Nueva querella de 70 personas contra el Grupo Herrero Brigantina ante la Audiencia Nacional por 5 supuestos delitos
Próximamente se ampliará el número de querellantes. Serán 300. Ante la Audiencia Nacional. Por cinco serios delitos. De toda España. Foto: Confilegal.

Nueva querella de 70 personas contra el Grupo Herrero Brigantina ante la Audiencia Nacional por 5 supuestos delitos

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03/1/2024 18:57
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Actualizado: 04/1/2024 13:05
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El abogado gaditano, José Luis Ortiz, tras ver cómo la anterior querella contra los responsables del Grupo Herrero Brigantina ha quedado varada en el Juzgado de Instrucción 4 de Salamanca, ha interpuesto hoy una nueva querella, otra vez ante la Audiencia Nacional, por los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, apropiación indebida, falsedad documental e intrusismo.

Esta vez lo ha hecho en nombre de 70 personas de los cuatro puntos cardinales de España, y una empresa. En la misma solicita que se imponga a los querellados una fianza de 10 millones de euros «para cubrir las responsabilidades» en las que han podido incurrir.

Próximamente habrá una ampliación de querella que sumará hasta 220 personas más, ha explicado.

En total serán 300 querellantes.

Con esto, Ortiz considera que, con ello, se cumple lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que la Audiencia Nacional asuma la competencia ya que los delitos afectan a una pluralidad de personas de todos el territorio nacional y –aunque esto es secundario– los productos financieros supuestamente estafados son complejos.

Los querellantes proceden de Mallorca (200.000 euros), Valencia (100.000 euros), Madrid (120.000 euros), Castellón (500.000 euros), Coruña (181.000 euros), León (453.000 euros), Guipúzcoa (105.000 euros), Marbella (50.000 euros), Canarias (54.000 euros), Córdoba (100.000 euros), Salamanca (200.000 euros) y Barcelona (170.000 euros), por citar algunos de los grandes afectados, aunque también una multitud con cantidades que van de los 70.00 a los 65.000 euros, pero también los hay de 12.000 y 6000 euros.

Una querella anterior interpuesta, también ante la Audiencia Nacional, en nombre de 13 clientes, fue acumulada a otra que llevaba el Juzgado de Instrucción 4 de Salamanca por el titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Santiago Pedraz, porque los hechos denunciados eran los mismos. Una decisión que posiblemente será recurrida ante en apelación ante la Sala de lo Penal de ese órgano judicial.

LOS QUERELLADOS ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL

Los querellados en esta segunda querella son Juan González Herrero, CEO de la empresa Herrero Brigantina; Kelly Johana Galeano Orrego, vicepresidenta y directora general de Operaciones y Recursos Humanos de Herrero Brigantina –esposa del anterior–; Óscar Torres Cascudo, consejero y letrado asesor; Samuel López López, vicepresidente segundo; Benjamín Suárez García, miembro del Consejo de Administración de la empresa NAIBC; Jorge Cantón Vázquez; Antonio Lamas Domonte; Olga López López; Mónica Diéguez y Macarena Bueno.

También contra las personas jurídicas Herrero Brigantina Servicios Crediticios SAU, North Atlantic Insure Broker CO S.A, (NAIBC), Broker Asegurador de Ultramar SLU y Actualidad Digital Ibérica, S.L.

De acuerdo con el texto de la querella, al que ha tenido acceso Confilegal, el entramado creado por los querellados supuestamente incluyó la creación de productos financieros complejos y empresas ficticias para ocultar la naturaleza del esquema Ponzi –estafa piramidal– y prolongar su operación.

Funcionaba bajo el principio de pagar a los inversores retornos no con las ganancias reales de la inversión, sino con el dinero aportado por nuevos inversores. De acuerdo con los querellantes, prometían altas tasas de retorno en sus inversiones, mucho mayores que las del mercado convencional. Estas promesas atractivas eran clave para captar la atención de nuevos inversores.

Los primeros inversores recibían pagos que se presentaban como retornos de su inversión. Sin embargo, estos pagos no provenían de ganancias reales generadas por el negocio, sino del dinero aportado por nuevos inversores que entraban al esquema.

A menudo, los retornos iniciales generaban confianza, lo que llevaba a los primeros inversores a reinvertir o atraer a familiares, amigos y conocidos al sistema. El esquema dependía de un flujo constante de nuevos inversores para seguir funcionando. Mientras hubiera nuevos aportes, el sistema podía mantener la ilusión de ser un negocio legítimo y rentable.

Eventualmente, la capacidad de atraer nuevos inversores se agotaba, especialmente cuando el mercado objetivo se saturaba o cuando las promesas de retorno se volvían insostenibles. Una vez que el flujo de nuevos inversores se detenía, los pagos a los inversores antiguos cesaban, revelando la naturaleza fraudulenta del esquema.

La mayoría de los inversores terminaban perdiendo su dinero, ya que solo había fondos suficientes para pagar a los primeros participantes. Los últimos en entrar eran los más afectados.

La situación estalló cuando se dejó de pagar a la extensa red comercial.

LAS EMPRESAS DE HERRERO BRIGANTINA NO PODÍAN OPERAR COMO ASEGURADORAS

«Las empresas de Herrero Brigantina, como ya hemos expuesto en los previos, no estaban autorizadas para operar como aseguradoras o empresas de distribución de seguros, este hecho ha sido advertido por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía», dice esta nueva querella.

«Entre otras actividades, Herrero Brigantina vendía planes de pensiones, hipotecas y prestamos, en concreto la empresa NABIC,S.A. tiene como actividad principal la correduría de seguros, y sin embargo, nunca ha emitido contratos bajo la denominación de seguros u otras formas que den a entender que realizan operaciones de seguros o distribución. La citada empresa ofrecía unos productos de inversión que prometían una rentabilidad de hasta el 50 % en 10 años», subraya.

Tras varias investigaciones, se han descubierto más de 35.000 clientes afectados que han perdido su dinero, entre los que se encuentran pymes, autónomos y familias, con sus soluciones de inversión, planes de pensiones, seguros, hipotecas y préstamos. La cifra supuestamente defraudada podría llegar a los 40 millones de euros.

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