Fernando Santiago, presidente de los Gestores Administrativos: “Reivindicamos poder actuar ante la jurisdicción social en defensa de nuestros clientes”
|
13/5/2024 00:45
|
Actualizado: 13/5/2024 11:33
|
Duerme solo tres horas al día. “Es lo único que necesito”, afirma Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos de España (GA), una profesión que envidian en la Unión Europea y de lo que se siente muy orgulloso.
“No hay ninguna que haga todo lo que hacen los nuestros a día de hoy”, explica.
El pasado 26 de abril tomó posesión de su cuarto mandato, que compagina con la Presidencia del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid.
La noche de ese día, como es preceptivo, el GA celebró la gala anual de los premios en la Caja Mágica, en Madrid.
Un evento que copresentó con Javier Castillo, “Poty”, el famoso coreógrafo y en el que él mismo bailó y cantó. Y no solo él. También la gente de su Junta Directiva, hombres serios y cargados de gravedad.
Fue todo un espectáculo que duró tres horas con un aforo que rozó el lleno hasta la bandera y que, a extraños, como el que suscribe estas líneas, dejó impresionado porque, como espectáculo profesional estuvo entre el sobresaliente y la matrícula de honor.
Y es que Fernando Santiago es un hombre carismático, cosa que él niega con vehemencia; los hechos prueban lo contrario.
Su pasión por el detalle, por cuidar a los suyos, por dar reconocimiento público a personas vitales para la profesión que hacen un trabajo gris, por tender continuamente puentes, y por defender a este colectivo con uñas y dientes demuestran todo lo contrario.
No me excedo si doy fe, como notario, que, en este colectivo de 5.000 profesionales, organizados en los 22 colegios existentes de toda España, hay pasión por su presidente.
El presidente del GA y del Colegio de Madrid no recibe ninguna remuneración por ello. Solo los gastos que se produzcan en el ejercicio de esas actividades que compagina con la dirección de su empresa, Sarot Target Group SLP.
En esta entrevista, Fernando Santiago, apasionado, abierto y rápido en la comunicación, explica sus objetivos para este cuarto mandato que ha comenzado al frente de GA.
Usted lidera un colectivo de 5.000 profesionales colegiados con 90 años de historia a su espalda. Uno de los objetivos que se ha marcado es que les permitan actuar en la primera instancia de lo social, como ya lo hacen los graduados sociales. ¿La vía es el proyecto de ley del Derecho de Defensa, ahora en el Parlamento?
¿Quién hace las nóminas de las empresas? Los gestores administrativos y los graduados sociales. ¿Por qué no podemos los gestores administrativos –si tenemos los mismos conocimientos– hacer lo mismo que ellos?
Se está trabajando en una nueva ley del derecho a la defensa, pero no se está haciendo una ley del derecho a la defensa. Se está haciendo una ley de la abogacía.
Yo soy abogado y no me va a afectar porque voy a poder hacerlo igual. Pero cuando llega un requerimiento de Hacienda o un control, o un papel oficial, ¿quién es el primero que se bate el cobre? ¿Quién es el primero que recibe la bofetada con el cliente?
Nosotros. Somos la primera línea de defensa.
Eso hay que reconocerlo como tal. En el derecho laboral existe la asistencia al cliente, en los juzgados de lo social, por un hombre bueno, por el abogado o por el graduado social colegiado. ¿Qué diferencia hay entre ser un hombre bueno –o un individuo con capacidad jurídica, dicho en términos técnicos– o ser gestor administrativo colegiado?
Yo le respondo: ninguna.
Somos profesionales que nos dedicamos a esto y que tenemos los mismos derechos y los mismos condicionantes que otros profesionales por ser la primera línea de defensa. Aviso: no pretendemos quitar el trabajo a nadie.
Hacemos más que los graduados sociales, y lo digo sin deseo de molestar a nadie sino de constatar una realidad. Llevamos más nóminas y más autónomos. También hacemos tráfico y catastro. Hacemos todo.
Por ello, reivindicamos poder actuar ante la jurisdicción social en defensa de nuestros clientes, como los graduados sociales.
¿Qué formación exigen ustedes para ser gestor administrativo?
Poseer una titulación universitaria, ya sea en Derecho, Económicas, Empresariales o Políticas. Y luego superar el examen de acceso que organiza cada Colegio Oficial de Gestores Administrativos.
Y ya le digo que el examen no es fácil.
El 75% de nosotros compaginamos la profesión de abogado con la de gestor administrativo. El 25 % lo componen el resto de las formaciones. Somos multiprofesionales y multisectoriales.
Por eso le digo que esta es una reivindicación justa.
Otro de sus objetivos es abatir al «dragón de la cita previa». Un invento creado por la Administración que es criticado por profesionales y por ciudadanos con igual intensidad. ¿Qué solución tiene la cita previa?
Habría que eliminarla de raíz. Así saldrían a flote las vergüenzas y desvergüenzas de la Administración, en general, aunque algunos departamentos funcionan bien.
La cita previa es la excusa que se han inventado para retrasarlo todo. Y no sirve para nada.
Es muy sencillo de explicar: Si la Administración tiene capacidad para atender a 100 ciudadanos y le están entrando 120, ¿qué es lo que han hecho? Dar cita previa a los ciudadanos para dentro de 30 días.
Pero si solo tienen capacidad para atender a 100 ciudadanos, la cosa acabará colapsando. Terminará en la cita de la cita de la cita previa.
«Lo que no es admisible tampoco, y está ocurriendo, es citar al ciudadano a las 9 de la mañana y atenderle a las 3 de la tarde. La Administración es maltratadora»
Además, la cita previa no garantiza que la persona vaya a asistir. Pasa como con las reservas de restaurantes, que en muchos sitios han empezado a cobrar. Te reservan y luego no aparecen. Y queda un hueco.
