La defensa entiende que se puede mantener la prohibición de vender o enajenar esos bienes pero al mismo tiempo permitir la utilización de los mismos. Foto: Jesús Hellín - Europa Press
Koldo García pide a la Audiencia Nacional que le devuelva la moto y el coche para ir a trabajar y llevar a su hija a clase
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08/4/2024 13:45
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Actualizado: 08/4/2024 13:45
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Koldo García, quien fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la decisión del juez instructor del ‘caso Koldo’ de no devolverle la moto y el vehículo de su mujer.
En su escrito de defensa ha manifestado que son los medios de transporte que tienen para su día a día, como puede ser ir a trabajar o llevar y recoger a su hija de cuatro años al colegio.
Y es que, en febrero de 2024, el Juzgado Central de Instrucción Nº2 acordó «la prohibición absoluta de vender, gravar, obligar o enajenar» respecto de determinados vehículos de la pareja.
El escrito, continúa explicando que «no podemos compartir la extrema dureza que supone para nuestros representados privarles de todo medio de transporte para su quehacer diario y poder continuar con sus labores profesionales, y, sobre todo, para permitir que la hija de mis patrocinados pueda seguir acudiendo al colegio y a sus actividades extraescolares».
Mantener la prohibición de vender, pero permitiendo su uso
En este sentido, entiende la defensa que se puede mantener la prohibición de vender o enajenar esos bienes pero al mismo tiempo permitir la utilización de los mismos. Esto, a su juicio no supone «sino respetar la finalidad que se persigue con la medida cautelar, pues existiendo el bien, siempre podrá responder a las eventuales responsabilidades pecuniarias que pudieran en el futuro recaer».
Cabe recordar que en esta causa, el magistrado Ismael Moreno investiga a siete personas por pertenecer a una presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia.
La Fiscalía Anticorrupción les atribuye a todos presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. En total, están bajo la lupa ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Administración Pública con un importe global de 51.998.434 euros.
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