El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que renueva a Álvaro García Ortiz en el puesto de fiscal general del Estado hasta 2027, tras pasar el «examen» el pasado jueves ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
En su comparecencia, García Ortiz defendió su idoneidad para el puesto y cargó contra el Tribunal Supremo, por acusarle de «desviación de poder» por ascender a su predecesora, Dolores Delgado, y contra los vocales del Consejo General del Poder Judicial que, por mayoría, acordaron que no era idóneo para esta responsabilidad.
En ese marco defendió a los fiscales del ‘procés’ frente a las acusaciones por ‘lawfare’ y reivindicó su silencio sobre la amnistía: No soy un «opinador político», dijo.
García Ortiz fue designado para el puesto el 19 de julio de 2022, después de que Delgado anunciara su dimisión por razones de salud tras la operación de espalda a la que se sometió en abril de ese año.
Desembarcó en la jefatura de la Fiscalía General del Estado (FGE) procedente de su Secretaría Técnica, donde ejerció como ‘mano derecha’ de Delgado. Desde esa responsabilidad propuso al Gobierno que nombrara a la exfiscal general del Estado fiscal de sala del Surpemo, la máxima categoría de la carrera fiscal.
Desde su llegada García Ortiz ha sido objeto de críticas por su estrecha relación con Delgado, rodeada también por la polémica por convertirse en fiscal general del Estado inmediatamente después de abandonar el Ministerio de Justicia.