Hacen un cálculo. El 30 % de las citas no aparecen. ¿Y qué ocurre? Es un 30 % del tiempo libre que se quedan, que no cubren. Eso no es admisible en absoluto.
Lo que debería hacerse son auditorías de control de la licitación pública, que es una de las 25 propuestas que hemos planteado.
Aquí la estadística y la inteligencia artificial que están tan de moda, no fallan. Te coges los antecedentes de los 3, 4 o 5 años y sabes cómo va a ir el año. Pero no lo hacen.
La cita previa es la prueba del algodón de la ineficacia de la Administración. Lo que no es admisible tampoco, y está ocurriendo, es citar al ciudadano a las 9 de la mañana y atenderle a las 3 de la tarde. La Administración es maltratadora.
¿Cree que hay dejación de funciones de los máximos responsables de implementar un funcionamiento óptimo de la Administración?
Hay una dejación de funciones por parte de los políticos responsables del funcionamiento de la Administración.
¿La cita previa es una herencia de la pandemia?
Ya había conatos de cita previa antes de la pandemia, como consecuencia de la incapacidad de la Administración para resolver los problemas de los ciudadanos. La pandemia lo ha acelerado.
¿Qué es lo que ocurre? Tanto la Administración Central del Estado como las Comunidades Autónomas están compuestas de dos tipos de administraciones diferentes. Lo que se denominan servicios centrales y servicios periféricos.
Los servicios centrales desarrollan las políticas, normativas y directrices que guían la actuación de la Administración y los servicios periféricos son los que atienden al público y el día y a día.
Estamos en un momento en el que tenemos el mayor número de funcionarios en el Estado español. Sin embargo, faltan funcionarios. ¿Por qué? Porque se ha venido aprobando tanta normativa, que ha creado tanta burocracia, tantos nuevos procedimientos, que se requiere cada vez más funcionarios en los servicios centrales.
Con lo que se deja de atender al público. Cada vez hay más gente en despachos haciendo informes, revisando, comprobando, etcétera, y menos en ventanilla.
Se ha creado un monstruo legislativo-burocrático que se come y fagocita todo. Da igual que metamos 50.000 funcionarios más porque se seguirá legislando más.
¿Qué solución le ve usted a esto?
Habría que simplificar, rebajar la burocracia, reducir los trámites y no poner tantas trabas.
La Administración ya no es capaz de controlar sus propias normas. Según datos del Banco de España, en este periodo democrático, entre 1979 y 2022, todas las administraciones públicas han aprobado un total de 414.272 leyes de todo tipo.
Casi medio millón.
Si dividimos ese número por los minutos que componen esos 43 años nos sale que en ese periodo se ha aprobado una ley cada 54 minutos y 59 segundos.
El Estado ha generado tantas leyes y tantas normas para cubrir cualquier problema que pueda aparecer que han creado un monstruo burocrático que se come todos los recursos y que ya no sirve, en absoluto, a los ciudadanos.
«Hay países de la Unión Europea donde lo que hacemos en una gestoría administrativa española lo hacen 12 profesionales diferentes»
Una de las cosas de las que más se jactan los políticos es de que España es uno de los países más avanzados en el desarrollo de la Administración electrónica en Europa y su relación con la ciudadanía. Todo gracias a la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. ¿Comparte esta idea?
No, en absoluto. La mayor parte de la población no sabe cómo funciona esto. Y estamos viendo sentencias condenatorias, de la Agencia Española de Protección de Datos o de la Audiencia Nacional que están corrigiendo a la Administración por sus múltiples fallos.
En mi empresa tengo 1700 clientes de diversos sectores. Desde fontaneros y pescaderos hasta grandes empresarios, lo que me permite entender las necesidades específicas de cada uno.
La Ley de Acceso Electrónico prometía mejorar la gestión administrativa, pero eso no ha pasado. La digitalización ha cambiado el formato de papel a pantalla, sin alterar los procedimientos subyacentes, ya que esto no conviene a los intereses políticos ni al sistema burocrático establecido, el cual es difícil de cambiar incluso comparando con sistemas más nuevos en Europa.
Cuando la Administración presume de que España es el quinto o el sexto país en tramitación electrónica no revela los datos de que quien ha presentado los documentos –el 75 %– ha sido un colaborador social, un primo o un gestor administrativo; nosotros. No el ciudadano.
Una prueba de esto que le estoy diciendo son los 52 millones de Documentos Nacional de Identidad electrónicos, que suponen un fracaso estruendoso.
Lo que ha fortalecido a los gestores administrativos que usted representa de toda España. Uno de sus objetivos, en este nuevo mandato que acaba de comenzar al frente del Consejo General, es expandirse a Europa. Nada menos.
Hay países de la Unión Europea donde lo que hacemos en una gestoría administrativa española lo hacen 12 profesionales diferentes. En el resto de Europa no existe la empatía que nosotros tenemos con nuestros clientes.
Allí no existe la empatía que el gestor administrativo tiene con sus clientes. Conocemos sus vidas, sus problemas. Es una confianza diferente a la que impera en el resto de Europa. Somos mercenarios, en el sentido de que trabajamos por dinero. Es cierto, pero somos una figura que trasciende el plano profesional y somos lo más cercano a lo que son los amigos.
En Europa es impensable que el sábado a las 11 de la noche te cojan el teléfono. Aquí no solo se lo cogemos sino que incluso vamos a su casa, les calmamos y tratamos de encontrar la solución a sus problemas. Nuestra empatía está más que contrastada.
En Bruselas nos están preguntando que cuándo vamos a establecernos allí. El problema de la burocracia europea es que está en la misma línea que la de España.
Noticias Relacionadas: