El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), compuesto por los 83 decanos de todos los colegios de abogados de España, condena la vulneración de la garantía de confidencialidad en las comunicaciones entre las partes la difusión que la Fiscalía hizo de los correos electrónicos intercambiados con el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Y exige que se investigue a fondo lo sucedido para para identificar al autor con el objetivo de «iniciar acciones penales o disciplinarias contra quien corresponda», lo que son palabras palabras mayores pronunciadas por un órgano como este. Cosa que los 83 decanos, que representan a los 148.000 abogados, consideran «imprescindible».
En un comunicado muy duro, el CGAE considera que el Ministerio Fiscal, en este caso, se ha pasado.
Reconoce que es legítimo que la Fiscalía informe sobre hechos aparecidos en medios de comunicación en los que se cuestione su actuación. Pero no puede superar los límites que le impone el artículo 4.5 de su Estatuto Orgánico, y que, en este caso, parecen haber saltado por los aires.
Dichas actuaciones deben que realizarse en el marco de la Instrucción de la Fiscalía 3/2005 de 7 de abril, sobre relaciones del Ministerio Fiscal con medios de comunicación o el Protocolo de conformidades que suscribieron el CGAE y la Fiscalía para impedir que se puedan revelare datos que perjudiquen la posición del investigado.
Protocolo que, en este caso, la Fiscalía no habría cumplido.
El CGAE «requiere», sinónimo de «exige» en un escalón inferior, que se constituya de inmediato una Comisión Mixta Fiscalía General del Estado-Consejo General de la Abogacía Española que revise y actualice el citado Protocolo y que se adopten las medidas oportunas para que no se repitan estas actuaciones.
La Fiscalía tiene que tener el máximo respeto a la confidencialidad de las comunicaciones entre las partes como garantía del Estado de Derecho, concluye.
