Opinión| Graduados sociales, profesionales de la Justicia Social en España

En el Día Mundial de la Justicia Social, que celebramos este 20 de febrero, es imprescindible reconocer el papel transformador que el colectivo profesional de los graduados sociales ha tenido en el desarrollo y consolidación de la Justicia Social en España como herramienta de cohesión, diálogo y progreso del conjunto de la sociedad.

A lo largo de casi un siglo, nuestra actividad ha sido decisiva en la conquista de derechos y de bienestar y, a su vez, de progreso económico de personas trabajadoras, familias y empresas.

En este tiempo hemos visto muchos cambios y hemos colaborado en su correcta incorporación, como el que introduce la reforma del artículo 49 de la Constitución que acaba de ser reformado para actualizar el lenguaje en relación con las personas que tienen algún tipo de discapacidad.

De la incorporación de España a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1919 y la transposición normativa de los tratados internacionales vinculados a las relaciones laborales, surge la necesidad de dar a conocer ese cuerpo legal a los principales beneficiarios, las personas trabajadoras.

Por tanto, con la fundación, pocos años después, de la Escuela Social con ese noble objetivo, nace una profesión dedicada a la Justicia Social, el derecho laboral y la seguridad social. Este hito no solo significó la emergencia de una nueva disciplina profesional sino también el reconocimiento de la necesidad de contar con mediadores especializados en las relaciones laborales y la protección social, más allá de los mecanismos convencionales que, hasta ese momento se habían mostrado insuficientes para garantizar una necesaria paz social.

Con el paso de los años, los graduados sociales han sido actores en los sucesivos cambios sociales, económicos y políticos de España.

En 1950, la profesión obtuvo reconocimiento oficial, lo que consolidó su importancia y estableció un marco regulador para su práctica. Este reconocimiento fue seguido por la creación de los Colegios de Graduados Sociales en 1956, instituciones que hasta el día de hoy siguen velando por la ética profesional, la formación continua y la representación de sus miembros ante la sociedad y el Estado.

Además, la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su reforma de 2015, reconoce a los graduados sociales, junto a abogados y procuradores, como una de las tres profesiones jurídicas.

La labor de los graduados sociales se ha centrado en la defensa de los derechos laborales y la promoción de la Justicia Social. Han sido fundamentales en la implementación y el desarrollo de la legislación laboral y de seguridad social en España, contribuyendo a la creación de un entorno de trabajo más justo y equitativo, ayudando también a que las empresas se adapten .

Su labor ha impactado positivamente en la vida de millones de trabajadores, asegurando el respeto a sus derechos, la mejora de sus condiciones laborales y el acceso a la protección social. 

La más que demostrada competencia y eficacia de la labor de los graduados y graduadas sociales a lo largo de estos años ante todas las instancias, administrativas y judiciales, son argumento suficiente para lograr, definitivamente, nuestra participación activa en la justicia gratuita o poder actuar en defensa de los intereses de nuestros clientes en los recursos de casación ante el Tribunal Supremo. Normalizar la realidad es también una forma de avanzar más en la Justicia Social.

Compromiso renovado con la Justicia Social

Además, como expertos en relaciones laborales y recursos humanos, nuestra visión y formación especializada y a la vez, transversal, nos ofrece una perspectiva única para contribuir a hilvanar el futuro de la Justicia Social en España. 

Mirando hacia el futuro, los graduados sociales afrontamos con compromiso y determinación los nuevos desafíos a los que se enfrentan el mundo del trabajo, las administraciones públicas y la propia Justicia.

La revolución digital y la introducción de la inteligencia artificial en el mundo laboral abren nuevas áreas de actuación. Nuestro rol es ahora más crucial que nunca, no solo en la defensa de los derechos laborales tradicionales sino también en la adaptación de estos derechos a las nuevas realidades del trabajo, como la gig economy (sistema de trabajo libre y esporádico), el teletrabajo y otras realidades emergentes.

La tecnología, aunque ofrece herramientas para una gestión más eficiente y ágil de la justicia, también plantea preguntas sobre la ética, la privacidad y el mantenimiento de la equidad en un mundo cada vez más digitalizado.

Los graduados sociales tenemos el compromiso de participar en este proceso y tutelar la integración de estas tecnologías, asegurando que se utilicen de manera que fomenten la justicia social y protejan los intereses de los trabajadores. Esta es una forma más de renovar el compromiso social del que se deriva nuestra fundación como profesión.

Desde nuestros orígenes hasta el presente hemos demostrado ser pilares fundamentales en la defensa de los derechos laborales y la seguridad social. Como profesionales, hemos demostrado desde hace casi un siglo nuestra resiliencia, adaptabilidad y un compromiso inquebrantable con la Justicia Social.

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