inhabilitación absoluta; y Rafael Joaquín Delgado López, 33 años de prisión, inhabilitación absoluta y libertad vigilada durante 8 años.
