La Abogacía del Estado ha presentado un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo (TS) donde pide dejar sin efecto la sentencia por la que tumbó el nombramiento de la ex ministra socialista Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado al considerar que no cumplía con el requisito legal de ser una jurista de reconocido prestigio.
El incidente de nulidad denuncia una supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por reconocer la legitimación de una fundación –Hay Derecho– para impugnar un nombramiento de este tipo ante la Justicia, según avanza Infolibre y han confirmado fuentes jurídicas.
Cabe recordar que los incidentes de nulidad son acciones excepcionales basadas en la vulneración de derechos fundamentales durante el procedimiento judicial que rara vez prosperan.
Además, constituyen el paso previo para acudir en amparo al Tribunal Constitucional (TC).
Fue el pasado 30 de noviembre cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS anuló el nombramiento de Valerio estimando un recurso presentado por Hay Derecho al considerar que no cumple uno de los dos requisitos legales: el de ser «jurista de reconocido prestigio».
Los magistrados indicaron que la ley fija que quien ocupa este puesto debe ser «jurista de reconocido prestigio» y tener experiencia en asuntos de Estado, siendo necesarios ambos requisitos.
Sobre este segundo, afirmaron que no hay duda de que Valerio cumple, dada su «notoria y sobresaliente trayectoria» como ministra, diputada, consejera, teniente de alcalde y concejal, entre otras responsabilidades públicas.
Sin embargo, señalaron que esa «carrera funcionarial meritoria» no es suficiente para considerarla jurista de reconocido prestigio, algo que «solamente se gana con el tiempo, con una práctica prolongada gracias a la cual se mantiene y acrecienta el crédito obtenido».
El Poder Judicial recuerda que ésta cuestión es su competencia
El Gobierno cuenta con un plazo de dos meses, a contar desde la notificación del fallo, para acatar la orden del Supremo.
La semana pasada, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ya avanzó que, si bien el Ejecutivo respeta las decisiones judiciales, «en este caso» no la comparte. «Es la primera vez en la historia que la justicia invalida un nombramiento realizado por el Gobierno, además a petición de una denuncia de una institución privada. Lo reitero, máximo respeto, pero esto tampoco es un ejemplo de la separación de poderes», dijo.
A raíz de dichas declaraciones, fuentes del alto tribunal consultadas recordaron que compete al Poder Judicial controlar la legalidad de los actos administrativos del Ejecutivo.
