Siete años después de la caída del Banco Popular, los afectados siguen buscando responsabilidades ante la Justicia. Foto:EP
Los afectados piden la imputación de Saracho por la caída del Banco Popular, mientras Ángel Ron “lucha” por el archivo
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19/3/2024 01:00
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Actualizado: 19/3/2024 11:35
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En este 2024 se cumplen siete años de la caída del Banco Popular. Un desplome de las acciones de la entidad que ni el cambio de Presidencia, pasando de las manos de Ángel Ron a Emilio Saracho, fue capaz de impedirlo. ç
Una caída en picado que acababa con la adquisición del Popular por parte del Banco Santander por la simbólica cantidad de 1 euro.
Desaparición del banco después de 90 años de historia que dejaba más de 7.000 afectados. Pequeños accionistas de la entidad bancaria que se quedaban sin ningún tipo de posibilidad de recuperar el capital invertido.
Afectados que, a través de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), siguen buscando responsabilidades ante la caída del Banco Popular. Y por tanto, de sus acciones.
Una responsabilidad ante la que el Juzgado Central de Instrucción nº4 de la Audiencia Nacional acordó el sobreseimiento provisional de Emilio Saracho, último presidente de la entidad bancaria.
Algo ante lo que la AEMEC ha respondido, en forma de recurso de reforma, buscando impugnar la decisión del juzgado.
“Las actuaciones de Emilio Saracho […] contribuyeron aceleradamente a la resolución del Banco Popular, afectando gravemente a más de 7.000 accionistas perjudicados. La querella original se enfocaba en el presunto proceder desleal de Saracho, sugiriendo que su gestión estuvo orientada a depreciar el valor de las acciones para facilitar su venta […] a pesar de que el banco superaba las pruebas de estrés y tenía un plan de recuperación viable que no fue ejecutado bajo su presidencia”, destaca la querella de la AEMEC a través del abogado Francisco Javier Cremades García.
Los responsables del Banco Popular buscan el sobreseimiento de su situación judicial
Petición de los afectados para que se incluya en las diligencias previas del caso a Emilio Saracho que coinciden con el recurso de reforma presentado por la defensa de Ángel Carlos Ron, expresidente de la entidad hasta poco antes de su caída.
Un recurso que argumenta vehemente la falta de bases sólidas para sostener acusaciones contra Ángel Ron.
«El Banco Popular estaba sometido a un seguimiento continuado permanente por los inspectores y expertos de Banco de España, que tenía pleno acceso a la información», destaca el escrito. Una información que también fue medida por la CNMV.
«A las mismas les correspondía velar por la correcta aplicación de las normas vigentes. Y así lo hicieron. Y en esa labor no puede dirigirse tacha o reproche alguno, y mucho menos a los supervisados», destaca el recurso de reforma. Algo por lo que el abogado José Antonio Choclán Montalvo pide el sobreseimiento y archivo de las acusaciones frente al expresidente.
Un recurso al que se adherían los exconsejeros del Banco Popular Francisco Gómez Martín, Roberto Higuera Montejo y Jorge Oroviogoicoechea Ortega.
La adhesión argumenta que las investigaciones llevadas a cabo durante la instrucción del caso no permiten afirmar, ni siquiera indiciariamente, que haya habido incumplimiento alguno de la normativa bancaria y contable. Tanto es así, que ni los supervisores ni expertos externos identificaron incumplimientos por parte de Banco Popular Español S.A.
Explicación ante la que solicitan la revocación del Auto de 4 de marzo de 2024 y el sobreseimiento y archivo de las actuaciones. Ello, alegando que no se puede sostener la comisión de delitos de falsedad de cuentas o estafa de inversores por parte de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Auditoría de Banco Popular, quienes actuaron con diligencia y lealtad en todo momento.
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