El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una iniciativa legislativa para modificar la ley que delimita las competencias de la Audiencia Nacional con el objetivo de que sea este tribunal especial quien aborde los casos de narcotráfico de mayor gravedad, como el de las narcolanchas de Barbate (Cádiz) en el que murieron dos guardias civiles, a pesar de que no estén ramificados en varias provincias.
Así consta en la proposición de ley orgánica, firmada por el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y recogida por Europa Press, en la que se subraya en la exposición de motivos que se ha de clarificar con «urgencia» la redefinición de competencias de la Audiencia Nacional.
Busca evitar «las dudas que en la actualidad vienen produciéndose para en la instrucción y enjuiciamiento de los delitos de narcotráfico de mayor gravedad, cometidos por bandas o grupos criminales con diferentes y evolucionadas formas de actuación, cuando concurran determinadas circunstancias, en muchas ocasiones no asociadas a la pluriprovincialidad».
El PP recoge así la demanda que plasmaba la Fiscalía Especial Antidroga en su memoria de 2022 de redefinir esas competencias. Entonces, el Ministerio Público resaltaba que en los últimos 35 años la delincuencia organizada, especialmente la dedicada al narcotráfico, «ha evolucionado desarrollando una dimensión global, digital y económica sin precedentes, con alianzas entre estructuras criminales transnacionales que superan el obsoleto modelo que atribuye la competencia a la AN en los casos de crimen organizado cuando la actividad delictiva despliega efectos en el ámbito de más de una provincia».
Y resaltaba que las grandes redes internacionales de narcotráfico podían actuar en una sola provincia, aprovechando, por ejemplo, las posibilidades de introducción de droga con destino normalmente europeo o trasnacional en un solo puerto nacional.
«Por más que se trate de la mayor organización con vocación global, con el mayor número de detenciones y el mayor alijo jamás intervenido y utilizando su capacidad económica para corromper funcionarios y empresas, la competencia no será de la Audiencia Nacional y por tanto tampoco de la Fiscalía Especial Antidroga», lamentaba.
Esta condición para que el delito lo asuma la AN, continuaban, ha provocado que «la mayoría de los casos más relevantes de narcotráfico, los relativas a organizaciones que disponen de recursos financieros y manejan mayor volumen de sustancias estupefacciones, no se investigan actualmente en la Audiencia Nacional y, por tanto, la investigación no cuenta con los medios adecuados, incluida la seguridad de sus miembros y la especialización de jueces, magistrados, fiscales, Letrados de Administración de Justicia (LAJs) y funcionarios».
Así, el Ministerio Público ponía el foco en que mientras no se modificara el sistema procesal penal, al menos abogaban porque se tratara con urgencia un cambio en la definición las competencias de la AN que contiene el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en materia de narcotráfico, con el objeto de poder atribuirle la investigación y enjuiciamiento de las grandes causas transnacionales y no las interregionales.
«LA GRAVEDAD» DE LOS HECHOS DE CÁDIZ
Tras recoger los argumentos de la Fiscalía Antidroga, el PP recuerda «la gravedad de los hechos acaecidos en las últimas fechas en Cádiz» –en febrero dos guardias civiles murieron tras ser arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate– , y apunta que los mismos «vienen precedidos de negros y desgraciados antecedentes de una lucha abnegada pero en condiciones de desigualdad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado frente a los delincuentes».
Señala además que este tipo de casos genera un «ingente» trabajo para la fiscalía delegada de Cádiz y para los juzgados y tribunales de la zona, «que demandan recursos adecuados para combatir la multiplicación de delitos de gravedad cometidos por organizaciones criminales del narcotráfico que siembran el terror y buscan crear circunstancias de impunidad».
Por eso, el PP indica que es preciso «que no se retrasen más» algunas de las las reformas legislativas ya reclamadas por la Fiscalía Especial Antidroga.
EL ARTÍCULO 65
Así las cosas, el grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados propone «clarificar la regulación de las competencias de la Audiencia Nacional recogidas en el artículo 65, apartado primero (…) para una mayor eficacia en la investigación y enjuiciamiento de esos delitos».
E incluye en la modificación el blanqueo de capitales «cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas» y «los delitos de trata y tráfico de personas cometidos por organizaciones criminales cuando produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas audiencias».
Igualmente, el PP aprovecha esta iniciativa legislativa para introducir una nueva letra ‘j’ en ese apartado primero del artículo 65 de la LOPJ «para unificar» la competencia de la AN en materia de terrorismo, «subsanando la actual dispersión normativa».
