La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tendrá la última palabra sobre la querella interpuesta por 13 afectados de toda España, de toda España, contra el Grupo Herrero Brigantina cuya instrucción fue rechazada por el Juzgado Central 5, del que es titular el magistrado Santiago Pedraz, al considerar que le corresponde al Juzgado de Instrucción 4 de Salamanca llevar a cabo la investigación.
El representante legal de los 13 afectados, José Luis Ortiz, socio director del Bufete Ortiz Abogados, ha presentado hoy un recurso de apelación ante dicha Sala de lo Penal por considerar que se dan las condiciones establecidas por el Pleno no jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 30 de abril de 1999.
En dicho Pleno se acordó que «la exigencia generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia ha de ser interpretada finalísticamente en función de la posibilidad de instrucción, valorando la trascendencia económica así como si la necesidad de una jurisdicción única sobre todo el territorio nacional servirá para evitar dilaciones indebidas».
En el acuerdo del Alto Tribunal se recuerda que el término «defraudaciones», empleado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, tiene que ser interpretado en sentido material y no estrictamente formal, referido únicamente a las figuras delictivas incluidas por el legislador.
LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL SUPREMO ES APLICABLE A ESTA QUERELLA
El abogado considera, en el recurso de apelación, que la referida doctrina jurisprudencial encaja como un guante a la querella que interpuso el pasado mes de octubre y que afecta a 12 personas y a una empresa por una supuesta estafa que suma un total de 2 millones de euros.
«Existen sobrados indicios de que los afectados por las operaciones defraudatorias investigadas son una pluralidad de personas que puede calificarse de generalidad, distribuidas en diferentes territorios de varias Audiencias, incluso diferentes Comunidades Autónomas (los querellantes proceden de Mallorca, Valencia, Madrid, Castellón, La Coruña, León, Guipúzcoa, Marbella, Canarias, Córdoba, Salamanca y Barcelona, por citar a algunos de los grandes afectados)», refiere en su recurso.
El magistrado Pedraz acumuló esta querella a otra causa de Salamanca porque consideró que los hechos investigados guardaban “directa relación o analogía” con los que investigaba su compañero de esa ciudad, que había elevado la causa a la Audiencia Nacional por considerar que era de su competencia.
Sin embargo, el magistrado del Central de Instrucción 5, consideró que la investigación de Salamanca estaba inconclusa y la devolvió a su origen.
Al rechazar el magistrado la competencia de la Audiencia Nacional, la causa de los clientes de Ortiz quedó fuera de ese órgano judicial.
El abogado intenta ahora que dicha causa regrese a la Audiencia Nacional por considerar que es competente.
Después de la inadmisión de esa querella el Ortiz interpuso una segunda querella ante este mismo órgano judicial, también de afectados por la presunta estafa del Grupo Herrero Brigantina. En este caso en representación de 70 personas, que va a ampliar a 300 por un monto total que podría elevarse a los 10 millones de euros.
