Fue fichado en 2021 como socio del área penal de la firma Martínez-Echevarría Abogados, una firma con una sólida reputación. Previamente había sido socio director del área penal y de cumplimiento de Chavarri Abogados.
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y con un máster ejecutivo en administración de empresas por la Universidad Pontificia de Comillas Icade, José Antonio Tuero está especializado en derecho penal, penal económico y de empresa, así como en la adecuación de planes de cumplimiento normativo para empresas. Además, fue presidente de la Sección de Abogados Penalistas del Colegio de la Abogacía de Madrid.
A Tuero el valor no se le supone, como se decía en las cartillas del desaparecido servicio militar. Está probado que sabe, y muy bien, sobre lo suyo: blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y fraudes a la Seguridad Social, alzamiento de bienes e insolvencia punible, malversación de caudales públicos cohecho o delitos societarios, por citar algunas de las especialidades que controla.
Sobre esto va la entrevista, en la víspera del día de los trabajadores.
¿Cuáles son los retos más comunes al manejar delitos como blanqueo de capitales en su práctica y cómo se prepara para enfrentar estos desafíos?
Al defender a un cliente acusado de cometer un delito de blanqueo de capitales hemos de tomar conocimiento muy preciso de los hechos, pues cada casuística es -como el propio delito- muy diversa.
En no pocas ocasiones nos encontramos con dificultades comunes que incluyen la complejidad de acreditar que las transacciones no son ilícitas; la necesidad de probar la procedencia no delictiva de los fondos; destruir los indicios de la vinculación del acusado con actividades ilícitas; justificar la procedencia lícita del incremento del patrimonio, etc.
La colaboración de expertos financieros independientes en blanqueo de capitales, desde el primer momento, facilita una defensa efectiva.
¿Podría explicar cómo desarrolla y adapta los protocolos de prevención de delitos en empresas, teniendo en cuenta la cultura de ética corporativa y las exigencias legales actuales?
Se ha de considerar tanto la cultura de ética corporativa como la normativa aplicable, con el fin de fomentar una cultura empresarial ética que rechace las conductas delictivas y cumpla con la Ley.
En términos generales, el desarrollo de estos protocolos implica el análisis de los riesgos penales que afectan a la empresa; la elaboración de un mapa de riesgos que permita identificarlos y conocer sus posibles consecuencias; implementación de procedimientos de supervisión y medidas internas de control para prevenir la comisión de esos delitos; creación de un órgano de supervisión y control; establecimiento de un sistema de denuncias; y la revisión periódica y actualización del sistema que lo adapte a los cambios internos y externos, así como a las modificaciones legales, que puedan producirse.
«Para recuperar la reputación corporativa después de la comisión de un delito que afecte a la sociedad es esencial adoptar un enfoque integral que combine diferentes medidas, que abarcan tanto las legales, como las comunicativas, -imprescindible contar con expertos en comunicación-, y de responsabilidad social»
Dado su conocimiento en casos de alzamiento de bienes e insolvencia punible, ¿cómo aborda estratégicamente estos casos para proteger los intereses de sus clientes?
Como en cualquier caso en primer término se ha de realizar un análisis minucioso de los hechos y circunstancias que rodean el caso, poniendo estos en relación con los elementos objetivos y subjetivos del tipo delictivo.
Tras ello se diseña una estrategia de defensa sólida, basada en un análisis jurídico exhaustivo y en la recopilación de pruebas que permitan desvirtuar los elementos del tipo penal o demostrar la ausencia de dolo en las conductas imputadas.
Cuando es posible, y las circunstancias lo aconsejan, tratamos de alcanzar acuerdos que permitan mitigar las consecuencias penales para el cliente.
De acuerdo con su experiencia, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes al defender casos relacionados con delitos contra la ordenación del territorio y cómo se superan estos obstáculos?
La complejidad de demostrar la no ilegalidad de las construcciones, la dificultad para obtener pruebas contundentes, y la interpretación de la normativa urbanística y penal en conflicto.
No olvidemos que nos encontramos ante una norma penal en blanco. Se han de recopilar pruebas que abonen la tesis de la defensa: relacionadas con las licencias urbanísticas, clasificación del suelo, etc.
¿Cómo maneja las repercusiones de un delito societario en la imagen y operaciones de una empresa y qué estrategias recomienda para la recuperación de la reputación corporativa?
Para recuperar la reputación corporativa después de la comisión de un delito que afecte a la sociedad es esencial adoptar un enfoque integral que combine diferentes medidas, que abarcan tanto las legales, como las comunicativas, -imprescindible contar con expertos en comunicación-, y de responsabilidad social, enfocadas en reconstruir la confianza en la empresa y restaurar la imagen de la organización en el mercado.
Con los avances tecnológicos y las nuevas formas de hacer negocios, ¿qué nuevas formas de delitos económicos prevé que emerjan y cómo se está preparando para enfrentar estos futuros desafíos legales?
En la actualidad vemos como están surgiendo nuevos tipos de delitos económicos, tales como el fraude digital, el robo de datos, el ciberdelito financiero, la manipulación de información en redes sociales para influir en los mercados, etc.
Para enfrentar estos desafíos es crucial estar preparado con estrategias y medidas adecuadas, tales como implementación de medidas de ciberseguridad, formación, actualización constante de políticas y procedimientos, colaboración con expertos y monitoreo continuo de la actividad digital de la empresa.
Es fundamental adoptar medidas proactivas, tecnológicas y de formación que permitan proteger los activos de la empresa y prevenir posibles contingencias en un entorno empresarial cada vez más digitalizado.
«La reforma del Código Penal que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ha marcado un cambio fundamental. Reconocer la responsabilidad penal de determinadas organizaciones ha llevado, por ejemplo, a una mayor conciencia y aplicación de medidas de prevención y control en el ámbito empresarial»
Dada la complejidad del proceso penal moderno, ¿cómo integra el enfoque multidisciplinario de Martínez Echevarría Abogados en su práctica diaria y qué beneficios ha observado en los resultados de los casos?
La existencia de tantas disciplinas en nuestra firma aporta una perspectiva amplia y especializada que mejora significativamente los resultados de los procedimientos penales que nos encomiendan.
Al combinar diferentes áreas de práctica (fiscal, laboral, mercantil, propiedad intelectual, etc.), se logra una comprensión más profunda de los casos, lo que permite abordarlos de manera más efectiva y estratégica.
Con ello se consigue una mayor capacidad para identificar y abordar aspectos complejos, una mejor preparación para enfrentar situaciones inesperadas durante el proceso, una mayor eficacia en la presentación de pruebas y argumentos, así como una mayor capacidad para adaptarse a las necesidades específicas de cada caso y cliente.
Tras la reforma del Código Penal en. 2010, ¿cómo ha cambiado la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España y cuál es el impacto más significativo de estas modificaciones en su práctica?
La reforma del Código Penal que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ha marcado un cambio fundamental. Reconocer la responsabilidad penal de determinadas organizaciones ha llevado, por ejemplo, a una mayor conciencia y aplicación de medidas de prevención y control en el ámbito empresarial.
Es decir, generar la necesidad de que las empresas implementen programas de prevención -o «Compliance»- para reducir el riesgo de comisión de delitos. Estos programas se han convertido en una herramienta fundamental para eximir -o minorar en su caso- a las personas jurídicas de responsabilidad penal, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones.
Además, esta reforma ha limitado la responsabilidad penal de las organizaciones a un catálogo de delitos específicos y ha establecido criterios claros para su imputación.
