Opinión | Narcolanchas y violencia de género

Muchos lectores se preguntarán qué narices tiene que ver una cosa con la otra.

Al igual que ha hecho Alfonso Guerra en 2019 al declarar que los miembros del Tribunal Constitucional prevaricaron en 2008 con la STC 59/2008, de 14 de mayo de 2008, justo cuando han pasado más de 10 años y ya han prescrito dichos delitos, he decidido hacer lo mismo con esta historia.

He esperado a que hayan prescrito las posibles responsabilidades de los miembros de la SES y de determinados miembros de un Colegio de Abogados, por colaboración con bandas de narcotraficantes de drogas, para contar esta historia.

Hace muchos años, estuve muy involucrado en la lucha contra la violencia que sufrían muchas mujeres a las que no se les hacía caso cuando iban a una comisaría.

Con la aprobación en 2004 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, decidí junto a otros juristas que debía tomar partido por el grupo de personas cuyos derechos humanos se vulneraban por la aprobación de dicha ley, como son todos los hombres que residen en España.

Por eso, un día determinado de 2007 un alto cargo de la Guardia Civil se puso en contacto conmigo por haber sufrido una denuncia de violencia de género de la que resultó más tarde absuelto, al considerar el Juzgado de lo Penal que la denuncia era espuria o falsa.

A raíz de esta terrible experiencia, entre nosotros surgió un cierto grado de amistad y complicidad.

Complicidad para luchar contra las injustas leyes que la ideología de género estaba instaurando en España. Leyes que se elaboran y aprueban contra la mitad de sus ciudadanos por el hecho de haber nacido varones.

Tras varios encuentros, mi amigo me propone que estudiara cómo acabar en la zona bajo su mando con tantas denuncias instrumentales o falsas de malos tratos.

Me puse a trabajar en ello de forma desinteresada y junto con algún amigo psicólogo forense por aquí y algún psiquiatra forense por allá, elaboramos una lista de 7 preguntas de control basadas en las experiencias y protocolos elaborados por Arce y Fariña en 2005  [i] y otros [ii].

El alto mando de la guardia civil había hecho un pequeño estudio estadístico de las denuncias que se presentaban en la zona costera que dirigía, y se sorprendió de que el 92% de las denuncias por supuestos malos tratos se producían a la caída de las tardes-noches y la mayoría (un 70%) se producían los viernes.

Años más tarde, este tipo de dato se confirmaba por diferentes estudios.[iii]

La cuestión es que este alto cargo de la Guardia Civil decidió formar a los guardias civiles sobre todo esto, para que cuando una mujer fuera de denunciar malos tratos, se pudiera realizar la entrevista con preguntas de control que habíamos preparado.

El primer protocolo de actuación policial sobre malos tratos fue la Instrucción 5/2008, pero aún no se había puesto en práctica. Por ello, el “sistema” que nosotros habíamos elaborado era legal y cumplía con la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y con la LECRim.

Cuando una mujer llamaba al cuartelillo de la Guardia Civil se movilizaban todos los coches disponibles y acudían varios “números” a la llamada de auxilio. Luego pasaban a detener al supuesto agresor y a llevar a la mujer bien al cuartelillo o bien a un hospital o a un centro de salud de urgencias.

El sistema de valoración de riesgo de viogén creado en 2004 funcionaba bastante mal y muchos policías no sabían manejarlo bien o se estimaba la situación de riesgo de forma muy subjetiva.

Empezamos en 2007 a usar el sistema de entrevista semiestructurada que habíamos elaborado para detectar denuncias instrumentales o “dudosas”.

En primer lugar, no acudían seis o más policías al lugar de los hechos, sino sólo dos. El resto estaban a “otros menesteres”.

Tras la primera entrevista en el lugar de los hechos, se decidía actuar o decirle a la denunciante que acudiera por sus medios al día siguiente a la comisaría o cuartelillo. Tampoco se detenía al supuesto infractor si las circunstancias no estaban claras.

En 8 meses que estuvo el sistema funcionando el ahorro en horas extras, “palotes”, combustible, etc. fue muy significativo en las diferentes comandancias.

Por otro lado, las diligencias remitidas a los Juzgados por este tipo de delitos se redujeron un 72%. Las demás se hicieron constar como diligencias de intervención.

Tras esos meses y a raíz de una denuncia de una asociación de abogados/as contra la violencia de género de la zona ante el colegio de abogados de la provincia en cuestión, un alto cargo de la SES del Ministerio del Interior remitió a nuestro amigo guardia civil una petición de un informe del por qué habían disminuido estos casos de forma tan espectacular en su “zona”, ya que el Colegio de Abogados a través de la delegación del gobierno, había pedido estas explicaciones.

El resumen del informe que se remitió a la SES decía que:

1º.- Sí. Los casos de denuncias de malos tratos habían disminuido hasta un 72% de media y de forma progresiva en esos 8 meses, siendo el caso que este porcentaje fue de un 83% en el último mes.

2º.- Asimismo, la apertura de diligencias y remisión a los Juzgados de guardia por posible simulación de delito y/o denuncia falsa habían aumentado un 43%.

3º.- La conclusión más importante del informe es que las aprehensiones de drogas en las playas habían aumentado un 135%, ya que la costa estaba mejor vigilada que antes.

Tras este informe, la SES ordenó que dejara de usarse el sistema o protocolo que se estaba usando en la zona y la misma SES elaboró y publicó la Instrucción 5/2008 antes referida y que puede Ud. consultar en la página del Ministerio del Interior.

En esta instrucción no aparece ningún sistema de “control” sobre la credibilidad del testimonio de la denunciante, como sí se aplica a las personas que denuncian un robo o un hurto de un teléfono móvil, por ejemplo.

Nuestro amigo decidió investigar un poco qué había pasado y cómo se había tramitado dicha denuncia y de qué forma.

Resulta que los y las integrantes de la asociación de abogados contra la violencia de género que había redactado la “denuncia” contra nuestro “sistema” eran sólo cinco abogados y coincidían con los nombres de los abogados/as de los narcotraficantes habituales de la zona.

Ya han pasado más de 15 años, y como Alfonso Guerra en 2019, me atrevo hoy a publicar esta historia, ya que los implicados en toda ella ya están jubilados (salvo los/as abogados/as, que nunca de jubilan) y todo a raíz de las últimas tristes noticias sobre cómo nuestro actual gobierno tiene abandonada a la guardia civil de medios para la lucha contra el narcotráfico.

[i] Arce, R., y Fariña, F. (2005). El Sistema de Evaluación Global (SEG) de la credibilidad del testimonio: Hacia una propuesta integradora. En R. Arce, F. Fariña, y M. Novo (Eds.), Psicología jurídica (pp. 101-118). Santiago de Compostela: Consellería de Xustiza.

[ii] https://www.grin.com/document/4442

[iii] https://www.diariodeleon.es/bierzo/140211/636658/casos-malos-tratos-surgen-fines-semana.html