El ministro de Justicia, Félix Bolaños, también se ha pronunciado este martes sobre las comisiones de investigación de «lawfare» comprometidas por PSOE y Junts que parecen estar sembrando grandes dudas dentro del Poder Judicial.
Algo que se ha podido comprobar en el último informe publicado por la Asociación Judicial Francisco de Victoria (AJFV), entregado este martes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Y es que, según este informe, los abogados llamados ante las Cortes por estas comisiones «no solo tienen el derecho a negarse a comparecer para informar sobre sus actuaciones como tal, sino que está obligado a ello, a fin de preservar la independencia judicial y la separación de poderes».
Una situación ante la que ahora ha actuado el triministro del Gobierno, Félix Bolaños, que ha aclarado que los jueces «no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación».
Así pues, el ministro de Justicia ha asegurado que esta asistencia «tampoco tendría ninguna utilidad».
Tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro ha explicado que del «marco legal y constitucional que regula las comisiones de investigación se deriva que las comisiones de investigación no pueden ni revisar resoluciones judiciales ni vincular a los tribunales».
«La propia ley también establece que los jueces y magistrados no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación y no tienen obligación de asistir porque lo dice la ley, pero es que además tampoco tendría ninguna utilidad», ha explicado.
Y esto es así, ha señalado el ministro, «porque todo el conocimiento que tienen los jueces y magistrados de esas causas penales es por haber sido los jueces y magistrados de esos procedimientos». «Y es justo lo que la ley prohíbe, que se pueda revelar, por tanto yo creo que este debate, solo de la lectura de la Constitución, de la ley orgánica del Poder Judicial y del propio reglamento del Congreso, es un debate que se resuelve con mucha claridad», ha zanjado.
Cabe recordar que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) discutirá en su Pleno de este jueves la legalidad de las comisiones de investigación parlamentarias recién creadas para detectar supuestos casos de ‘lawfare’, a petición de los vocales conservadores, los cuales consideran necesario que el órgano adopte un «rotundo posicionamiento» contra el «acoso» a jueces y magistrados.
El origen de las mismas parte del acuerdo alcanzado por el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Un acuerdo donde se habla de crear comisiones de investigación cuyas conclusiones «se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto ‘lawfare’ o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad».
Esa coletilla final ha hecho temer tanto a los jueces como a los fiscales que participaron en las causas que se verán afectadas por la amnistía que se emprendan acciones en su contra, lo que ha llevado a los cuatro fiscales del juicio del procés’, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno, a pedir «amparo institucional» al fiscal general del Estado, Álvaro García Estado. Un asunto que se debatirá el próximo día 20 en el Pleno del Consejo Fiscal.
Bolaños también ha hablado de Pegasus
Por otro lado, Bolaños también ha sido cuestionado acerca de si el Gobierno procederá a desclasificar documentos relacionados con el uso del software de espionaje Pegasus por parte del CNI. «Hay un compromiso público del Gobierno que viene de atrás y es que en este asunto transparencia absoluta», ha respondido.
En esta línea, el ministro ha recordado que el Ejecutivo se comprometió «a que si un juez pedía la desclasificación y no afectaba a la seguridad nacional» procedería a la misma. «Porque lo que queremos es que se aclare», ha insistido, recordando que «una de las víctimas de estos procedimientos fue el propio presidente del Gobierno».
Bolaños se ha referido de esta forma a la causa que la Audiencia Nacional archivó el pasado mes de julio y en la que indagaba en el presunto espionaje que Sánchez y varios de sus ministros sufrió con Pegasus.
«Con la conciencia tranquila y para que se aclare, desclasificaremos lo que nos jueces nos pidan, aunque primará la seguridad nacional», ha concluido.
