El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, que investiga la causa por el fallecimiento de los dos militares en diciembre durante unas maniobras en la base de Cerro Muriano ha dictado un auto en el que acuerda su inhibición en favor de la jurisdicción militar al considerar que ésta es la competente para ello, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Al respecto, la Fiscalía Provincial considera que «la jurisdicción militar es la competente para continuar con la investigación» de este caso, según comunicó el Ministerio Público en un informe remitido al Juzgado de Instrucción.
De hecho, el Juzgado Togado Militar Territorial número 21, con sede en Sevilla, pidió a Instrucción que se inhibiera a su favor. Las familias de ambos militares están personadas en las diligencias.
Entretanto, este lunes ha trascendido que unos 20 militares de los 60 que iban a hacer maniobras en el lago de la base militar, sede de la Brigada ‘Guzmán el Bueno’ X, el día 21 de diciembre supuestamente llevaban sobrecarga en sus mochilas «como castigo por la mala ejecución de un ejercicio durante la instrucción previa», entre ellos el soldado Carlos León Rico, de 24 años y natural de El Viso del Alcor (Sevilla), que falleció en el acto, junto al cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, de 34 años de edad y natural de Adamuz (Córdoba).
Así lo ha confirmado en base a las diligencias del caso el abogado Luis Romero, que representa al soldado sevillano, de forma que «casi la mitad de los soldados cargaba desde dos semanas antes del siniestro con lastre en su mochila», concretamente una mina inerte en su macuto, mientras que los mandos, ni los soldados de la segunda sección portaban dicho peso extra, que presuntamente fue colocado por el mando.
El soldado Carlos León Rico, de 24 años, estaba a punto de terminar la instrucción requerida por Defensa para el ingreso en el Ejército de Tierra. Había dejado su carrera de Derecho para incorporarse al Ejército.
Ya había culminado las dos primeras fases de formación en el Centro de Formación de Tropa, número 1, ubicado en Cáceres y hacía poco más de mes y medio que había llegado a la Base de Cerro Muriano para completarla en la unidad de destino.
Mientras, el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar estaba casado y esperaba un hijo. Había ingresado en el Ejército en 2011 y tenía dos condecoraciones al mérito tras haber participado en las misiones de Líbano y Letonia.
Los militares están recibiendo atención psicológica y los testigos del siniestro están siendo llamados a declarar dentro de las diligencias previas abiertas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba.
LA RESPONSABILIDAD
El abogado del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar considera que la responsabilidad de los hechos está en los mandos inferiores. El letrado José Antonio Cumplido ha expresado que es «un planteamiento erróneo» centrarse en la cadena de oficiales y ha defendido hacerlo en la de «los suboficiales, el sargento o el teniente que dieron la orden y que eran los que tenían que tener en cuenta que se diesen todos los requisitos de seguridad que no se llevaron a cabo».
Y el abogado de la familia del soldado Carlos León Rico, Luis Romero, ha presentado denuncia contra el capitán responsable del ejercicio y sus tres superiores inmediatos.
El letrado ha informado de que la denuncia se dirige contra dicho capitán, retirado del mando por el Ejército de Tierra a cuenta de los hechos; el teniente coronel inmediatamente superior a él, un coronel y un general, con petición de que todos ellos sean llamados como investigados en el procedimiento judicial.
Las diligencias previas, según el letrado, giran en torno a la supuesta comisión de dos delitos de homicidio imprudente, toda vez que ambos efectivos fallecieron ahogados en un lago de la base, realizando un ejercicio práctico.
