El Juzgado de Primera Instancia Nº11 de Valencia, en su sentencia 124/2024 de 9 de abril, ha ordenado a la clínica dental Peydró Herrero y a Seguros Bilbao indemnizar con 54.019 euros a una joven por los problemas que le causó un tratamiento de ortodoncia mal pautado. La paciente, del dolor que tenía, no pudo ni acudir al juicio.
Todo comenzó cuando el 4 de julio de 2018 una adolescente menor de edad y sin ninguna patología previa acudió a la clínica para someterse a un tratamiento de ortodoncia llamado Damon System.
Ello con el objetivo de mejorar estéticamente la alineación de sus piezas dentales. Sin embargo, la clínica inició el tratamiento sin que fuese informada ni de forma verbal ni por escrito de los riesgos que tenía. Es decir, no prestó consentimiento informado.
Meses después comenzó a sufrir severos trastornos gastrointestinales y dolores bucales hasta tal punto que, a finales de agosto de 2019, no era capaz de caminar ni permanecer de pie de manera prolongada. También sufría alteraciones emocionales, insomnio, inflamación crónica, desajustes biorritmos, dificultad para comer, desnutrición, parestesias de los labios y trastornos ginecológicos.
Además, los dolores le impedían masticar e ingerir alimentos sólidos, lo que le causó también un síndrome ansioso depresivo que persiste en la actualidad y que le obligó a dejar sus estudios y a encerrarse en casa.
La clínica remitió a la paciente a un fisioterapeuta
Dichos padecimientos, según los abogados que han llevado el caso, Carlos David Gil y Ángel Alfonso Fernández, de Cadan Asociados, se comunicaron reiteradamente a la clínica en las diferentes visitas. Pero los dentistas, al creer que se trataba de una dolencia no articular, sino muscular, le remitieron a su fisioterapeuta de confianza.
Este profesional le aconsejó a la joven retirar la ortodoncia de forma inmediata porque su sistema musculoesquelético no estaba gestionando bien las tensiones y los cambios estructurales del tratamiento.
La paciente, tras sentir que la clínica ignoraba todos sus síntomas, tuvo que acudir a un centro médico donde recibió tratamiento durante meses. Le detectaron un sinfín de patologías. El 11 de noviembre de 2020, la clínica retiró el tratamiento de ortodoncia. No obstante, la mujer continuó con dolores.
La clínica, por su parte, se opuso a la demanda alegando que no se produjo una vulneración de la lex artis y que padecía un previo estado de salud general precario, así como una mala oclusión que le impedía comer bien.
Pues bien, el juez manifestó que no había quedado acreditado ni que se le hubiese dado una información verbal sobre los riesgos del tratamiento, ni que prestase el debido consentimiento informado legalmente exigible.
Por otro lado, también concluyó que sí existió una vulneración de la lex artis porque el informe pericial judicial reveló que antes de iniciar el tratamiento tenía una apertura normal, no tenía dolor y no presentaba una subluxación articular ni dolor en la articulación temporomandibular.
Lo que presentaba antes del tratamiento era una osteoartritis de la articulación temporomandibular, por lo que el odontólogo incurrió en mala praxis ya que pese a saberlo, le puso el aparato en vez de remitir el caso a un cirujano maxilofacial. Mala praxis que acabó ocasionando la subluxación discal mandibular que sufre actualmente.
Un caso difícil sumamente complejo
Para los letrados ha sido un caso sumamente complejo en el que han formado equipo con «unos excelentes peritos» sin los cuales «no hubieran podido demostrar la mala praxis que cometió la clínica Peydró Herrero».
Ello sin olvidar que han sido más de 2 años de intenso trabajo en el que hubo que recopilar y presentar una ingente cantidad de pruebas documentales. Era difícil establecer el nexo causal entre las múltiples patologías que sufría nuestra cliente y el tratamiento de ortodoncia, explican.
Comentan que darle esta noticia a la joven ha sido muy satisfactorio porque, aunque no pudo ir al juicio por los fuertes dolores, por primera vez en mucho tiempo está feliz. Pues el tratamiento paralizó su vida personal. «Afortunadamente, nuestra cliente encontró en el juzgado la comprensión que le fue negada por la clínica demandada».
«Por desgracia, la paciente ha pagado un alto precio como consecuencia del tratamiento, tanto económico, debido a la gran cantidad de gastos a los que tuvo que hacer frente su familia, como personal, ya que al daño físico que sufre ha de añadírsele el daño psicológico que permanece en la actualidad, algo que una chica tan joven no debió experimentar nunca», concluyen.
